Desde el Ministerio Público dieron alarmantes estadísticas sobre una de las peores formas de violencia que atenta contra la integridad de los menores de edad. Reportan que entre los meses de enero y marzo de este año se recibieron un total de 691 denuncias de abuso sexual en niños. Piden que el silencio no sea cómplice y se realicen las denuncias en caso de conocerse situaciones de este tipo de hecho punible.
Específicamente, en enero y febrero se recibieron la misma cantidad de 247 denuncias, mientras que en marzo se registraron 197 casos, totalizando 691 denuncias. Según estadísticas basadas en los números del año pasado, la Fiscalía recibe aproximadamente 8 casos por día de algún tipo de abuso sexual infantil en el país.
En este sentido, el Ministerio Público insta a denunciar este hecho para impedir que una niña o un niño sea abusado o maltratado y que los responsables queden impunes. Las denuncias pueden ser presentadas a través del número telefónico 147, la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) de la municipalidad local, comisaría o Fiscalía jurisdiccionales o en la Defensoría del Pueblo.
Señalan que en el 85% de los casos son cometidos por alguna persona vinculada al entorno de la víctima, como un familiar, amigo o conocido, que por lo general aprovecha algún contexto o situación de vulnerabilidad. Según la Fiscalía, esta situación se evidenció en la disminución de denuncias presentadas en el período de la cuarentena sanitaria, entre marzo y mayo del 2020.
Consideran que la manera a generar protección efectiva contra el abuso infantil es la difusión y la prevención de acciones a las que todos debemos sumarnos para cambiar la indiferencia por compromiso social.
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Violencia familiar, lesiones y amenazas, entre las principales denuncias que involucra a pueblos originarios
Entre 2023 y 2026 se analizaron más de 3,100 hechos punibles relacionados con personas indígenas. El estudio abarcó 2,746 causas penales y permitió identificar las principales denuncias, su distribución territorial y las situaciones que involucran a la población nativa como presuntas víctimas o presuntos responsables.
El Ministerio Público, a través de la Dirección de Planificación y su Departamento de Estadística, procesó información correspondiente a 3.119 hechos punibles denunciados en 2.746 causas penales, cuyos relatos iniciales mencionan situaciones vinculadas a personas o comunidades indígenas. El estudio comprende el periodo de enero de 2023 a agosto de 2026. A partir de estos registros, la Dirección de Comunicación y Prensa realizó un análisis periodístico e institucional para identificar los principales hallazgos y contribuir a su comprensión desde una perspectiva informativa y de derechos.
De los hechos examinados, 2.415 registraron al menos una presunta víctima indígena, mientras que en 2.076 se identificó al menos una persona indígena como presunta responsable. Ambas categorías pueden coincidir en un mismo hecho, por lo que no deben sumarse.
Principales denuncias
Entre los hechos que involucran a presuntas víctimas indígenas:
- la violencia familiar registró 246 casos
- 199 lesiones
- 169 amenazas
- 152 registros de homicidio doloso
- y 118 de abuso sexual en niños
Estos resultados permiten observar la diversidad de situaciones denunciadas que afectan a integrantes de pueblos indígenas, incluidos hechos relacionados con la integridad física, la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes.
Registro aumenta entre 2023 y 2025
El análisis muestra que los hechos punibles registrados pasaron de 665 en 2023 a 768 en 2024, y a 1.010 en 2025, lo que representa un incremento del 51,9 % entre el primero y el último de esos años.
Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 676 hechos, cifra correspondiente a un periodo parcial. Cabe destacar que el aumento de los registros no implica necesariamente un incremento equivalente en la ocurrencia real de los delitos, ya que los datos corresponden a denuncias y no permiten determinar las causas exactas de esa variación.
Canindeyú, Caaguazú y Amambay
En la distribución territorial, Canindeyú encabezó los registros con 781 hechos punibles, seguido de Caaguazú con 539 y Amambay con 476. Estos tres departamentos concentraron el 57,6 % del total de los casos analizados. Estas cantidades reflejan los registros del Ministerio Público y no constituyen tasas de criminalidad, ni permiten establecer qué departamentos presentan un mayor riesgo para la población indígena.
Derechos y acceso a la Justicia
El análisis aporta información clave sobre las denuncias que involucran a personas indígenas y contribuye a conocer las situaciones que llegan al sistema penal.
La Constitución Nacional reconoce la identidad étnica, las formas de organización y los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el acceso a la Justicia requiere considerar las particularidades culturales y lingüísticas de las personas involucradas, con pleno respeto a sus garantías y derechos.
Los resultados corresponden estrictamente a la información registrada al momento de la denuncia; por lo tanto, no representan hechos judicialmente comprobados ni permiten determinar responsabilidades penales de forma anticipada.
