El Ministerio Público revela que en los últimos seis años fueron investigadas 392 causas por el hecho punible contra la trata de personas en Paraguay.

Estas cifras forman parte de las 554 causas ingresadas y posteriormente analizadas en la Fiscalía tras las denuncias de las víctimas, y exponen una aproximación a la realidad registrada en los años 2019 al 2024.

El perfil del hecho punible, realizado por el Departamento de Estadísticas de la Fiscalía, revela que las denuncias son identificadas como:

Explotación sexual: (incluye prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, actos pornográficos, producción de material pornográfico), encabezan el tipo de trata, registrando 138 causas.

Servidumbre: la obligación de trabajar y/ o prestar servicios sin poder cambiarlo, registró 57 causas.

Trabajo o servicio forzoso: realizado bajo amenaza de una sanción o sin voluntad del prestador, se reportó un total de 55 causas.

Servidumbre de la gleba: persona ligada a tierra ajena, trabaja a cambio un pago o servicio, pero sin posibilidad de moverse del lugar se registraron 12 causas.

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Explotación económica de otra persona: con privación de derechos fundamentales figuran con 7 causas. Pese a no contar con una cifra elevada, la connotación del tipo del hecho sigue siendo grave y denigrante para la víctima.

El perfil de la Trata de personas detalla la edad de las víctimas. En ese sentido, muestra que los menores de edad hasta los 13 años, representan un 13 % de las personas afectadas, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

Las víctimas (menores) entre 14 a 17 años encabezan la cifra de víctimas en un 34 %. Las de 18 a 29 años representan el 27 %, mientras que las de 30 a 55 años corresponden al 23 % .

El informe explica de forma contundente que las mujeres representan el 71 % de las víctimas de éste hecho punible, frente al 29 % del sexo masculino.

Involucrados. El análisis de las causas permitió conocer el vínculo de los víctimarios con las personas afectadas, aunque el 80 % de los involucrados no figuran en la denuncia, considerándose como una de los motivos el temor de las víctimas a revelar a sus victimarios.

En cuanto a los involucrados identificados, se encuentran en primer lugar los familiares y amigos de las víctimas, representando el 15 %. El 5 % incluye a implicados en redes criminales y personas con las que tuvieron contacto en viajes internacionales.

Analizando una base de datos con 76 causas que presentan vinculaciones con otro hecho punible, además de la trata de personas, se encuentra que 41 causas están relacionadas al proxenetismo. Un total de 25 causas tienen que ver con el abuso sexual en niños, 8 causas ligadas además al tráfico ilícito de drogas, 5 a coacción sexual, 2 secuestros y 1 lavado de dinero.

Causas por año: del 2019 al 2024 tras ser identificadas las 392 causas por el hecho punible contra la trata de personas, fueron analizadas para conocer el perfil del hecho punible.

En el 2019: 69 causas

2020: 88 causas

2021: 64 causas

2022: 64 causas

2023: 48 causas

2024: 59 causas.

Los departamentos en los que fueron denunciados la mayor cantidad de causas son Asunción, encabezando las cifras. Sigue Alto Paraná, Central, Caaguazú y San Pedro.

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Este lunes 28 de julio, el Ministerio Público dio mesa de entrada al informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, remitido por la Cámara de Senadores. El documento cuenta con varios tomos con información sobre indicios de lavados de activos en el sistema bancario y vía organizaciones sin fines de lucro, entre otros.

El informe elaborado por la CBI está centrado en cuatro ejes en total en los cuales se aborda, el lavado de activos ligado al financiamiento político vía organizaciones sin fines de lucro, lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa, además de conclusiones y recomendaciones. Además del escrito, se adjuntaron pendrives con audios, videos, notas varias, documentos entre otros que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

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Cabe mencionar que el presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, ya había adelantado que este documento sería remitido a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía, así también como la Contraloría y la Cancillería ya anunció que el trabajo de la comisión también será enviada a los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

Entre los casos concretos que investigó la CBI se destacan:

1. Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
2. Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
3. Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

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Las investigaciones en torno al crimen de la niña Melania Monserrath en el distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá, van tomando un giro inesperado y las sospechas apuntan ahora al adolescente de 16 años, hermano de Marcelo Giménez Duarte (24), quien también se encuentra imputado.

“No tenemos aún una línea investigativa cerrada. Los elementos van apuntando a un sector más cercano a la familia. Estamos esperanzados en los resultados de las pericias”, afirmó el subcomisario David Delgado, subjefe de Homicidios.

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El jefe policial explicó que se están llevando a cabo varias diligencias para agotar todos los indicios que permitan el esclarecimiento del asesinato de la menor. Dijo que los resultados de las pruebas ordenadas por el Ministerio Público están a cargo del laboratorio forense.

“Y ya dependería de sus técnicos ver o no un tiempo más próximo. A lo mejor se da esos resultados, no obstante tenemos otras diligencias independiente a eso, estamos todavía realizando”, puntualizó.

Consultado sobre la evidencia material que vincule directamente con Marcelo como el presunto homicida de Melania, el subcomisario Delgado respondió: “con Marcelo podemos decir que tenemos indagaciones, tenemos una posible motivación. No obstante, para nosotros no está cerrada la línea investigativa hacia él”.

Manifestó que se están intensificando las pericias para que la persona realmente involucrada en el homicidio esté privada de libertad.

Así también, se refirió sobre la vinculación del adolescente de 16 años. “Con él tenemos sospechas un poco más fuertes en el sentido de que le tenemos vinculado en el lugar del hecho. Tenemos también otros elementos”, expresó el subcomisario Delgado en diálogo con la 730 AM.

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El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.