Gerardo Stadecker, acusado por el feminicidio de Sabryna Breuer, seguirá privado de su libertad. Así resolvió el Tribunal de Apelación integrado por Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez al confirmar la resolución del juez penal de Garantías Mirko Valinotti. Con la resolución adoptada por el tribunal de alzada, el procesado seguirá preso a la espera del desarrollo del proceso penal.
Los camaristas mencionaron que la resolución del magistrado Valinotti se halla debidamente fundamentada, por lo que corresponde confirmar la determinación adoptada por el juez de Garantías.
Audiencia preliminar
Ayer jueves 11 de marzo se suspendió nuevamente la audiencia preliminar para Gerardo Stadecker. La diligencia judicial se pospuso por la presentación de una nueva chicana de la defensa del procesado.
La diligencia judicial ya se suspendió en seis ocasiones, pero la Justicia no aplica ninguna sanción a los abogados que presentan incidentes al solo efecto de dilatar el proceso. Esta situación debe llamar la atención de los ministros de la máxima instancia judicial.
El entonces fiscal Yoan Paul López fue quien presentó acusación contra el principal sospechoso del crimen. El acta refiere que el hombre, supuestamente, le propinó un impacto de puño fuerte y seco en la zona del pecho, a la altura del corazón. Esto le produjo un taponamiento cardiaco, que tarda algunos minutos en producir la muerte. La mujer fue encontrada sin signos vitales en su residencia ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción, el 17 de diciembre del 2017.
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Colombia: ratifican prisión domiciliaria del expresidente Uribe
Un tribunal de Bogotá negó ayer lunes un pedido del expresidente colombiano Álvaro Uribe para recuperar su libertad mientras apela la histórica sentencia de 12 años de prisión domiciliaria por cargos de soborno y fraude procesal. Uribe, máxima figura de la derecha colombiana, fue condenado la semana pasada en una corte de primera instancia por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas.
Desde el viernes, cuando dictaron su sentencia, cumple prisión domiciliaria en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 km de Medellín. La jueza dispuso su arresto por considerar que existe riesgo de fuga. Pero sus abogados defienden que esto no tiene sustento y pidieron el lunes al Tribunal Superior de Bogotá “el restablecimiento inmediato de la libertad” del expresidente.
El mismo día, un juez de esa corte decidió “no decretar la medida provisional” solicitada por la defensa del exmandatario, al considerar que el recurso de libertad “no cumple los estándares de urgencia” requeridos por la ley colombiana, según la resolución del juzgado.
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Uribe, de 73 años y uno de los políticos más influyentes del país, se convirtió en el primer exmandatario colombiano condenado y privado de la libertad tras ser hallado culpable por obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.
Uribe denuncia que el juicio estuvo politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder. Su partido, Centro Democrático, convocó a marchas en todo el país el 7 de agosto para defender al político, muy popular en Colombia por su lucha y política de mano de hierro contra la guerrilla. Uribe tiene hasta el 13 de agosto para presentar por escrito los argumentos de su apelación.
Luego, el caso pasará a otra sala del tribunal de segunda instancia de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado. Esta condena abre la puerta a otras investigaciones contra Uribe que lo vinculan con los paramilitares y sus graves violaciones a los derechos humanos en los peores años del conflicto armado.
Fuente: AFP
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Ratifican condena a excontadora de jugadores de Cerro
La sala penal de la Corte ratificó la condena de 3 años 6 meses de cárcel para Patricia González Ricardo, de profesión contadora y quien fue procesada y condenada por estafa, apropiación y evasión de impuestos cuyas víctimas son los exfutbolistas de Cerro Porteño, Diego Churín y Hernán Novick.
La máxima instancia judicial declaró inadmisible la casación que planteó la defensa de la contadora quien recurrió el fallo de segunda instancia que confirmó la pena mencionada más arriba. Con la resolución judicial de la Corte, la profesional deberá cumplir la pena en la cárcel de mujeres del Buen Pastor.
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De acuerdo al presente caso, González en su calidad de licenciada en contabilidad, remitía a los futbolistas la orden de pago de los impuestos, haciéndoles creer que era el comprobante de pago, para así quedarse con el dinero que los jugadores le depositaban para tal efecto.
