Por chicanas presentadas por Justo Ferreira y su hija Patricia, propietarios de la firma Imedic y procesados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia en el 2020, se suspendió la audiencia preliminar, en la que se tenía que definir si los mismos enfrentarían un juicio oral y público. La defensa del padre e hija presentó una apelación general contra la determinación adoptada por el juez Humberto Otazú, quien fijó para esta mañana la diligencia judicial.
Ahora será la Cámara de Apelaciones la que deberá destrabar el presente proceso penal y en caso de ser así, el citado magistrado deberá volver a fijar una nueva fecha para que se pueda desarrollar la audiencia y se decida si los procesados estarán sentados en el banquillo de los acusados.
Por su parte, el juez Otazú explicó que “el juzgado convocó a los procesados para la audiencia preliminar en vista de que se tienen dos requerimientos, la de sobreseimiento y otra acusación, a raíz de eso se fijó dos horarios para llevar a cabo la diligencia judicial y dicha determinación fue recurrida a través de una apelación general por parte de la defensa de los Ferreira, por lo que no se puede realizar la audiencia hasta tanto el Tribunal de Apelación resuelva sobre el planteamiento realizado en el presente caso”, indicó el magistrado.
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Actualmente, Justo Ferreira y su hija Patricia gozan del arresto domiciliario que fue otorgado de forma llamativa por el juez Mirko Valinotti, quien a raíz del mencionado fallo judicial está siendo investigado al igual que el fiscal Osmar Legal por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que podría enjuiciarlos si se encuentra irregularidad en la actuación del magistrado como del agente fiscal.
Acusación
Además de Ferreira y su hija, fueron acusados el aduanero Carlos Alberto Gamarra y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, por presunta complicidad. Igualmente, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de Lauri Marcio Pool y Mario Joel Olmedo.
La causa guarda relación con la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas, que no contaban con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
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Una chicana tras otra: Wiens presentó cinco recursos en menos de 64 horas para frenar el caso Metrobús
La defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens presentó cinco escritos distintos en menos de 64 horas, con recursos, nulidades y recusaciones que apuntan a frenar, anular o modificar el rumbo del proceso en la causa del Metrobús. El propio Tribunal de Apelación atribuyó a uno de los planteamientos una finalidad “dilatoria”.
La causa Metrobús atraviesa una intensa sucesión de incidentes procesales desde que la Fiscalía cerró su investigación contra Arnoldo Wiens y solicitó llevarlo a juicio oral.
En menos de 64 horas, la defensa presentó cinco escritos distintos que abrieron nuevos frentes dentro del expediente: una apelación por prescripción, un recurso extraordinario de casación ante la Corte, otra apelación contra el rechazo de una recusación, una recusación contra tres camaristas y, finalmente, un incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.
Los propios registros electrónicos reflejan la velocidad de la secuencia. El 21 de agosto, a las 15:57, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 264, que rechazó el planteamiento de prescripción. Apenas ocho minutos después, a las 16:05, ingresó otro escrito: el recurso extraordinario de casación contra el A.I. N.º 113.
Ese mismo día, a las 20:43, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Menos de 18 horas después, el 22 de agosto a las 14:31, se presentó la recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación. Finalmente, el 24 de agosto, a las 07:00, se sumó el incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.
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La prescripción, primer frente
Uno de los principales planteamientos de la defensa apunta a extinguir la causa por prescripción y obtener el sobreseimiento definitivo de Wiens, sin llegar a discutir el fondo de la acusación.
El juez Humberto Otazú rechazó ese pedido mediante el A.I. N.º 264, del 14 de agosto. Siete días después, el 21 de agosto, la defensa presentó una apelación contra esa decisión y solicitó la nulidad absoluta de la resolución, además de pedir que el Tribunal declare extinguida la acción penal.
La discusión gira en torno a una citación realizada el 4 de octubre de 2023. Para el juzgado, ese acto interrumpió el plazo de prescripción. Sin embargo, la defensa sostiene que aquella convocatoria hacía referencia al caso Metrobús, pero no comunicaba los hechos concretos que posteriormente fueron incluidos en la imputación contra el exministro.
Entre esos hechos figuran la supuesta orden de demolición de las estaciones 19, 20, 21, 22, 23 y 24, además de actuaciones ocurridas entre abril y mayo de 2020.
La defensa sostiene que una referencia general al proyecto no puede mantener vigente, durante años, cualquier acusación que posteriormente se incorpore dentro de la misma carpeta fiscal.
Si el Tribunal acepta esa postura, la causa podría terminar por el transcurso del tiempo, sin llegar a un juicio oral sobre los hechos atribuidos por la Fiscalía.
También buscan anular la acusación fiscal
Mientras planteaba la prescripción, la defensa abrió otro frente para cuestionar la validez de la acusación fiscal presentada el 11 de agosto. El incidente de nulidad absoluta fue registrado el 24 de agosto, 13 días después de la presentación de la acusación y 11 días después de la providencia que la tuvo por recibida.
