Una mujer en grave estado de salud por COVID-19 consiguió una medida cautelar vía acción de amparo para seguir internada en la Unidad de Terapia Intensiva de un hospital privado, pero tras batallar por su vida, falleció. Al confirmarse la peor noticia, su esposo fue abordado por personal administrativo del centro asistencial para abonar la deuda de G. 113 millones que quedó, o en su defecto una parte de la misma.

El hombre denunció que incluso le quisieron hacer firmar un pagaré por dicho monto para cubrir los gastos de internación de su esposa, como condición para retirar el cuerpo sin vida de su mujer. Precisó que esta fue la determinación adoptada por el hospital privado a pesar del recurso judicial.

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Finalmente, el hombre, asesorado por un familiar, no firmó ningún documento al centro asistencial. Antes, había sido ayudado por un abogado para conseguir el amparo judicial para que el Ministerio de Salud se haga cargo de los gastos de internación de su esposa.

La jueza de Fernando de la Mora, Nancy Carolina Duarte, había hecho lugar a la garantía constitucional a favor del accionante y ordenó que la cartera sanitaria, ante la falta de cama en el sector público, cubra la internación de la mujer en el hospital privado.

Un amparo cada dos días

Recurrir a la Justicia para conseguir un lugar en un hospital o permanecer internado en un centro asistencial se está volviendo una práctica común en esta época, en la que los centros asistenciales están saturados y más personas requieren ser asistidas por profesionales y en una unidad de terapia intensiva, por lo que utilizan todos sus recursos a su alcance para acceder a la misma.

En este contexto, durante el mes de marzo, solamente en el Poder Judicial de Asunción se recibieron 15 amparos contra el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Previsión Social y sanatorios privados, solicitando que se hagan cargo de los gastos de UTI en los hospitales privados o bien que se les consiga una cama en terapia de los hospitales públicos.

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