Un veterano de guerra estadounidense que tomó a diez personas como rehenes y le amarró explosivos a algunas de ellas durante el robo de un banco en California murió ayer miércoles, luego de que agentes del FBI entraron en acción. Anthony Searles-Harris, un agresor sexual convicto de 41 años, entró a una sede del banco Chase en la comunidad de Bakersfield alrededor del mediodía del martes con lo que él dijo eran bombas.

Según la policía, Searles-Harris retuvo a diez rehenes en el segundo piso del edificio, que también alberga la oficina de los superintendentes de un distrito escolar. Jeremy Blakemore, jefe adjunto del departamento de policía de Bakersfield, informó que iniciaron una negociación con el hombre quien dijo que portaba una bomba.

“Él también le dijo a las fuerzas del orden que le había amarrado otros explosivos a los rehenes, algo que confirmamos en base a nuestras observaciones”, refirió a la prensa. El despacho local del FBI, que trabajó junto a la policía, envió a su equipo élite de rescate de rehenes desde su sede principal en Quantico, en la costa opuesta de Estados Unidos.

Dos de los rehenes fueron liberados en la tarde y el comienzo de la noche, entre ellos una persona que sufría de una condición de salud grave, pero después, las negociaciones se estancaron. El agente especial Sid Patel, del FBI, dijo que el equipo élite tomo el control de la situación a las 2:00 locales.

“Aproximadamente a las 4:30 de esta mañana fue cuando el equipo de rescate de rehenes neutralizó a este sujeto”, declaró en una rueda de prensa. “Déjenme ser claros, él amarró a cinco rehenes, pero había diez rehenes allí, y todos salieron ilesos desde el punto de vista físico”, añadió. “Estoy seguro que sufrirán consecuencias psicológicas. Nuestro especialista en ayuda a las víctimas los asistirá”. Ni la policía ni el FBI indicaron qué motivó el incidente.

Fuente: AFP.

Un tribunal de sentencia condenó a 22 años de cárcel a un hombre, quien fue hallado culpable, en calidad de autor, del hecho punible de feminicidio en grado de tentativa. Resultó víctima de la brutal agresión su pareja con quien convivía. El agente fiscal Rodrigo Giandinotto fue quien sustentó la acusación durante el desarrollo del juicio oral y público.

De acuerdo con el relato de los hechos, probados por la Fiscalía, el suceso se inició la noche del 30 de abril de 2024, cuando la víctima y el ahora condenado se encontraban en su domicilio ubicado en el barrio Santa María de la ciudad de Curuguaty, compartiendo un encuentro.

En horas de la madrugada del 1 de mayo de 2024, se originó una discusión entre ambos. Ofuscado por la situación, Ruiz Díaz Villar agredió brutalmente a su pareja, propinándole golpes en el rostro, impactando su cabeza contra un objeto y arrastrándola por el suelo mientras continuaba atacándola ferozmente en diversas partes del cuerpo.

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Tras percatarse de que la mujer había quedado completamente inconsciente a causa de la golpiza, el agresor la trasladó hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Curuguaty.

Los informes médicos presentados como evidencia revelaron que la víctima ingresó al centro asistencial en estado inconsciente y con lesiones de gravedad extrema, entre ellas, un traumatismo de cráneo grave, fracturas a la altura de la clavícula y politraumatismos severos en la zona del rostro y del tórax.

A través de los elementos probatorios producidos durante el debate público, la representación fiscal logró demostrar el dolo y el peligro mortal al que fue expuesta la víctima, obteniendo una sanción penal ejemplar por parte del Tribunal de Sentencia.

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“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.

“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, mani­festó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrá­tico Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comi­sarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comu­nicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos plan­teado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente oposi­tor, en su carácter de minis­tro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la lici­tación para la construcción de baños sociales y 24 cel­das en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsa­bles de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definiti­vamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy impor­tante”, puntualizó la agente.

Igualmente, aprobó el pliego de bases y condicio­nes y dispone que el pago sea efectuado en su totali­dad con fondos del Presu­puesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está inte­resada ya que el Estado para­guayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una res­puesta”, manifestó Gonzá­lez. La fiscala siguió argu­mentando que “el Ministerio Público se opuso a la pres­cripción, como representan­tes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un aná­lisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.

El Tribunal de Sentencia de San Estanislao, integrado por Walter Armando Ramírez, Mercedes Uruñaga y Romina Onieva, condenó a 30 años de cárcel a Elvio Denis tras ser encontrado culpable de robo agravado y homicidio doloso. El agente fiscal Walter Melo fue quien representó al Ministerio Público en el caso.

De acuerdo con los antecedentes probados en el juicio, el hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2022, alrededor de las 16:40, en la compañía Peguajho, distrito de Itacurubí del Rosario. En aquella ocasión, el ahora condenado interceptó a Verónica Osorio, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta por un camino vecinal. Bajo amenaza con un arma de fuego, la despojó de la suma de G. 1.400.000 para posteriormente darse a la fuga.

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Seguidamente, Mike Traub Ediger tomó conocimiento de lo sucedido tras comunicarse con la víctima, quien le proporcionó las características físicas del asaltante. Ante esta situación, el hombre emprendió la búsqueda del sospechoso y se dirigió hacia un camino interno de una propiedad privada ubicada en la compañía Cabayu Ra’y.

Durante el trayecto, Mike Traub Ediger se encontró con Elvio Denis, quien al verse descubierto efectuó un disparo con arma de fuego en la cabeza de la víctima, ocasionándole la muerte de manera instantánea.

Durante el desarrollo del juicio oral, el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad penal del acusado mediante la producción de pruebas testificales y documentales que acreditaron plenamente su autoría en los hechos investigados.

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