Un Tribunal de Apelación confirmó la prisión preventiva de Humberto Rodríguez González, imputado por el caso Operativo Berilo, en el que también están procesados Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y otras personas más. Con la resolución del tribunal de alzada el procesado seguirá privado de su libertad.
La presente resolución judicial fue apelada por el abogado Éver Riveros, quien señaló que su representado Rodríguez González se encuentra con prisión preventiva por más de dos años, por lo que correspondía su libertad.
Por su parte, la fiscala Lorena Ledesma, al contestar el traslado, señaló que si bien es cierto existía peligro de fuga, por la expectativa de pena ante una eventual condena, alegó que podría evitarse el peligro de fuga con la prestación de una caución ofrecida de G. 200 millones.
El camarista Mayor Martínez votó por la revocación de la resolución y que se decretara la inmediata libertad. No obstante, sus colegas Gustavo Santander y Arnulfo Arias ratificaron la prisión con el argumento de que la defensa no presentó suficientes elementos que pudieran desvanecer el peligro de fuga y obstrucción de las pesquisas.
Asimismo, en el presente proceso penal sigue pendiente la realización de la audiencia preliminar en la que se definirá si el caso penal se eleva a un juicio oral y público así como lo solicitó el Ministerio Público. Existe pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.
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Jueza decreta prisión preventiva para conductor ebrio que atropelló a un guardia
La jueza Norma Salomón Marín, del Juzgado Penal de Control y Garantías No. 1 de Capiatá, dispuso ayer la prisión preventiva de Jorge Nahuel Ortiz Riquelme (22), imputado por homicidio culposo tras protagonizar un accidente de tránsito estando ebrio, donde falleció un guardia de seguridad mientras esperaba en una parada de buses camino a su trabajo.
El joven guardará reclusión en la Comisaría 8va Central de Capiatá por el plazo de diez días. Posteriormente, será remitido al Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú), según señala la resolución judicial.
“Pedimos su prisión preventiva porque el muchacho estaba libre. La Fiscalía le dejó en libertad desde un principio, pero el Juzgado decretó ayer su prisión preventiva”, explicó este viernes la abogada de la familia, Hilse Villalba Barriocanal, en diálogo con LN.
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La víctima, Arsenio Vera Zárate (63), falleció el pasado 20 de septiembre luego de ocho días de agonía a raíz de las graves lesiones que sufrió. El jueves 1 de octubre se realizó la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado en coincidencia con el cumpleaños del trabajador, quien debía cumplir 64 años.
Además, la defensa solicita el cambio de la carátula de homicidio culposo a homicidio doloso, atendiendo que el conductor manejaba estando alcoholizado a sabiendas de que podía ocasionar un accidente.
“En este caso, el accidente produjo el desenlace fatal del señor Arsenio Vera. Entonces, para nosotros configura una actitud dolosa. Queremos que se cambie la carátula a homicidio doloso con el grado de dolo eventual”, precisó Villalba.
Asimismo, cuestionó la posición de la fiscala Carolina Martínez, que señala que el imputado estaba en “aparente” estado etílico, cuando la prueba de alcotest dio positivo, arrojando 0.670 mg/l de resultado.
“La Fiscalía dice que él estaba en aparente estado de ebriedad. No es aparente estado de ebriedad. Estaba borracho y además había botellitas de cerveza en su auto. También la velocidad con la que iba era terrible, era como para matar a alguien”, expresó la abogada.
En ese sentido, recordó que el domingo 13 de setiembre, a tempranas horas de la mañana, el muchacho perdió el control debido a la alta velocidad sumada al estado etílico y chocó primeramente contra el vehículo de una de las sobrinas del fallecido y posteriormente, arrolló a don Arsenio.
Familiares y amigos se manifestaron frente al Juzgado pidiendo justicia. “Un joven irresponsable truncó la vida de un hombre de familia, sano, trabajador, que estaba a un año de jubilarse. Por lo tanto, esperamos que la justicia obre en consecuencia y se haga justicia”, concluyó.
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Ratifican prisión de dueños de farmacias imputados por venta irregular de medicamentos
El juez Rolando Duarte ratificó la prisión preventiva de Won Ho Hwang y el arresto domiciliario de Hyin Jin Hwang Lim, propietarios y representante legal de las farmacias “Amigo” y “Amigo II” del Mercado 4, imputados por la presunta venta irregular de medicamentos controlados.
Ambos están procesados penalmente por dos hechos punibles relacionados con el ingreso, tenencia y comercialización irregular de medicamentos como alprazolam y clonazepam, entre otros.
Respecto a Won Ho Hwang, el juzgado dispuso que permanezca recluido durante diez días más en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. Posteriormente, salvo una resolución contraria, deberá ser trasladado al Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú) u otro establecimiento acorde al cumplimiento de la medida.
Con relación a Hyin Jin Hwang Lim, el magistrado consideró que debe continuar con arresto domiciliario debido a que persiste el riesgo de fuga y de obstrucción de la investigación del Ministerio Público.
El juez indicó que la imputación reviste una gravedad “objetiva superlativa” por afectar directamente a la salud pública y que la investigación se encuentra en una etapa incipiente. “Permitir la libertad o una medida de menor intensidad al imputado en esta etapa preliminar generaría un riesgo real e inminente de que el mismo pueda influir en los testigos o destruir e interferir en las diligencias indispensables que aún restan realizar”, sostuvo.
Según la hipótesis fiscal, ambos habrían tenido bajo su dominio y puesto a disposición del público medicamentos sujetos a control especial, como alprazolam de 0,5 mg, 1 mg y 2 mg y clonazepam de 0,5 mg, de presumible origen argentino, sin documentación que acreditara su adquisición, procedencia e ingreso legal al país.
La investigación se sustenta, entre otros elementos, en un procedimiento de Senad del 20 de octubre de 2025 en la farmacia “Amigo”, donde se constató la ausencia del Libro de Registro de Drogas, formularios de compra emitidos por Dinavisa y planillas de informes mensuales.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.
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Tribunal confirma prisión para imputados por filtración de datos a Eulalio Gomes
El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Primera Sala de la Capital, ratificó la prisión preventiva para Hugo Derlis Baptista Báez y Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, agentes de la Senad imputados por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y tráfico de influencias, entre otros delitos, tras haber presuntamente proporcionado información sensible sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
La resolución judicial lleva la firma de los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni. Los magistrados argumentaron el fallo señalando que las cauciones reales y la documentación presentada por las defensas no resultan suficientes para desactivar el peligro de fuga ni el riesgo de obstrucción de la investigación.
Agregaron que “las conductas investigadas derivan presuntamente de la manipulación de información sensible e intervenciones en procedimientos operativos que habrían obstaculizado el esclarecimiento de hechos vinculados al crimen organizado”, refiere el documento.
Días atrás, el juez Humberto Otazú, interino de su colega Osmar Legal, había decretado la prisión de los agentes de la Senad procesados en el presente proceso penal. Además de los citados, en la causa también está imputada Helga Solís Gómez, exasistente fiscal y sobrina de “Lalo” Gomes, quien está igualmente privada de libertad.
Imputación
De acuerdo con la Fiscalía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.
Asimismo, la imputación vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo “Sanctus”, ejecutado en diciembre de 2023.
Según el Ministerio Público, los sospechosos contribuyeron a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus vínculos con el diputado Gomes.
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