Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por primera vez este martes a trabajos sociales y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia.

Siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, recibieron la máxima pena estipulada en el acuerdo de paz de 2016.

En adelante tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.

Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró responsables a los excomandantantes del llamado Secretariado del secuestro de 21.396 personas antes de dejar las armas para convertirse en partido político.

Las investigaciones “mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país”, dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022.

Los excomandantes aseguraron en un comunicado estar dispuestos a “cumplir” con “el propósito de reparar a la sociedad colombiana”. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años”, dijeron.

El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.

Durante su prolongada lucha, las FARC tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva le dieron la vuelta al mundo.

• Fuente: AFP

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Docentes y alumnos del Colegio Técnico Nacional denunciaron que la institución fue saqueada mientras se realizó una serie de reformas y mejoramientos en la parte edilicia. Durante dos meses los alumnos desarrollaron clases virtuales y en ese periodo desaparecieron herramientas de los laboratorios de construcción civil.

El pasado 4 de setiembre, los estudiantes del área de construcción civil volvieron a clases y notaron que había faltantes de equipos como herramientas que usaban para desarrollar las clases.

Las sospechas recaen sobre la empresa Construcciones Civiles SA que fue adjudicada para la refacción y equipamiento del colegio en un periodo de dos meses. Al volver, una docente y alumnos se percataron de que fueron robadas todas las herramientas de seis laboratorios en las que se desarrollaban clases de construcción.

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Según el inventario realizado, se llevaron 24 escuadras, 25 destornilladores, 17 niveles de mano, 12 plomadas, siete barretas, una sierra, 24 tarrajas de diferentes medidas; 13 cajas y 9 bolsitas de clavos.

Así también, un DVR de 16 canales, equipos topográficos como un nivel óptico sout, una mira parlante metálica, un teodolito, 16 jalones metálicos, 11 fichas metálicas, un prisma para lectura de láser, una prensa de compresión, 21 unidades de tamizadores, un cono Abrahamn, un calibre Vemier y un aparato vicat.

También hubo faltantes en los laboratorios de electromecánica como: televisor, equipos informáticos (mouse, monitores, CPU), una impresa y también un DVR de 16 canales. A medida que pasan los días van apareciendo más faltantes en los demás laboratorios.

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Un hombre ingresó a robar en un local gastronómico de Encarnación y fue detenido por la Policía tras ser identificado en imágenes de circuito cerrado.

Según la Policía, el sujeto de nombre Daniel Causarano hurtó dos teléfonos celulares y antes de huir probó algunas comidas y bebidas, según quedó registrado en cámaras de seguridad del restaurante.

Agentes de la Comisaría Cuarta de Encarnación rápidamente lograron capturarlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

“El día de ayer en el horario de la madrugada una persona ingresó en un restaurante llamado Doña Susana, aproximadamente a las 3:30. Al tomar conocimiento y al acceder a cámaras de circuito cerrado en cooperación con otras comisarías, logramos la aprehensión de esta persona”, señaló el oficial inspector Víctor Rodas a C9N.

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Dijo que consiguieron localizar al sujeto en la vía pública y que en su poder hallaron uno de los celulares sustraídos de la propietaria del local gastronómico. Se constató que el otro teléfono fue comercializado, pero la Policía logró recuperarlo.

“Este artefacto fue enajenado a un particular y el señor se dedica al servicio de gomería”, comentó.

El policía dijo que la encargada del local gastronómico declaró que el delincuente incluso llegó a degustar algunas comidas que estaban para la venta y algunos vinos y whiskys de buena marca.

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El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Ortiz, Lourdes Garcete y Manuel Aguirre, condenó a 6 años de cárcel al exsíndico de Quiebras Blas Velázquez, luego de ser encontrado culpable por el delito de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y su posterior uso en vender varias veces un inmueble en el marco de un proceso judicial que ocasionó un perjuicio de G. 519.340.480.

Asimismo, los jueces de sentencia decidieron revocar las medidas y ordenaron que el condenado cumpla de forma efectiva la sentencia por lo que ya ingresará a la cárcel.

El colegido sostuvo que es sumamente grave que una persona utilice el sistema de justicia para sacar ventajas económicas por lo que corresponde condenar al acusado Blas Velázquez a la pena de 6 años de cárcel.

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La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la firma Agroganadera Ypyta S.A., solicitó a la fiscala Andrea Vera Urdapilleta que presente la imputación contra el exsíndico de quiebras, Blas Velázquez, quien vendió de forma irregular y a un costo irrisorio varios bienes de la mencionada agroganadera, así como realizó varios pagos millonarios a supuestos funcionarios fantasmas de Ypyta.

El escrito de la denuncia señala que el exsíndico de quiebras vendió de forma directa la estancia Laguna Pora, de 7.430 hectáreas, ubicada en Lorito Picada en el departamento de Amambay, que forma parte como activo de Ypyta S.A.

El valor del establecimiento ganadero sería de G. 150 mil millones de acuerdo a la tasación, pero dicha estancia fue regalada por Velázquez por tan solo G. 31.080 millones.

También se denunció otras irregularidades contra el exsíndico debido a que avaló el pago por la suma de G. 255 millones a varios supuestos funcionarios de la firma Ypyta S.A.

Por su parte, la representante legal de la mencionada agroganadera negó que 11 personas hayan trabajado en dicha empresa y para ello no existe constancia ni tampoco libro laboral o planillas del IPS donde fueron inscriptos los funcionarios fantasmas.

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