Un Tribunal de Apelación confirmó la prisión preventiva de Humberto Rodríguez González, imputado por el caso Operativo Berilo, en el que también están procesados Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y otras personas más. Con la resolución del tribunal de alzada el procesado seguirá privado de su libertad.
La presente resolución judicial fue apelada por el abogado Éver Riveros, quien señaló que su representado Rodríguez González se encuentra con prisión preventiva por más de dos años, por lo que correspondía su libertad.
Por su parte, la fiscala Lorena Ledesma, al contestar el traslado, señaló que si bien es cierto existía peligro de fuga, por la expectativa de pena ante una eventual condena, alegó que podría evitarse el peligro de fuga con la prestación de una caución ofrecida de G. 200 millones.
El camarista Mayor Martínez votó por la revocación de la resolución y que se decretara la inmediata libertad. No obstante, sus colegas Gustavo Santander y Arnulfo Arias ratificaron la prisión con el argumento de que la defensa no presentó suficientes elementos que pudieran desvanecer el peligro de fuga y obstrucción de las pesquisas.
Asimismo, en el presente proceso penal sigue pendiente la realización de la audiencia preliminar en la que se definirá si el caso penal se eleva a un juicio oral y público así como lo solicitó el Ministerio Público. Existe pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.
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Dibujo antiguerra de niña rusa marcó un calvario de prisión, separación y exilio
Cuando María Moskaliova tenía 12 años, hizo un dibujo de unos misiles volando sobre una bandera rusa hacia una mujer y un niño de pie junto a una de Ucrania. “No a Putin y la guerra”, escribió sobre la bandera rusa. Moscú acababa de invadir el país vecino, y el dibujo antiguerra cambió para siempre la vida de la niña, llevándola a ella y su padre soltero, Alexéi, por una ruta de separación, encarcelamiento y exilio.
La directora contactó a las autoridades de la pequeña ciudad de Yefremov, al sur de Moscú, donde vivían los Moskaliov, y rápidamente llegaron la policía y los servicios de seguridad. Alexéi comentó que la policía le mostró el dibujo de María por primera vez. Él sostuvo que no habían hecho nada de malo. “¿Qué tiene eso de delictivo?”, preguntó a la policía. “Mi hija y yo no estamos en guerra contra Ucrania y su pueblo”.
La policía amenazó con quitarle la patria potestad y examinó sus perfiles en redes sociales, donde encontró comentarios críticos de la guerra. Alexéi sacó a María de la escuela, esperando que los dejarían en paz. Pero meses después fue puesto en arresto domiciliario y luego sentenciado a dos años de prisión por “desacreditar a las fuerzas armadas rusas” por sus comentarios en redes sociales.
Intentó huir, pero fue atrapado en Bielorrusia y devuelto a Rusia. “Pasé por cinco prisiones”, comentó Alexéi, de 58 años. Dice que sufrió presión, abuso y celdas de castigo, pero lo más difícil fue la separación de su hija, a quien crió solo desde sus tres años.
Aislamiento
Rusia intensificó la represión de sus críticos tras invadir Ucrania en febrero de 2022. Pero la separación de Moskaliov de su hija como castigo por criticar la guerra causó impacto en el país. El Kremlin ha defendido el caso, y calificó a Moskaliov como un padre “”deplorable". Tras la detención de Alexéi en 2023, María fue llevada a un albergue donde estuvo un mes, separada del mundo exterior.
“Estaba completamente aislada”, recordó María, ahora de 16 años. “No sabía a quién preguntar sobre lo que estaba pasando”. Cuando Alexéi intentó huir del país, las autoridades le dijeron a María que “su padre la abandonó”. Eventualmente se fue a vivir con su madre, luego de que las autoridades la convencieron de recibirla. La separación fue dolorosa para Alexéi. Semanas después de su captura en Bielorrusia, recibió una carta de su abogado informando que María estaba a salvo.
Sin arrepentimiento
Recordó cómo otro preso intentó matarlo, un ataque que cree orquestado por las autoridades carcelarias. Su compañero de celda era un mercenario de Wagner que intentó convencerlo de combatir en la guerra. Cuando Alexéi se negó, intentó estrangularlo de noche. “Logré liberarme, pero sufrí heridas en la cabeza, había sangre, me golpeó la cabeza en la cama metálica”.
Las semanas que pasó en la celda de castigo fueron intolerables. “Para mí era una celda de tortura”, dijo. “Era horriblemente frío. Nos despertaban a las cinco y apagaban las luces a las nueve, y todo este tiempo tenía que estar de pie y moverme para no congelarme”, contó De noche tenía que cubrirse fuertemente para evitar mordeduras de ratas.
Alexéi pudo reencontrarse con su hija tras ser liberado de prisión en octubre de 2024, pero le quedó claro que la policía no lo iba a dejar en paz. Poco después, él y su hija partieron a Armenia. Querían ir a Alemania, pero ese país endureció sus reglas de asilo. Pasaron un año y medio esperando las visas alemanas, pero nunca llegaron. Al final, Francia los recibió.
Viven desde marzo en Estrasburgo, donde han buscado rehacer sus vidas. María intenta aprender francés para poder concluir la escuela. Dice querer entrar en la política. “Realmente espero que las cosas en Rusia mejoren”, comentó la adolescente. Ninguno de los dos lamenta haber hablado contra la guerra. “Mis convicciones valen más para mí que cualquier riqueza en el mundo”, declaró Alexéi.
