Los concejales Tomás González, Aldo Maciel y Emilio Espinoza piden celeridad a la Contraloría General de la República para emitir el dictamen sobre la verificación que se realizó al Centro de Salud de San Antonio, en el departamento Central, en el que, según manifestaron los ediles, aún está pendiente de finalización de las obras de adecuación, incumpliendo así con un convenio firmado con el Ministerio de Salud.

Según explicó el concejal González a La Nación/Nación Media, se presentó una denuncia ante la Contraloría el pasado 9 de julio adjuntando documentaciones respecto a las irregularidades cometidas por el intendente liberal, Santiago Aguilera, y como consecuencia, hubo una verificación in situ por parte del equipo del ente contralor, pero hasta la fecha, no hay un informe final sobre el trabajo realizado.

La administración del jefe comunal firmó un convenio en 2022 con el Ministerio de Salud mediante el cual se comprometía a ejecutar obras en el Centro de Salud, de modo que la cartera sanitaria pueda elevarlo a Hospital Materno Infantil y dotarlo del equipamiento y personal necesario.

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Sin embargo, las obras no han culminado y las refacciones realizadas son de mala calidad, según detalló el edil, quien recordó que para esta obra el municipio invirtió más de G. 2.500 millones, no obstante, existen irregularidades cometidas por la gestión de Aguilera que parten desde la adjudicación.

“Instamos a la Contraloría General República a corroborar las irregularidades en esta licitación, pues con una simple revisión in situ se observa la mala calidad y falta de cumplimiento del pliego y base de condiciones de dicha licitación”, expresó el concejal.

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De acuerdo a la denuncia presentada por los tres concejales, existe un sinfín de irregularidades en esta obra, por ejemplo, el aumento por más de G. 419 millones del costo de la obra posterior a su adjudicación, por lo que se sospecha que esta pudo haber sido una maniobra para direccionar la licitación a la empresa adjudicada fijando previamente una oferta más competitiva.

También se habla de retrasos en la entrega de una parte de la obra, la falta de exigencia a la firma para ejecutar la multa por su incumplimiento. En el documento se menciona que la obra no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que el centro de salud habría sido “objeto de un supuesto daño patrimonial o estafa”, advirtieron.

Las obras entregadas a la fecha fueron realizadas por una empresa distinta a la que firmó inicialmente el contrato, sostiene la denuncia, y alegan que la subcontratación no era una herramienta que podía aplicarse a este llamado.

“El Ministerio de Salud y la verificación in situ señalaron casos muy peligrosos con respecto a las faltas de pilares importantes para la seguridad de las obras”, sostiene la denuncia que fue remitida a Contraloría.

“Exigimos al intendente que en la brevedad posible cumpla con el convenio en cuanto a la transferencia del título de propiedad a nombre del Ministerio de Salud y la refacción de los 650 m2 del edificio viejo que falta, que justamente el secretario general de la intendencia había confirmado que aún falta esa parte de modo que posteriormente el ministerio pueda cumplir con su parte de equipar y elevar de categoría”, cerró diciendo el concejal.

Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.

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El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.

Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.

Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.

Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.

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El concejal Ernesto Guerín requirió la intervención del Ministerio Público en la Municipalidad de Ciudad del Este ante la escalada de actos violentos perpetrados por adherentes del intendente suspendido Miguel Prieto. El edil colorado alegó que la situación obstaculiza el normal funcionamiento de la comuna.

“Existe una guerra campal y no sabemos qué nos espera hoy. Los séquitos de Prieto rodean y asfixian a la municipalidad, hacen destrozos contra bienes públicos y hasta ahora eso no tiene una consecuencia jurídica, entonces uno puede venir a destrozar todo y no ir preso“, dijo Guerín, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que Prieto mantiene movilizados a sus adherentes con la finalidad de generar caos en el marco del tratamiento de su destitución, que será analizado este martes por la Cámara de Diputados mediante una sesión extraordinaria. El informe final de la fiscalización emitido por el interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, expone graves irregularidades en la gestión del opositor y la tendencia apunta a que sería apartado del cargo.

“Esto es triste, hay mucha gente que quiere hacer sus gestiones, pero no puede debido a que la municipalidad está con los brazos caídos. Hay convocatoria a manifestaciones en la zona de la rotonda, no sabemos qué es lo que planean la gente de Miguel Prieto y hacia dónde nos vamos porque la municipalidad no está trabajando”, refirió.

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“Este grave hecho, que se suma a otros actos como el robo de equipos informáticos, el acceso de funcionarios directivos en horas de la noche y el ataque a vehículos asignados a la intervención, comprueba el sistemático esquema de maniobras arteras, violencia e intento de amedrentamiento sufrido por el equipo interventor durante todo el proceso”, refiere el comunicado lanzado días atrás por el interventor tras el atraco a su despacho y la instalación de micrófonos para espiarlo.

Todas las irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República (CGR) en la auditoría fueron corroboradas por la intervención: el mal uso del combustible, las inversiones en gastos de capital que fueron a parar a gastos corrientes por más de 29.000 millones, la existencia de cajas paralelas, funcionarios municipales que efectivizaron cheques entregados a comisiones vecinales, entre ellos, uno de G. 600 millones.

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El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, se ratificó en que los audios filtrados en redes sociales, presuntamente por el equipo de Miguel Prieto, fueron montados con la finalidad de desmeritar su trabajo de fiscalización técnica. El informe final de 212 páginas, elaborado por el economista, corrobora las graves irregularidades observadas por la Contraloría General de la República (CGR) en la gestión comunal del líder del movimiento Yo Creo.

“Me ratifico en que los audios fueron tocados, además de cortados y montados, hay frases que yo niego categóricamente. El interventor se expide a través de su dictamen y el informe final, y no a través de conversaciones grabadas de manera ilegal o mafiosamente. Hay que remitirnos al documento y tratar de rebatir, y no matar al mensajero", dijo Ramírez, este martes, en una entrevista con el programa “Arriba Hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Cámara de Diputados sesionará esta mañana, a fin de considerar como único punto el informe emitido por la intervención para resolver si destituyen o no al dirigente opositor del cargo de intendente. “Hay como una estrategia perversa de bajar el precio a las irregularidades administrativas. Las reglas administrativas protegen a los ciudadanos del mal manejo de los administradores públicos. Hay que tener mucho cuidado porque con ese criterio solo vamos a tener reglas para los contribuyentes y los administradores harán lo que quieren", refirió.

Asimismo, Ramírez manifestó que “las violaciones a las reglas y procedimientos administrativos son condiciones precedentes para las barbaridades que se pueden hacer posteriormente. En la administración de Prieto hay groseras violaciones administrativas y un manejo discrecional“.

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El economista señaló que uno de los puntos más llamativos se centran en el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna: “Eran simples fachadas”. Agregó que otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Entre las irregularidades detectadas también en la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó el pasado lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.

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