Con este estudio, el Ministerio Público pone a disposición información estadística que contribuye a visibilizar las situaciones denunciadas y a profundizar el conocimiento sobre los derechos y el acceso a la Justicia de los pueblos indígenas.
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Fiscalía de Bolivia investiga a expresidente Morales por asesinato en operación policial de 2009
La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.
Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.
El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.
La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.
Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.
El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.
Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.
Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.
Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.
- Fuente: AFP
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Lambaré: imputan por feminicidio y homicidio doloso al presunto autor del crimen de una joven de 22 años
Un trágico caso de violencia que conmociona a la ciudad de Lambaré dio sus primeros pasos procesales en el ámbito judicial. La agente fiscal de dicha localidad, Amelia Bernal Jara, formuló la imputación formal contra un hombre por la presunta comisión de los hechos punibles de feminicidio y homicidio doloso, en relación a la muerte violenta de Deisy Paola Giménez, una joven de apenas 22 años.
El trágico suceso se registró el pasado jueves 8 de octubre de 2026. Tras las primeras diligencias e investigaciones encabezadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, las autoridades lograron la localización y aprehensión del sospechoso durante la noche del viernes 9 de octubre, alrededor de las 23:20, momento en que fue puesto a disposición de la Justicia.
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Se abstuvo de declarar
Durante la mañana de este sábado 10 de octubre, el procesado fue trasladado hasta la sede fiscal para cumplir con la audiencia de declaración indagatoria, trámite previsto en el artículo 84 y siguientes del Código Procesal Penal. Acompañado por el defensor público de turno, el hombre hizo uso de su derecho constitucional y optó por abstenerse de declarar ante la representación fiscal.
Tras el acto, la representación del Ministerio Público presentó formalmente el requerimiento de imputación con los antecedentes correspondientes ante el Juzgado de Atención Permanente de San Lorenzo. Desde la Fiscalía confirmaron que las investigaciones prosiguen intensamente a fin de acopiar elementos de convicción, esclarecer en detalle las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales definitivas.
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Feminicida de Deisy Paola compareció en la Fiscalía entre escraches y repudio ciudadano
Tras su detención de anoche en Villeta, Aldo Alexis Duarte, autor confeso del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, fue trasladado a la sede de la Fiscalía de Lambaré para su comparecencia. A su llegada, un grupo de vecinos y automovilistas que transitaban por la zona detuvieron su marcha para repudiar al agresor con gritos e insultos, exigiendo justicia para la joven de 22 años y cuestionando con firmeza el tardío accionar de las autoridades tras las denuncias por violencia de género presentadas por la víctima.
Durante la manifestación espontánea frente al edificio del Ministerio Público, los indignados ciudadanos expresaron su profundo malestar por el estricto dispositivo de seguridad desplegado para resguardar al detenido. Los presentes criticaron la severa desproporción entre la custodia otorgada al criminal y el total desamparo e inacción que sufrió Deisy Paola antes de ser brutalmente asesinada, el jueves pasado por la noche, cuando iba a su trabajo en un minimercado de Lambaré.
“Que se pudra en la cárcel. A cualquier pelotudo se le da seguridad y a una chica con un futuro prometedor no. Esta joven tenía que tener seguridad a cualquier pelotudo se le da y no a una chica que está haciendo un sacrificio, pero este bandido tiene una alta protección y a cara cubierta”, detalló un ciudadano, en Telefuturo, en alusión a que la víctima estudiaba derecho.
El entrevistado casual afirmó que todo esto le duele mucho a la ciudadanía y que como padre de familia no puede imaginar el dolor de la familia. “Como paraguayo me siento muy mal y todo esto es una vergüenza. Esta persona es un bandido, un asesino y no hay seguridad, por favor esto no hay que perdonar esto”, apuntó.
“No podemos seguir desprotegidas”
Una automovilista identificada como Monserrat García manifestó al medio televisivo que se dio cuenta de que Duarte estaba llegando a la sede Fiscal y que decidió detener la marcha de su rodado para demostrarle que todo el país repudia su actuar y que piden fuertemente que se haga justicia por Deisy.
“No le podemos llamar persona porque es un asesino y criminal, yo también fue víctima de violencia y me duele muchísimo esta situación que las mujeres tengamos que pasar. No puede ser que sigamos así de desprotegidas, pido a la Justicia que nos puedan acompañar, en mi caso hoy, después de tres años, el papá de mi hija fue imputado”, comentó.
García pidió a las autoridades tomar con seriedad las denuncias presentadas por las mujeres que son víctimas de violencia y que actúe con celeridad. “Nadie puede arrebatarle la vida a nadie, otra persona no tiene derecho sobre una. Que este hombre vaya a la cárcel y que se le caiga todo el peso de la ley. Las mujeres víctimas de violencia necesitamos más respaldos”, concluyó.