Según las pesquisas, Da Costa Amaral sería el dueño de un local comercial denominado Caza y Pesca Rossi, que presuntamente provee armas a personas vinculadas al grupo criminal. Foto: Gentileza.
Fiscal imputó a Bruno Da Costa Amaral, presunto proveedor de armas del EPP
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El agente fiscal Federico Delfino formuló imputación contra Bruno José Da Costa Amaral, por los delitos de violación a la Ley 4036/10 de portación y tenencia de armas, sobre los incisos específicos de detentación, tráfico ilícito y acopio ilícito, en el marco de la investigación por presuntamente proveer armas al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El representante del Ministerio Público solicitó al juzgado la prisión del imputado.
Según las pesquisas, Da Costa Amaral sería el dueño de un local comercial denominado Caza y Pesca Rossi, que presuntamente provee armas a personas vinculadas al grupo criminal.
El pasado miércoles 24 de marzo, la Fiscalía encabezó un allanamiento en el comercio ubicado en Salto del Guairá, y se procedió a la incautación de una gran cantidad de armas, componentes y municiones.
En el marco de las investigaciones relacionadas al EPP, en setiembre del 2020, durante un allanamiento en la localidad de Sapucai, distrito de Yby Yaú, fueron halladas imágenes del local de ventas de armas de fuego, del cual sería propietario el ahora imputado.
Bruno da Costa Amaral (der.), junto a Mario Abdo Benítez. Foto: Gentileza.
Juicio oral
El imputado, Da Costa Amaral, actualmente está enfrentando un juicio oral y público acusado por los delitos de lavado de dinero, asociación criminal y contrabando por la investigación fiscal en la que se procedió a incautar en su momento 530 bolsas de arpilleras llenas de billetes de 50 y 100 bolívares de origen venezolano.
La audiencia oral se desarrolla en la sala de juicio oral de Salto del Guairá y el fiscal del caso es Vicente Rodríguez. El juicio se encuentra en la etapa de pruebas documentales y de acuerdo al desarrollo, existen suficientes elementos para condenar al acusado.
En sorpresiva requisa, incautan armas de fuego y proyectiles en el Cereso de Itapúa
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Este lunes se realizó una requisa en el Pabellón A Alta, del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) del departamento de Itapúa, en la que los intervinientes lograron incautar armas de fuego, proyectiles y celulares. La intervención fue realizada por personal del establecimiento penitenciario con el acompañamiento del director, Javier Rodas, y fue comunicado a la Policía Nacional.
Según el reporte policial, la intervención se realizó pasado el mediodía en el centro de rehabilitación ubicado en barrio San Jorge, en el distrito de Cambyretá, donde lograron incautar varios elementos, entre ellos dos armas de fuego y proyectiles, todos sin percutir.
La Dirección de Policía del Departamento de Itapúa realizó el relevamiento de datos, trabajos de campo y retiro de los elementos incautados para su análisis. También fue informado el agente fiscal de turno, Francisco Martínez, quien dispuso la individualización y declaración indagatoria de los reclusos en cuyo poder encontraron las armas.
En la requisa encontraron un arma de fuego, tipo revólver, calibre 38 mm; un arma de fuego, tipo pistola calibre 22 mm, marca Mahely. Además, 28 cartuchos sin percutir de ambos calibres, un celular de la marca Samsung en poder del recluso Pascual Benítez Miranda alias el “Sicario”.
Así también, otro aparato celular, marca Samsung de color negro en poder de la personas privada de su libertad identificada como Ronald Javier Núñez. Las evidencias se encuentran actualmente bajo cadena de custodia en sede de la Comisaría n.º 115 del Barrio Arroyo Porã de Cambyretá.
La incautación fue realizada por los agentes penitenciarios. Foto: Gentileza
Detienen a presunta microtraficante en Mariano Roque Alonso
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El fiscal antidrogas, Marco Amarilla, realizó un allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio María Auxiliadora de Mariano Roque Alonso, donde se logró la detención de una mujer que supuestamente se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína.
El representante del Ministerio Público señaló que la aprehendida, Victoria Dalinda Gayoso Benítez, será imputada por la supuesta comisión de los hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes y que se solicitará su prisión preventiva. La mujer fue detenida en una vivienda deshabitada, en donde supuestamente llegaban los consumidores para adquirir las drogas.
No es la primera vez que la Fiscalía y la Policía Nacional allanan esta casa, dado que en reiteradas ocasiones los vecinos han denunciado que en el sitio se reúnen los adictos para luego salir a robar en las viviendas de la zona. Durante el procedimiento se logró la requisa de 33 gramos de cocaína en su modalidad de crack, 9 gramos de cocaína, 1,3 gramos de cocaína y 28 gramos de marihuana.
Cuando el fiscal presente la imputación, la mujer deberá ser convocada por un juzgado Penal de Garantía que deberá realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si la mujer estará privada de su libertad.
Fiscalía acusó por contrabando a exsenador argentino
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El fiscal Ysrael Villalba Ramírez presentó acusación contra el exsenador argentino, Edgardo Darío Kuieder y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, por el hecho punible de contrabando. Esto, al no justificar la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos que intentaron ingresar a Paraguay. El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se eleve a juicio oral y público.
El hecho ocurrió el 4 de diciembre del 2024, a la 01:30. Personal de la Armada Paraguaya, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional realizaron una intervención en la zona primaria de la Aduana del Puente de la Amistad donde se pudo detectar.
Durante el procedimiento fue incautado un vehículo Chevrolet con matrícula argentina, en cuyo interior se hallaron importantes sumas de dinero en efectivo que no fueron declaradas conforme a las exigencias legales.
De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
Ahora el juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la acusación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, donde se tendrá que definir si el presente caso se eleva o no a un juicio oral y público.
Destruyen más de 9.000 armas vinculadas a procesos judiciales
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En cumplimiento a un mandato del comandante en jefe y presidente de la República, Santiago Peña, durante una visita pasada a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), se procedió a la destrucción de más de 9.000 armas de fuego que fueron entregadas en custodia y que estaban vinculadas a procesos judiciales de años anteriores.
La misma se realizó con autorización jurisdiccional correspondiente.
Al respecto, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, detalló que se trata de un lote de armas viejas, acumuladas durante años, que principalmente incluyen revólveres y escopetas.
“Estas armas que fueron destruidas son aquellas que fueron decomisadas durante años y que fueron entregadas a la Digemabel, que es la depositaria judicial de los armamentos que son requisados en cualquier hecho delictuoso”, mencionó.
El ministro González explicó que el jefe de Estado había realizado una visita a la Digemabel en una ocasión anterior, en la cual había instruido que se acelere el proceso de destrucción de las armas porque eran una inmensa cantidad acumuladas en un depósito.
Destacó que la institución realizó los procesos para acelerar la destrucción de las armas, ya que, al estar vinculadas a procesos judiciales, donde las mismas constituyen una prueba, no podían ser destruidas hasta tanto culmine el proceso judicial y se tenga la autorización correspondiente.
El ministro de Defensa aclaró que las armas que fueron destruidas no guardan relación con aquellos armamentos nuevos incautados en operativos contra el crimen organizado, que eran armas nuevas de uso militar, y que efectivamente fueron entregadas a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.