Según los abogados de Churín y Novick, sus representados sufrieron un perjuicio patrimonial de más de G. 119 millones debido al mal accionar de la condenada, que se dio de forma reiterada y en varias oportunidades.
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Trasladan a cómplice de Epstein a una prisión menos estricta
Ghislaine Maxwell, cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue trasladada a una prisión de Texas, menos estricta que la de Florida donde cumplía condena, informaron ayer viernes las autoridades penitenciarias. No se dio a conocer el motivo del traslado, ocurrido una semana después de que el número dos del Departamento de Justicia se reuniera con Maxwell para hacerle preguntas sobre Epstein.
Este financiero fue hallado muerto en su celda en 2019 cuando esperaba su juicio por presunta trata de menores con fines de explotación sexual. “Podemos confirmar que Ghislaine Maxwell se encuentra bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones” en Bryan, Texas, declaró un portavoz de esta oficina.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, exabogado personal del presidente Donald Trump, interrogó a Maxwell durante dos días en un tribunal de Florida la semana pasada, algo sumamente inusual entre un delincuente convicto y un alto funcionario de Justicia. Blanche se ha negado a revelar de qué hablaron. El abogado de Maxwell, David Markus, afirmó que ella respondió todas las preguntas.
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Maxwell se ha ofrecido a testificar ante el Congreso sobre Epstein si se le otorga inmunidad y, según la prensa, solicitó un indulto de Trump, quien se movió en los mismos círculos que Epstein en Nueva York. La exmiembro de la alta sociedad británica cumple una condena de 20 años dictada en 2021 por reclutar menores de edad para Epstein.
Dos mujeres que afirmaron haber sido abusadas sexualmente por Epstein y Maxwell, y la familia de otra víctima que se suicidó recientemente condenaron el traslado de prisión en un comunicado. “Con horror e indignación nos oponemos al trato preferencial que ha recibido la traficante sexual condenada, Ghislaine Maxwell”, declararon Annie y Maria Farmer y la familia de Virginia Giuffre.
“Nunca debería ser objeto de indulgencia”, declararon. “Esta medida huele a encubrimiento. Las víctimas merecen algo mejor”, se quejan. Tim Hogan, del Comité Nacional Demócrata, también denunció lo que calificó de “encubrimiento gubernamental en tiempo real”. “El FBI (policía federal) de Donald Trump, dirigido por su leal Kash Patel, omitió el nombre de Trump de los archivos de Epstein, que aún no se han publicado”, declaró Hogan.
Los demócratas y parte del movimiento conservador MAGA (acrónimo en inglés de “Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande”) acusan al gobierno de intentar encubrir a las élites al no revelar detalles del caso. Están enfurecidos desde que el FBI y el Departamento de Justicia afirmaron en julio que Epstein se suicidó en prisión, no chantajeó a ninguna personalidad ni tenía una “lista de clientes”.
Trump asegura haberse distanciado de Epstein porque le “robó” empleadas del spa de su resort de Mar-a-Lago en Florida. Una de esas chicas era Giuffre, quien se suicidó en abril. Su familia pidió a Trump que no indulte a Maxwell, y la tachan de “monstruo que merece pudrirse en prisión el resto de su vida”.
Fuente: AFP.
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Expresidente colombiano Uribe sentenciado a 12 años de prisión
El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.
El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió la máxima pena posible, en una audiencia a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto.
La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación “inmediata” para evitar que Uribe quiera “eludir” la pena y abandone el país.
“¡Justicia arrodillada!”, “¡Jueza corrupta!”, gritaba una treintena de personas a las afueras del juzgado en Bogotá. El partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”.
Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.
El popular expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares, escuadrones de ultraderecha responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.
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Su defensa ya anunció que impugnará un fallo que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.
Horas antes de conocer su pena, Uribe aseguró en la red X que preparaba su apelación, refugiado en sus seres queridos y “fundamentalmente la oración”.
“De la peor manera”
Al comienzo de la audiencia, la jueza se quejó de que el veredicto se hubiera filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del mandatario contribuyó a darla a conocer.
“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, arremetió el mandatario al cortar la intervención de la magistrada.
“¿Se puede callar, señor Uribe?”, le respondió Heredia
Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.
Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.
En 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.
Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.
En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.
- Fuente: AFP
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