El juzgado había fijado el 16 de agosto como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. Sin embargo, la Fiscalía presentó su acusación contra Wiens el 11 de agosto y, en esa misma presentación, solicitó la abreviación del plazo.
Dos días después, el 13 de agosto, Otazú tuvo por recibida la acusación y corrió traslado a la defensa sobre el pedido de abreviación. Para los abogados de Wiens, el orden procesal debió ser distinto: primero debía resolverse la modificación de la fecha y, recién después, podía presentarse válidamente la acusación.
Por esa razón, la defensa considera “extemporánea” la acusación, pese a que fue presentada antes del 16 de agosto. El argumento no apunta a una presentación tardía, sino a que, según sostiene, la Fiscalía actuó antes de contar con una decisión judicial que habilitara el cambio del plazo.
Además, cuestiona que al llegar el 16 de agosto la Fiscalía no haya vuelto a presentar el requerimiento y haya dado por válida la acusación ingresada el día 11.
La pretensión de la defensa es que esa situación alcance a la acusación, a la providencia que la tuvo por recibida y a las actuaciones posteriores que dependan de ellas.
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El sobreseimiento de otros también fue apelado
La ofensiva de la defensa también alcanzó la resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona y Marta Benítez.
La defensa de Wiens intentó apelar esa decisión, pero el Tribunal declaró inadmisible el recurso mediante el A.I. N.º 113, del 7 de agosto. Dos semanas después, el 21 de agosto a las 16:05, fue registrado electrónicamente el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, apenas ocho minutos después de la apelación presentada contra el rechazo de la prescripción.
La defensa sostiene que la resolución que desvinculó a Jiménez Gaona y Benítez no se limitó a disponer sus sobreseimientos, sino que incluyó consideraciones sobre la viabilidad del proyecto, la planificación, los pagos y las causas de la paralización, conclusiones que, según argumenta, podrían terminar trasladando la responsabilidad hacia la administración posterior.
En su recurso, la defensa habla de un “giro abrupto” y “selectivo” de la investigación para conducirla hacia Wiens y busca que la Corte vuelva a analizar una discusión que la Cámara ya había cerrado.
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Recusaron al juez y luego a los camaristas
Otro de los frentes abiertos se centra en la integración de los órganos que deben resolver el caso. La defensa recusó al juez Humberto Otazú al sostener que una sucesión de actuaciones había comprometido la apariencia objetiva de imparcialidad del magistrado.
El Tribunal de Apelación rechazó la recusación mediante el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Ese mismo día, a las 20:43, la defensa registró electrónicamente una apelación contra esa decisión.
En la resolución, según el escrito posterior del abogado Sergio Coscia, el Tribunal señaló que la intención de Wiens, bajo su patrocinio, era “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.
La defensa respondió cuestionando esa conclusión y sostuvo que no existía base suficiente para atribuirle una finalidad dilatoria. También afirmó que la expresión afecta profesionalmente al abogado e insistió en que la Cámara no respondió el planteamiento sobre la imparcialidad objetiva.
La secuencia continuó al día siguiente. Después de que Paublino Escobar Garay, Mario Camilo Torres Leguizamón y José Waldir Servín Bernal rechazaran apartar a Otazú, Coscia presentó una recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación.
El escrito fue registrado el 22 de agosto a las 14:31, menos de 18 horas después de la apelación contra el rechazo de la recusación del juez.
La defensa sostiene que, luego de calificar uno de sus planteamientos como destinado a dilatar el proceso, los magistrados ya no ofrecerían la apariencia de neutralidad necesaria para estudiar los próximos recursos de Wiens. También invoca, de manera subsidiaria, una causal vinculada con enemistad, odio o resentimiento.
Cinco escritos en poco más de 63 horas
Cada una de estas herramientas forma parte de los mecanismos previstos dentro del proceso penal y cada planteamiento deberá ser analizado por los órganos competentes. El derecho a la defensa contempla la posibilidad de recurrir resoluciones, plantear nulidades y promover recusaciones cuando existan fundamentos.
Sin embargo, la particularidad de esta etapa del caso Metrobús radica en la acumulación y la concentración temporal de los incidentes.
Entre las 15:57 del 21 de agosto y las 07:00 del 24 de agosto, los registros electrónicos consignan cinco presentaciones distintas: la apelación por prescripción, la casación relacionada con el sobreseimiento de Jiménez Gaona y Benítez, la apelación contra el rechazo de la recusación de Otazú, la recusación contra los tres camaristas y el incidente de nulidad contra la acusación fiscal.
La secuencia también fue objeto de observación por parte del propio Tribunal de Apelación, que dejó constancia, respecto de una de las recusaciones, de que la intención sería “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.
Wiens y su defensa rechazan esa conclusión. Tras esa afirmación, presentaron una nueva apelación y posteriormente recusaron a los magistrados que integraban el Tribunal.
