Marihuana vip: otorgan arresto domiciliario a imputado
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El Tribunal de Apelación otorgó arresto domiciliario a Francisco Javier Gutiérrez Carrasco, imputado por tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas en el caso conocido como “marihuana vip”. Los camaristas Gustavo Santander y Pedro Mayor Martínez votaron por revocar la resolución de la jueza Clara Ruiz Díaz, quien había ratificado la prisión preventiva del imputado. Mientras que Arnulfo Arias votó por confirmar la prisión.
Para poder ordenar el arresto domiciliario, el colegiado argumentó lo siguiente: “Considerando la doctrina internacional y las disposiciones constitucionales que establecen el carácter restrictivo y excepcional de la prisión preventiva y atendiendo las circunstancias especiales del imputado, que no cuenta con antecedentes penales que evidencian una conducta reacia al sometimiento a las órdenes judiciales, así como ha presentado el certificado de vida y residencia y se agrega que el Ministerio Público no se opuso a la figura de la prisión domiciliaria”.
Días atrás, la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz ratificó la prisión preventiva de Gutiérrez Carrasco. La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en la sede judicial.
El pasado 24 de setiembre del 2020 fueron detenidas 12 personas por integrar la banda que cultivaba marihuana en invernadero y lograba una mejor calidad y cuyo precio en el mercado superaba al de la cocaína.
Los imputados son: María Monserrat Barros, alias La Mombi; Henry Alexander Homzi, alias Yankee; Eugenio José Méndez Gutiérrez, alias Memo; Nicolás Marecos Retamozo, alias Niky; Jorge Matías Samudio Giménez, alias Pesoca; Matías Adrián Paciello Ayala, alias Paciello; Rodrigo David Marecos Retamozo, alias Muñeco; Arturo Daniel Vega Yambay, alias Turri; Francisco Javier Gutiérrez, alias Franche; Gabriel Andrés Ricardo Martín López, alias Torta; Moisés Enrique Basualdo, alias Doctor, y Diego Elizeche.
Encomiendas de EE. UU.: sacan de circulación más de 20 kilos de marihuana premium
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Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que operan en el aeropuerto Silvio Pettirossi sacaron de circulación esta semana más de 20 kilos de marihuana premium o de alta gama que llegaron desde los Estados Unidos. La droga, con alta concentración de THC, estaba camuflada en insecticidas, jalea real, café y hasta un esterilizador de biberones.
Según el reporte de los intervinientes, el último cargamento detectado fue durante la jornada de este jueves y llegó en una encomienda proveniente de Miami. En la caja encontraron varios envases de insecticidas en cuyo interior intentaron camuflar el cargamento que totalizó más de 2 kilos de marihuana vip.
“Las incautaciones de esta semana superan los 20 kilogramos, cuyo valor es superior a USD 280.000 en el mercado de Brasil. Se presume que estos cargamentos tenían como destino el vecino país”, expresaron desde la Senad.
Hasta la fecha sumando cada una de las encomiendas interceptadas en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, se llegó a los 20,020 kilogramos de marihuana premium:
10,100 kg, hallados ocultos en filtros de aceite de tractor.
4,000 kg, que fueron encontrados en un esterilizador de biberones.
2,145 kg, ocultos en envases de supuesta jalea real.
2,125 kg, hallados en envases de insecticidas.
1,650 kg, que detectaron en paquetes de café.
Desde la institución confirmaron que la carga acumulada tiene un valor de mercado que supera los USD 280.000 en Brasil, que sería el país de destino final, calculado sobre la cotización de este tipo de cannabis de alta concentración de THC, el cual puede alcanzar hasta los USD 14.000 por kilo.
El juez penal de Garantías de Curuguaty, Marcos Giménez Rivas, dispuso la apertura a juicio oral y público en la causa vinculada a la ocupación de inmuebles de Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. Foto: Gentileza
Juzgado admite acusación y eleva a juicio oral el caso de invasión de la Estancia Pindó
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Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.
El magistrado Marcos Giménez Rivas rechazó todos los incidentes planteados por la defensa. Foto: Gentileza
Juzgarán tres hechos punibles
De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.
En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:
Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.
La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.
Rechazos para la defensa
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.
La resolución judicial dispone que Jorge Mercado Méndez enfrente juicio por tres hechos punibles relacionados con la ocupación de inmuebles en Canindeyú. Foto: Gentileza
El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.
El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.
Presunto liderazgo en el asentamiento
Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.
La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.
Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.
Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.
Rechazan chicana de abogado procesado por coacción y usurpación de funciones
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El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, rechazó el recurso (chicana) presentado por Fernando René Marecos Gamarra, imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Marecos está procesado por participar, sin tener poder para participar en un procedimiento judicial irregular realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Romero sostuvo que el juzgado considera que la providencia recurrida por la defensa del imputado fue dictada conforme a lo dispuesto en el artículo 303 del Código Procesal Penal y sobre la base de un acta de imputación que reúne todos los requisitos legales para su admisión. Con este recurso, el imputado pretendía suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares, fijada para el 8 de octubre a las 10:00.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.
Asimismo, la denuncia señala que el imputado participó en la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante, sin embargo no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El denunciante del caso es el actual gerente general de la empresa, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauza juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y sustituyó las medidas cautelares dictadas el 16 de septiembre. Trovato designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.
Se entregó Hugo Baptista, exdirector de la Senad, involucrado en esquema criminal
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Se entregó a las autoridades Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general de Operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El exjefe antidrogas se presentó esta mañana, acompañado de su abogado, ante e la Oficina del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional tras la orden de detención que pesaba en su contra.
El mismo está imputado por la Fiscalía por supuesta asociación criminal, tráfico de influencias y revelación de secretos de servicio, en el marco del esquema investigado tras la muerte del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes.
Baptista, primo hermano del parlamentario fallecido, era el último de los procesados en esta causa que aún no se había presentado ante las autoridades. La investigación está relacionada con una presunta estructura vinculada al fallecido diputado Eulalio Gomes.
La Fiscalía atribuye a Baptista haber omitido investigar fugas y haber ofrecido de forma ilegal un fusil de guerra. En ese contexto, fue imputado por presuntamente haber participado para facilitar la fuga de Ronaldo Méndes Nunes durante el operativo Sanctus.
Asimismo, por haber omitido adoptar las medidas correspondientes para promover o disponer la realización de diligencias dirigidas para esclarecer las circunstancias en que se produjo la fuga y a la investigación de la vinculación de Gomes con Ronaldo Méndes Nunes.
Documentos incorporados a la imputación del Ministerio Público revelan que Hugo Derlis Baptista Báez habría ofrecido al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes un arma de alto poder de fuego, describiendo sus capacidades de penetración.
El propio funcionario de la Senad habría señalado que el arma podía “perforar blindado tranquilamente”. El ahora detenido quedará a disposición de las autoridades judiciales para la continuidad del proceso y las diligencias correspondientes.