Acusan por tercera vez y piden juicio oral contra Miguel Prieto por lesión de confianza, que se investiga un perjuicio de G. 757 millones por el pago del Consejo de salud de la Intendencia de Ciudad del Este por obras inexistentes. La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno.

Los fiscales del caso acusaron a Miguel Prieto “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza´, tipificado en el Art. 192 inc. 1º del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inc. 1º del mismo cuerpo legal antes citado, en calidad de autor”.

También fueron acusados, Sebastián Martínez Insfrán “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal, en calidad de cómplice”; y Valeria Romero “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal en calidad de cómplice”.

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La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico. Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal.

Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que certificaran la ejecución efectiva de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos. En la acusación fiscal, que tiene más de 100 páginas, se detallan punto por punto las irregularidades cometidas por Prieto, así como por los demás acusados por lesión de confianza: Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Fabiana Romero Escobar.

Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.

En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno. Esto robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 757 millones por obras que no se realizaron correctamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Por otra parte, el lunes pasado inició el primer juicio oral contra Miguel Prieto por el caso conocido como “Tía Chela”, en el cual está acusado de lesión de confianza por la compra irregular de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 2.130 millones.

Asimismo, Prieto deberá afrontar un segundo juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el denominado “Caso Tajy”, donde se investiga un daño patrimonial superior a los G. 300 millones. La elevación de esta causa fue resuelta por el juez Penal de Garantías Humberto Otazú.

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Un tribunal de sentencia condenó a 18 años de pena privativa de libertad a un hombre encontrado culpable por el hecho punible de abuso sexual en niños. La agente fiscal, Cynthia Carolina Huespe Ortega, estuvo a cargo de sostener la acusación fiscal.

El hoy condenado abusó en reiteradas ocasiones de una niña de 11 años, entre los años 2019 y 2020. Durante el juicio oral, la representación fiscal expuso de manera detallada el daño psicológico y físico ocasionado a la víctima.

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Las declaraciones de la menor (realizadas bajo el sistema de Cámara Gesell para evitar su revictimización), los testimonios de familiares y los informes de los peritos médicos y psicológicos, así como las demás pruebas documentales ofrecidas, fueron producidas ante el Tribunal de Sentencia. Dicho colegiado dictó la pena de 18 años de encierro al quedar plenamente demostrada la conducta reprochable del acusado en el hecho.

Tras la lectura íntegra del fallo, la defensa del condenado cuenta con el plazo legal establecido por la ley para interponer un recurso de apelación especial. En caso de presentarse dicha objeción, el caso será remitido a un Tribunal de Apelación en lo Penal. Esta instancia de alzada tendrá la responsabilidad de examinar el proceso y definir si corresponde confirmar, revocar o modificar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia.

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El presidente de la República, Santiago Peña reafirmó su respaldo al sector productivo y aseguró que el Gobierno protegerá a quienes producen, al tiempo de promover el acceso a la tierra para más paraguayos.

Durante su discurso en la apertura oficial de la IV edición “Siembra de Soja Paraguay 2026-2027″, en el distrito de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, Peña se refirió a la protección de la propiedad privada y advirtió que las políticas destinadas a atender las demandas sociales no deben terminar debilitando al sector productivo. Remarcó que cuando el campo está bien y se convive en paz y armonía, el Paraguay está bien, y puede progresar.

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“Dejamos en claro que vamos a defender la propiedad privada. Vamos a defender con todas las fuerzas de la ley aquel legítimo tenedor de la propiedad privada. Nadie puede estar pensando en los precios internacionales o en los costos de los fertilizantes o de los insumos, si tiene dudas, o le preocupa si alguien va a invadir su tierra, o si le van a quemar su tractor. Mi compromiso y nuestro compromiso es defender la propiedad privada”, enfatizó.

A la par, destacó el crecimiento del interior y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con miras a ampliar el acceso a la tierra para pequeños productores y campesinos. Sostuvo que así como defenderán a los grandes productores, también su gobierno ha venido luchando por todos los paraguayos, los pequeños productores, para que alcancen el anhelado sueño de tener su tierra propia.

En ese sentido, dejó en claro que esta lucha, no se ha logrado sacando tierra a los que tienen para darselo a quienes no tienen. Recordó que el Estado paraguayo es el mayor terrateniente. En ese sentido mencionó que a través del Indert se está promoviendo en el Congreso, un proyecto de Ley que busca dar mayore beneficios a los que son sujetos de la reforma agraria.

“El Indert en estos 3 años ha entregado más títulos que los 10 años anteriores. Y recientemente presentamos un proyecto de ley al Congreso, al Senado de la Nación, que ya tuvo una audiencia púbica el pasado viernes. Probablemente va a ser una de las transformaciones más grandes desde el inicio de la reforma agraria hace más de 100 años en el Paraguay para poderle dar acceso a la tierra, a los pequeños productores, a los pequeños campesinos. Porque eso es lo que va a mantener la paz en el campo”, remarcó.

Explicó que con esta legislación de ser sancionada dará al campesinado la seguridad para trabajar la tierra. Enfatizó que el Paraguay tiene un potencial productivo gigantesco, en lo que hace a la producción agrícola, ganadera.

“El Paraguay crece en el interior del país. El mayor desarrollo del Paraguay que estamos viendo en estos 3 años y meses de gobierno se está dando en el interior del Paraguay. Se está dando en el desarrollo productivo en la cultura, en la ganadería, en la industria, en el comercio, en el servicio. Y este trabajo yo no lo puedo hacer, sino lo trabajo de manera coordinada con los gobernadores de cada departamento” acotó.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, destacó que la meta del Gobierno es lograr el 50 % de la participación de jóvenes en la titulación masiva impulsada desde el ente agrario, como parte de una política orientada a beneficiar a las nuevas generaciones.

Sin la presencia de jóvenes en el campo se pone en riesgo la continuidad de la producción y, con ella, la seguridad y soberanía alimentaria del país, afirmó.

Ruiz Díaz señaló que “el campo paraguayo enfrenta un desafío que va mucho más allá de la producción y la tenencia de la tierra: asegurar que las nuevas generaciones quieran, puedan y tengan condiciones para permanecer en el medio rural”.

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Fue al hacer alusión a las propuestas legislativas que buscan modificar el Estatuto Agrario y la Carta Orgánica del ente.

Es así que el Gobierno de Santiago Peña y Pedro Alliana, a través del Indert impulsa el relevo generacional como uno de los componentes estratégicos de la Nueva Ruralidad.

Por ello, las reformas propuestas al Estatuto Agrario y a la Carta Orgánica del Indert adquieren especial relevancia. Con la actualización del marco legal las autoridades apuntan a eliminar obstáculos que hoy dificultan la formalización de la propiedad y, por consecuencia, “limitan las posibilidades de inversión y desarrollo de las familias rurales”.

Precisamente, uno de los cambios planteados busca facilitar la obtención del título de propiedad, eliminando determinadas barreras económicas que impiden que productores con sus expedientes concluidos puedan retirar sus títulos. La propuesta también contempla ampliar los plazos de pago de las tierras, reduciendo el peso de las cuotas para los beneficiarios, conforme fundamenta el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo al Congreso Nacional.

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