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Mientras tanto, el fondo del caso continúa pendiente. La Fiscalía busca llevar a juicio las decisiones adoptadas durante la gestión de Wiens en el proyecto Metrobús, mientras que la defensa intenta, a través de distintos planteamientos, extinguir la causa por prescripción, anular la acusación fiscal, reabrir decisiones relacionadas con otros imputados y cuestionar a los magistrados que intervienen en el proceso.
Ahora corresponderá a la Justicia resolver si cada uno de estos recursos tiene sustento. Pero, antes de que la causa pueda avanzar hacia el juicio oral, el expediente deberá atravesar esta sucesión de apelaciones, nulidades y recusaciones promovidas por la defensa del exministro.
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Estafa a colonos: se suspendió audiencia de acusados y querella pidió aplicar sanción por chicanas
Se suspendió la audiencia preliminar de tres acusados por la millonaria estafa, cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Río Verde, San Pedro. Esta vez la diligencia judicial se postergó porque el acusado, José Ljubetic, cambió de abogado minutos antes de iniciarse la diligencia judicial, por lo que el acto fue considerado como una chicana, más a los efectos de dilatar que el proceso penal pueda seguir su curso.
Ante la nueva suspensión de la diligencia judicial, la querella adhesiva representada por la abogada Gessy Ruiz Díaz, solicitó al juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, la sanción disciplinaria por chicanero al acusado Ljubetic. Este pedido deberá ser estudiado por el citado magistrado.
Asimismo, en el presente caso están acusados William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados y quien sería uno de los cerebros de la megaestafa; y la abogada Ilse Paredes.
El Ministerio Público presentó acusación y pidió que el proceso se discuta en un juicio oral y público. Sostuvo que cuenta con suficientes elementos probatorios para debatir en juicio oral y poder lograr una sentencia condenatoria.
Extracción de datos pendiente
Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.
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A Ultranza Py: se suspendió la audiencia preliminar de Gianina García Troche
Se suspendió la audiencia preliminar de Gianina García Troche, expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, acusada por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el marco del caso “A Ultranza Py”.
La audiencia se pospuso por pedido de la fiscal interina, María Irene Álvarez, quien tenía otros juicios ya fijados. El acto civil había sido programado por la jueza Rosarito Montanía con el fin de resolver si la causa se eleva a juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público.
El juzgado deberá establecer una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar. En dicha instancia, la Fiscalía expondrá su acusación y fundamentará el pedido de elevación a juicio.
Según la acusación fiscal, García Troche habría utilizado dinero proveniente del narcotráfico para sostener un elevado nivel de vida, realizar inversiones en un club de fútbol, constituir empresas y adquirir bienes de lujo durante su permanencia en Paraguay.
La Fiscalía sostiene que la entonces pareja de Marset se benefició de las ganancias ilícitas generadas por la organización criminal —liderada por el uruguayo y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”— y que, además, participó en la inserción de esos recursos dentro del sistema financiero nacional a través de estructuras empresariales y patrimoniales.
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Fijan audiencia preliminar para acusados por estafa a colonos menonitas
El próximo 21 de agosto, a las 08:45, se llevará a cabo la audiencia preliminar para el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín, y otros acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Las víctimas de este caso son colonos menonitas de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro. Además de Bogarín, están acusados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Asimismo, se espera que se realice la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín, procedimiento que podría aportar información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
La acusación
La acusación fiscal sostiene que los hechos comenzaron en el año 2017, cuando el acusado Ljubetic se presentó ante la familia Friesen como supuesto abogado y experto en trámites de tierras. Tras ganarse la confianza de los inversionistas, primero los desaconsejó de realizar la compra legítima de unas propiedades ofrecidas por terceros, alegando que podrían caer en manos de estafadores. Una vez consolidada su credibilidad, ofreció gestionar la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, supuestamente pertenecientes al Indert y ubicados en la Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia.
Ljubetic aseguró contar con un “equipo jurídico” integrado por los abogados William Bogarín e Ilse Paredes, quienes efectivamente participaron en la elaboración de escritos judiciales y administrativos con contenido falso utilizados para sostener el engaño. Según la Fiscalía, se promovieron juicios de interdicto de recobrar la posesión basados en hechos inventados, afirmando que los Friesen habían sido despojados violentamente de los inmuebles, pese a que jamás tuvieron la posesión de estos.
Los documentos presentados por los acusados —incluyendo planos, fotografías, comunicaciones vía WhatsApp, escritos dirigidos al Indert y supuestas resoluciones judiciales— mantenían a las víctimas en una expectativa constante. Para sostener el esquema, se reportaron viajes ficticios al Chaco, mensuras inexistentes, comisiones falsas de funcionarios públicos e incluso audios en los que Ljubetic afirmaba que ya se había ordenado el ingreso a las propiedades.