El diputado colorado Rodrigo Gamarra realizó un análisis acerca de la crisis política y social que está atravesando la República de Nepal, en medio de violentos disturbios sociales que incluso está dejando nefastas cifras de fallecidos. A través de sus redes sociales, el legislador expresó que Nepal no es un simple ejemplo, sino que es una seria advertencia que debe ser observada.

En comunicación con La Nación/Nación Media, igualmente señaló que en solo 15 años, Nepal cambió 14 gobiernos. Señaló que golpe tras golpe se ha producido una sucesión interminable de conspiraciones, corrupción, alianzas rotas, prensa militante, ONG infiltradas, promesas vacías y caos institucional.

“Este último gobierno que cayó venía ya con un sistema devorado por la fragmentación política, corroído desde adentro, sin estabilidad. ONG extranjeras que manipularon también la información con intereses políticos, manipulación mediática, odio digital, corrupción obviamente dentro del gobierno también y fuera, sin consecuencias y conspiraciones permanentes. Ese fue realmente el detonante", mencionó.

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Señaló que el último gobierno de ese país cayó así sin juicio político, sin moción parlamentaria, sin elecciones, con muertos, con fuego, violencia, y descontrol. Indicó que más allá de su errada decisión de censurar las opiniones en redes sociales, con los malos manejos, era muy probable que no llegaba tampoco a término.

Independientemente de lo que ocurra en el país asiático, el legislador expresó su preocupación por la repercusión que está teniendo a nivel local, donde existen ya ciertos referentes políticos y mediáticos que de alguna forma están anhelando que este caos se replique en el Paraguay.

“Lo llamativo de siempre, es que ciertos actores, claramente identificados con el resentimiento, el caos y la apología al vandalismo, salen a romantizar lo ocurrido en Nepal, como si las muertes, la destrucción y el incendio del Congreso fueran una revolución ejemplar”, cuestionó.

El legislador sostuvo que no se puede ser ingenuo ni ignorar ese tipo de señales, ni sacarle el ojo a esa gente, ya que se sabe bien quiénes son y lo que buscan.

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“Son una pequeña minoría con intereses creados directamente en el Estado que defienden intereses, que defienden a medios, que defienden a sectores bancarios que prestaban plata a narcotraficantes, que estaban vinculados a narcoministros, que estaban vinculados a gobiernos de desfalco”, expresó.

Agregó que para él, esta gente no quiere justicia, no quiere democracia, no quiere paz. “Lo que quieren ellos es volver a tener poder para facturar otra vez con sus medios, mover otra vez la plata sucia en sus bancos, usar la Fiscalía como garrote, manejar el Estado como si fuera su empresa. No tienen votos, ni pueblos, ni proyectos. Lo único que les queda es citar el odio y empujar a otro a luto”, lamentó.

Gamarra insistió en que no se trata de defender a un gobierno, sino que se trata de defender el sistema democrático y republicano. “En Paraguay, esto funciona como reloj suizo. Se respetan los plazos electorales, los presidentes y gobernadores cumplen su mandato, todos los partidos políticos tienen internas abiertas, listas desbloqueadas, nuestro Congreso funciona con independencia, el país es estable, ordenado, previsible”, precisó.

Destacó además que con el gobierno nacional los programas sociales están llegando a todos los rincones del país, beneficiando a los más vulnerables. Remarcó que es un gobierno que está trabajando con responsabilidad, sin estar reivindicando colores ni sectores.

“No estamos en alerta por el miedo, sino que hay que estar en alerta por un sentido de responsabilidad. No se puede dejar pasar que se glorifique la destrucción, ni que se le haya asesinado, quemado viva a una mujer por ser la esposa del presidente de un país. Entonces la violencia no es una vía legítima para llegar al Congreso, ni al poder”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que una persona sana mental, coherente, sensata, con responsabilidad política y democrática no puede estar aplaudiendo ese tipo de situaciones. “Si podemos condenar los regímenes dictatoriales o antidemocráticos como Venezuela, o tal vez como lo habrá sido en estas situaciones en Nepal también, pero no por la vía de la violencia, ni de justicia por propias manos. Porque ahí estamos errando el camino”, concluyó.

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El ejército de Nepal patrulla el miércoles las calles de la capital Katmandú tras la jornada de violentos disturbios del día anterior en la que manifestantes incendiaron el Parlamento y el primer ministro KP Sharma Oli renunció, constataron periodistas de la AFP. El lunes pasado la policía nepalí reprimió violentamente una ola de protestas en contra la corrupción y una reciente decisión del gobierno de bloquear las redes sociales, en enfrentamientos que dejaron 19 muertos y cientos de heridos.

A pesar del restablecimiento de plataformas como Facebook, X o YouTube, la promesa de una investigación sobre la violencia policial y la salida de Oli, grupos de jóvenes manifestantes saquearon el martes edificios públicos y residencias de varios dirigentes. El Parlamento fue quemado, así como la residencia del hasta entonces primer ministro, constataron periodistas de la AFP.

“Esta mañana está todo tranquilo, el ejército está por todas las calles”, explicó el miércoles a la AFP un militar apostado en una barricada, que se negó a dar su identidad porque no está autorizado a hablar con la prensa. Hasta el momento, no se ha publicado ningún balance de los disturbios.

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El ejército nepalí pidió el martes la calma a la población de este país himalayo de 30 millones de habitantes, y advirtió sobre “actividades que podrían llevar al país a los disturbios y la inestabilidad”. Oli, de 73 años, que volvió al poder en 2024, dijo que dimitía “para que se puedan tomar medidas con vistas a una solución política”.

El presidente del país, Ramchandra Paudel, también instó a “todos, incluidos los manifestantes, a cooperar para resolver pacíficamente la difícil situación del país”. La ONU y la vecina India hicieron llamamientos a la calma y la moderación.

Fuente: AFP.

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La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Laura Giacummo, comunicó que la directora de Talento Humano de la Cámara de Senadores, Norma Cardozo Vázquez, deberá prestar declaración el próximo lunes ante el Ministerio Público, en el marco de la causa penal contra Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.

La convocatoria está fijada para las 9:00. Ambos jóvenes fueron denunciados por supuesto planillerismo. Giacummo detalló en una entrevista con la 1080 AM que Cardozo Vázquez fue convocada “para conocer cuál era el método y procedimiento que realizaban en el Congreso estos funcionarios”.

Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.

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Asimismo, Giacummo dijo que tanto Iván Ramiro como Iris Rebeca, investigados por cobro indebido de honorarios, serán convocados por la Fiscalía a prestar declaración cuando se reúnan todos los elementos probatorios necesarios para ir cerrando la investigación.

Mientras que en el caso de la senadora Noelia Cabrera Petters evaluará si será convocada en carácter de testigo o bajo otra situación penal. “Tendríamos que verificar primero si estaría en calidad de testigo o en otra situación procesal. La investigación está abierta todavía, no sabemos si ella va a ser convocada en esos términos o no”, dijo la agente fiscal.

Iván Ramiro percibía del Senado un salario de G.13.500.000, mientras que su hermana, Iris Rebeca, recibía un sueldo de G. 8.00.000. La causa penal fue abierta el pasado 4 de agosto ante un posible daño patrimonial al Estado.

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El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.

“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.

El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.

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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.

La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.

“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.

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