La jueza penal de Garantías Isabel Bracho resolverá este viernes si eleva a juicio oral y público el proceso penal que soporta el intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, acusado por hecho punible de lesión de confianza.
La agente fiscal María José Giamperi se ratificó en su acusación y pidió al juzgado que el presente proceso penal se discuta en un juicio. En tanto, la defensa del acusado planteó la nulidad de la dicha acusación.
La fiscal pidió la inclusión probatoria de más de noventa elementos colectados, entre ellos pericias de auditoría contable, pericia de obras, testimoniales y documentales, e informes de la Contraloría General de la República, entre otras pruebas.
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Antecedentes
La causa por lesión de confianza se inició a raíz de las denuncias presentadas en sede de la Fiscalía de San Antonio, donde denunciaron malversaciones de fondos del Fonacide para meriendas y almuerzo escolar, así como construcción de aulas, por parte del acusado durante su gestión en el periodo 2010/2015.
Se pudo constatar un daño patrimonial de G. 715.305.500 así como sobrefacturaciones en materiales de construcción en las escuelas Oñondivepa y San Miguel, del programa Fonacide.
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Comisión de intervención: “Vamos a darle todas las garantías, nadie nos baja línea”, dice Meza
El diputado Hugo Meza sostuvo que el intendente esteño Miguel Prieto y sus aliados se encuentran atravesando por una “histeria colectiva” al resistirse al requerimiento de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Este lunes a las 11:00 se prevé la instalación de la comisión que indagará la gestión del líder del movimiento Yo Creo.
“Necesitamos saber qué está pasando en Ciudad del Este, me preocupa esta histeria colectiva de temer tanto a una intervención. Quiero que ellos (Prieto y sus concejales aliados) estén tranquilos, vamos a darles todas las garantías”, dijo Meza, este lunes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Meza también se refirió sobre el discurso de los parlamentarios opositores en que alegan que el requerimiento de auditar la gestión de Prieto obedece solo a una instrumentación política con el objetivo de sacar al dirigente opositor de la arena electoral.
“Ellos desacreditan a las instituciones legalmente constituidas y recurren a la vieja muletilla de persecución política con el afán de distracción de lo que verdaderamente necesitamos saber, consistente en qué pasa con los miles de recursos que maneja una municipalidad de primera como es Ciudad del Este. La oposición tiene una doble moral“, dijo.
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Inacción fiscal
Asimismo, el parlamentario cuestionó la inacción por parte del Ministerio Público en avanzar sobre las 49 denuncias penales por corrupción que fueron presentadas contra Prieto. “Quiero también abordar sobre este elemento que poco se habla, acá hay un tremendo fracaso de la Justicia y la Fiscalía. No olvidemos sus denuncias por malos manejos administrativos, de nepotismo. ¿Hizo algo la Justicia, actuó la Fiscalía? No se expidió sobre ninguna", lamentó Meza.
La comisión especial de intervención para la municipalidad de Ciudad del Este también se encuentra integrada por Alejandro Aguilera (ANR-Guairá), Miguel Ángel del Puerto (ANR-Caaguazú), Avelino Dávalos (ANR-Caazapá), Hugo Meza (ANR-Cordillera), Arturo Urbieta (ANR-Concepción), Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), Cleto Giménez (PLRA-Canindeyú), Carlos María López (PLRA-Cordillera), Walter García (Yo Creo-Alto Paraná).
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Concejales de Prieto actúan de forma “peligrosa y disparatera”
“Me preocupa mucho cuando peligrosamente se quiere desconocer a las instituciones legalmente constituidas”, sostuvo el diputado colorado Hugo Meza, apuntando contra los concejales que fungen como aliados del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
“Los concejales se atribuyeron funciones que no les compete que es la interpretación de la Constitución Nacional. El único órgano que puede expedirse sobre una constitucionalidad o no es la Corte y no una Junta Municipal. Lo que sucedió en esa junta fue peligroso, disparatero e irresponsable“, sostuvo en una entrevista con la 1140 AM.
Como intento de salvataje a Prieto, la junta municipal de Ciudad del Este, encabezada por Sebastián Martínez, declaró “ilegal e inconstitucional” el accionar de la Contraloría General de la República en relación con la solicitud de intervención del municipio al detectarse irregularidades.
“Es una medida completamente legal y constitucional la solicitud de la Contraloría ya que es la institución encargada de velar por el control de la gestión de los recursos públicos. La Constitución Nacional es bastante clara en su artículo 165″, refirió Meza.
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Principales hechos
De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.
También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.
En lo que respecta a la administración del intendente capitalino, Óscar Rodríguez, detalla supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024. El contralor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.
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Expresidente de Patria Querida a favor de que Miguel Prieto sea indagado
El analista político y extitular del Partido Patria Querida (PPQ), Mario Paz Castaing, indicó que se encuentra a favor de que la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sea indagado mediante una intervención.
“No voy a defenderlo por una cuestión meramente política, tiene que defenderse. Si Prieto cometió errores debe ser verificado y tendrá que asumir la responsabilidad del caso“, afirmó en una entrevista con la 1330 AM.
De esta manera Paz Castaing, rechazó el discurso esgrimido por el líder del movimiento Yo Creo y sus correligionarios opositores, consistente en sostener que el solicitud de intervención por parte de la Contraloría General de la República, obedece a una persecución política por parte del oficialismo colorado.
“Si en Ciudad del Este también se falló, si existen irregularidades tiene que ser investigado. Si Miguel Prieto supera y avanza sobre todas estas cuestiones de manera institucional, será mucho más creíble y confiable su liderazgo político”, sostuvo.
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Asimismo siguió sosteniendo que “la vara tiene que ser para todos, si vamos a aplicar el concepto de irregularidad. Cuando se falla hay que someterse, para eso están los organismos, los controles, que hacen a la institucionalidad de un país”.
No obstante, Paz Castaing dijo que la Contraloría no cuenta con facultades para requerir la intervención de municipios. “Los pasos que se deben dar deben ser institucionales. Yo no sé hasta que punto un contralor tiene el derecho de pedir la intervención”, comentó.
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Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto, en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
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Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66. De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.