Fuente: AFP.
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Corte analiza terna para Cámara Civil que integra criticado juez
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar, en su sesión plenaria, la terna remitida por el Consejo de la Magistratura para el cargo en el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de Asunción. Los ternados son: el actual camarista Carlos Alfredo Escobar, Amy Beverluyn Lezcano Jara, y el actual juez civil Édgar Rivas, quien es sumamente cuestionado por firmar fallos llamativos.
El magistrado Rivas Laguardia acumula varias críticas debido a que ha firmado fallos judiciales que estarían al margen de la ley. Una de las actuaciones más cuestionadas del citado magistrado ocurrió en el juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, donde pretendió habilitar la feria judicial a los efectos de consumar la transferencia irregular de un valioso inmueble ubicado en Pedro Juan Caballero.
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Asimismo, el magistrado Rivas ordenó en su momento el remate de la estancia “Cielo Azul”, perteneciente al presunto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Dicha propiedad ya estaba administrada por la Senabico cuando se ordenó la subasta. Esta irregularidad se evitó gracias a que el caso tomó estado público.
Los integrantes de la máxima instancia judicial deberán estudiar minuciosamente la trayectoria de cada uno de los ternados para elegir al nuevo miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital.
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IPS confirma a Contraloría que quita de deuda a familia de Abdo ocurrió durante su gobierno
El informe remitido por el Instituto de Previsión Social (IPS) a la Contraloría General de la República confirma que la millonaria quita de la deuda a la empresa de la familia política de Mario Abdo Benítez se realizó durante su propio gobierno. De esta manera, se descarta la versión mediática del diario ABC Color, del Grupo Zuccolillo, que pretendía atribuir al mandatario Santiago Peña haber digitado dicho acuerdo.
El documento enviado por el IPS a la Contraloría describe paso a paso cómo se generó la demanda contra el Consorcio Hotelero Sudamericano y la forma en que la previsional recuperó la suma multimillonaria de G. 9.391 millones en 2024.
De acuerdo con el informe que ya está en poder de la Contraloría, fue en el 2018, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, cuando se “arregló” y se firmó un acuerdo que recortaba la deuda de más de G. 10.000 millones a G. 5.557 millones, en beneficio del Consorcio Hotelero Sudamericano, propiedad de los familiares políticos de Abdo. Posteriormente, en 2024 y durante la Presidencia de Santiago Peña, al verificarse el incumplimiento del acuerdo de 2018, se ejecutó el cobro de G. 9.391 millones a favor del IPS, quedando pendiente el cobro de lo adeudado desde el 2018 en adelante.
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Empresa de la familia
El Consorcio Hotelero Sudamericano S.A. -vinculado a Jorge López Moreira y Colaso Bo, familia política de Mario Abdo Benítez- adeudaba desde el 2014 la suma de G. 5.557 millones al IPS. Esta deuda fue litigada por muchos años por la previsional, la cual logró ganar en todas las instancias judiciales el cobro del capital y los intereses. Para el 2017, el monto total ya superaba los G. 10.000 millones.
Al año siguiente, a pesar de haber ganado el juicio, la previsional aceptó un acuerdo extrajudicial para que la deuda se fijara en G. 5.557 millones. Esto generó una reducción del saldo de hasta G. 5.000 millones durante la era Abdo. Además, se permitió el pago fraccionado en 120 cuotas, con un interés del 1 % mensual (12 % anual) aplicable solo en caso de mora en las cuotas, resultando en un acuerdo sumamente favorable para la empresa.
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Fiscalía pide a juzgado desafuero de Mauricio Espínola
En el marco de la imputación por homicidio culposo en accidente de tránsito, la agente fiscal Mercedes Vera, de la Unidad Penal n.° 9 de la Sede 1 de Asunción, solicitó al Juzgado Penal de Garantías que remita la comunicación correspondiente a la Cámara de Diputados, para que se inicie el procedimiento constitucional y dar el tratamiento de desafuero del diputado Mauricio Espínola.
El Ministerio Público imputó al legislador adbista tras protagonizar un accidente vial, el pasado 16 de mayo, que posteriormente derivó a la muerte de Emilio Benítez Chaparro, de 30 años, el 27 de mayo, tras haber padecido un traumatismo craneoencefálico moderado.
El juez penal a cargo del caso, deberá remitir la causa a la Cámara de Diputados, donde el pleno deberá resolver mantener o retirar los fueros de Espínola para que sea sometido al proceso judicial correspondiente en esta causa. Así mismo, el órgano extrapoder solicitó para Espínola la aplicación de medidas alternativas a la prisión para asegurar su sometimiento a la investigación.
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Entre estas medidas figura la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado para la firma del libro de control, la prohibición de salir del país, la obligación de mantener el domicilio fijado, sin posibilidad de cambiarlo sin autorización judicial y la imposición de una caución real suficiente, acorde a la naturaleza del hecho.
“Según los datos recabados, la motocicleta circulaba por la avenida con dirección sur cuando impactó contra la puerta lateral izquierda de la camioneta. Como consecuencia del choque, el conductor del biciclo sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al Hospital del Trauma para recibir atención médica”, refiere el informe de la fiscalía.
La víctima permaneció internada hasta el 27 de mayo de 2026, fecha en que se produjo su fallecimiento a las 13:00 horas. Conforme al informe médico, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico.