El Tribunal de Apelación integrado por los jueces Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander ratificó la condena de 24 años de cárcel para un hombre que abusó sexualmente de un niño de 8 años de edad. La Fiscalía había solicitado que se rechace la apelación de la defensa del condenado.
Ahora la defensa del sentenciado tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y, en caso de ser así, serán los ministros quienes analizarán si corresponde confirmar el fallo judicial o anular y disponer que se haga otro juicio oral.
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Los agentes fiscales Giovanni Grisetti y Mercedes Caniza representaron al Ministerio Público en el juicio oral que derivó en la condena de 24 años de pena privativa de libertad para un hombre identificado como FSMP, agente policial, por la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños en contra de un niño de 8 años de edad.
El hecho fue denunciado por la madre de la víctima, quien manifestó que en fecha 17 de enero del 2018, a las 21:00 aproximadamente, llegó a su vivienda y encontró al condenado y su hijo saliendo del baño. Posteriormente, el niño con temor le cuenta a su madre lo sucedido y que no fue la única ocasión. El agente policial fue imputado por el Ministerio Público y llevado a juicio oral y condenado en primera instancia.
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Desmantelan en San Lorenzo la base logística de una banda de “piratas del asfalto”
La Policía Nacional junto con el Ministerio Público realizaron este lunes un operativo en la ciudad de San Lorenzo en el que lograron capturar a dos presuntos líderes logísticos de una banda de atracadores. Estos estarían involucrados en el asalto a edificio en Asunción, atraco a una transportadora de mercaderías y al almacén de Gical en Mariano Roque Alonso.
Según el comisario Marcelino Espinoza, este operativo se realizó tras una serie de investigaciones que permitieron localizar a estas personas en el barrio Barcequillo, en el límite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora.
Este fue detenido cuanto estaba saliendo de una vivienda en la que se mantenía oculto desde hace mucho tiempo.
Se trata de Cristian David Flecha y Pablo Andrés Morínigo, quienes contaban con varias órdenes de captura. Ambos formarían parte de una banda criminal integrada por unas 20 personas, dedicada a asaltar entidades que manejan grandes sumas de dinero o artículos de valor, como aparatos electrónicos.
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“Estos hombres habrían atracado del edificio Fortaleza, donde se apoderaron de una fuerte suma de dinero en efectivo. Así también, a Flecha se le investiga con un evento reciente en el que asaltaron del almacén de Gical, en el que resultó herido un efectivo policial”, expresó Espinoza, en entrevista con NPY.
Afirmó que se cuenta con evidencia de que estas personas estarían involucradas en un asalto a un transportador que llevaba celulares y medicamentos en San Pedro. En el poder de los mismos se encontraron chalecos tácticos, armas de grueso calibre, entre otros objetos.
“Ojalá que esta vez se queden detenidos por un buen tiempo, porque tenemos varias evidencias en su contra. A uno ya lo capturamos en una oportunidad y fue liberado, ahora se lo vuelve a involucrar en varios asaltos importantes”, puntualizó.
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Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
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La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.
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Condenan a tres hombres tras caer con más de 1.000 kilos de marihuana en Naranjal
- Ciudad del Este. Agencia regional
Un juicio oral desarrollado en el Tribunal del Crimen Organizado de Asunción culminó hoy con la condena de tres personas por tráfico internacional de droga.
El fiscal Elvio Aguilera Vázquez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná, fue quien desarrolló la acusación en juicio.
Los condenados son: Anderson Oliveira Cardozo y Roberto Fernández Ortellado Greff , quienes recibieron el fallo de 12 años de prisión y, Nardi Rumina Rotela Ayala, a 10 años de pena privativa de libertad. Fueron encontrados culpables por los hechos punibles de remisión de sustancias estupefacientes al extranjero y asociación criminal.
El tribunal que dictó sentencia estuvo integrado por los jueces Federico Rojas, Rossana Maldonado y María Luz Martínez. El caso ya data de diciembre de 2020 cuando se realizó un procedimiento que derivó en la detención de los hoy condenados.
Fue el 6 de diciembre de 2020, a las 10:25, durante un allanamiento efectuado a una granja ubicada en el distrito de Naranjal. La intervención estuvo encabezada por el fiscal Aguilera Vázquez, con apoyo de agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y del Comando Tripartito.
En esa ocasión, los intervinientes constataron la existencia de 1.150 kilos de marihuana prensada, distribuidos en 1.247 panes, ocultos en la vivienda dentro de un camión y otros vehículos preparados para su traslado clandestino al extranjero, principalmente al Brasil, según se expuso en juicio.
La droga era acondicionada en compartimientos de doble fondo instalados en tractocamiones. En total, fueron inspeccionados cinco vehículos de gran porte de la marca Scania, cuyas carrocerías presentaban modificaciones estructurales para ocultar la droga.
Como resultado del procedimiento, fueron detenidos inicialmente Anderson y Alexis Oliveira Cardozo, señalados como responsables del manejo del establecimiento. Según la investigación, ambos se encargaban de acondicionar los vehículos y ocultar los paquetes de marihuana en los compartimientos preparados para su traslado.
Posteriormente, llegó al lugar Roberto Fernández Ortellado Greff, quien se presentó a bordo de un vehículo Toyota Premio, sin chapa y, al percatarse del allanamiento intentó sobornar a los agentes.
Según la acusación, ofreció inicialmente USD 50.000 y luego aumentó la propuesta a USD 100.000, manifestando que su patrón, un narcotraficante conocido con el alias de “Chipa”, pagaría dicha suma a cambio de suspender la intervención.
La Fiscalía dispuso la incautación de la droga y de los vehículos utilizados para el transporte. Posteriormente, fue detenida Nardi Rumina Rotela Ayala al ser confirmado por los investigadores que uno de los tractocamiones empleados para el traslado de la droga era de su propiedad.
Además de las condenas, el tribunal ordenó el comiso de seis tractocamiones con sus respectivas carretas y dispuso la extinción de la acción penal respecto a Alexis Oliveira Cardozo, debido a su fallecimiento.
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Ratifican millonaria condena civil por la muerte de futbolista sub 14 a causa de un bache
El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, integrado por Carlos Escobar, Hugo Garcete y Osvaldo Enrique González, confirmó la condena contra el Estado paraguayo, que deberá indemnizar con G. 900 millones, más los intereses acumulados, que rondarían los G. 3.000 millones, a los padres de Javier Alexander Yegros Riveros, futbolista de la Sub 14 del Club Olimpia, fallecido en un accidente de tránsito provocado por un bache en la ruta Acceso Sur, en octubre de 2019.
Los magistrados de segunda instancia llegaron a la conclusión que se ha probado plenamente la responsabilidad del Estado, al comprobarse que el pavimento presentaba un bache de grandes dimensiones, incumpliéndose el deber de conservación y mantenimiento de la vía pública.
La demanda en el fuero civil y comercial fue presentada por los padres del adolescente, Francisco Javier Yegros León y Amelia Riveros Benítez, contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), reclamando una indemnización por los daños sufridos tras la muerte de su hijo.
El fallo judicial indica que el percance se registró cuando la rueda delantera de un vehículo de gran porte cayó en el bache, se desprendió e impactó contra el automóvil en el que viajaba la víctima junto a otros menores, provocando el fallecimiento inmediato del conductor y graves lesiones a los ocupantes.
En primera instancia se hizo lugar a la demanda civil por daño moral y daño emergente, al considerar plenamente probado el perjuicio ocasionado a la familia del joven deportista. La familia reclamó un total de G. 33.602.400.000, por daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño psicológico y pérdida de chance. No obstante, se consideró que solo correspondía otorgar la indemnización por daño moral y daño emergente.
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