Un tribunal de Oslo condenó este lunes a cuatro años de prisión a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, tras declararlo culpable de dos violaciones y absolverlo de otras dos, en un caso que ha vapuleado a la monarquía del país nórdico. Además de las dos violaciones —una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero—, la condena incluye maltrato repetido contra una expareja, amenazas e infracciones de tráfico.

Hoiby, de 29 años, hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe Haakon, se enfrentaba a 40 cargos y a una pena máxima de 16 años de prisión. Sin cargo oficial ni profesión fija, siempre negó las acusaciones más graves, las violaciones a cuatro mujeres que no podían resistirse, así como el maltrato repetido a una expareja.

Por motivos de salud no especificados, Hoiby, en prisión preventiva desde febrero, no estuvo presente durante la lectura del veredicto, que siguió por videoconferencia desde la cárcel. La fiscalía había solicitado siete años y siete meses de prisión, mientras que la defensa pedía su absolución en los cargos de violación y una pena de año y medio por otros delitos.

Hoiby había reconocido algunos cargos, como el transporte de 3,5 kg de marihuana, lesiones físicas y amenazas.

El juicio, celebrado entre el 3 de febrero y el 19 de marzo, expuso a la luz pública la vida de excesos del joven, que saltó a la esfera pública con solo tres años debido al romance entre Mette-Marit y Haakon.

“Soy conocido sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. Por eso he tenido una necesidad extrema de reconocimiento toda mi vida”, declaró el segundo día del juicio. “Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”, añadió.

Según la acusación, las violaciones se cometieron entre 2018 y 2024 tras fiestas en las que Hoiby había consumido alcohol y estupefacientes.

En cada caso, tras las relaciones sexuales consentidas, se habrían producido otros actos ilegales cuando las jóvenes parecían estar dormidas.

El debate judicial se centró en el estado de conciencia de las presuntas víctimas y en lo que Hoiby podía percibir en el momento de los hechos. En su alegato, el fiscal Sturla Henriksbo describió a un acusado “que se cree que todo le está permitido”.

A pesar de sus explicaciones confusas y sus lagunas de memoria, Hoiby insistió en que no tenía “por costumbre mantener relaciones sexuales con mujeres que duermen”.

También denunció la presión mediática, que, según él, lo había convertido en “un monstruo”, “objeto del odio de toda Noruega”.

El caso salió a la luz el 4 de agosto de 2024, cuando Hoiby fue detenido por supuestamente haber agredido a su pareja la noche anterior en un barrio rico de Oslo. La prensa publicó entonces una foto de un cuchillo clavado en una pared y una lámpara rota en el suelo. Otra mujer, la influencer Nora Haukland, afirmó más tarde haber sufrido también violencia física y psicológica, un “régimen de terror”, según la acusación.

Durante el juicio, Hoiby reconoció que los celos podían hacerle perder el control. Fue al analizar sus teléfonos y ordenadores cuando los investigadores encontraron vídeos que, según ellos, documentaban las violaciones.

Aunque Hoiby no forma parte oficialmente de la familia real, este caso ha contribuido a debilitar el apoyo de la opinión pública a la monarquía noruega, que, no obstante, sigue siendo relativamente alto.

Este caso se suma a otros escándalos, como las recientes revelaciones sobre la correspondencia mantenida entre Mette-Marit y el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014, cuando el financiero estadounidense ya había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.

La princesa, de 52 años y afectada por una enfermedad pulmonar incurable, ha visto cómo su estado de salud se deterioraba notablemente en los últimos meses, hasta el punto de que los médicos la han incluido en una lista de espera para un trasplante.

Fuente: AFP.

Este miércoles prosiguió el juicio oral contra el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, quien está siendo juzgado por la presunta frustra­ción de le ejecución y perse­cución penal por supuesta­mente no alertar operaciones del empresario Darío Mes­ser, entre los años 2017 y 2018. En esta jornada se realizó la producción de documentos, dando continuidad con este proceso judicial.

“En su mayoría es información interna de la Secretaría de Lavado de Dinero en aquel entonces, los procedimientos que se llevaron adelante y también, cómo el caso en sí está construido por el Ministerio Público a partir del ejercicio de funciones, también toda una serie de actos normativos que denotan quien ejercía qué función y en qué época”, detalló el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El juicio prosigue ya con las pruebas documentales, ya que los 11 testigos ya cumplieron con las declaraciones ante el Tribunal de Sentencia en el marco de esta causa. De acuerdo con el abogado, en estas declaraciones se confirma que la argumentación de la fiscalía contra el exministro de la Seprelad no se ajusta a los hechos.

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“La declaración de los testigos lo que denota es una tramitación normal para lo que es un informe de inteligencia financiera, no hay ningún tipo de violación de plazos, y siempre insisto en el punto fundamental, no existió ningún tipo de filtración de información por parte de la Secretaría. Eso se acredita con el caso que las personas que eran objetos de inteligencia financiera no intentaron siquiera realizar ningún tipo de movimiento respecto a su patrimonio”, refirió.

Indicó que los testigos explicaron “cada uno de los pasos dentro de estas etapas que finalmente se culmina en un informe de inteligencia financiera, por ejemplo, el área de asesoría jurídica y el tiempo en el cual la asesoría analizó el borrador de informe y emitió su dictamen, y su dictamen con recomendaciones de profundización de ciertos aspectos antes de tomar la decisión final de remitir al Ministerio Público”.

Agregó que “el plazo en el cual la fiscalía no encuentra irregularidad alguna y es un tema interesante de destacar, la fiscalía cuando hace referencia a Óscar Boidanich denuncia un plazo entre junio del 2017 y abril del 2018, pero dentro de esos plazos fueron pasando varias etapas y varias áreas, como por ejemplo, la dirección de Asuntos Jurídicos que entre ese borrador y otros borradores de informes y otras tareas de la dirección llevó un trabajo de casi 5 meses”.

Ateniendo a todas estas informaciones, “eso la fiscalía no observa como irregular, entonces tampoco se le puede adjudicar a Óscar Boidanich y posteriormente a plazos que están relacionados a los meses de enero a febrero, marzo y abril, en los cuales Boidanich tampoco estaba ejerciendo la función de secretario ejecutivo”.

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La declaración de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, en el marco del juicio contra Arnaldo Giuzzio, fue reprogramada para el jueves 25 de junio a las 8:00, a pedido de las autoridades del Brasil, donde el presunto narcotraficante brasileño está detenido desde febrero de 2022. La audiencia testifical estaba prevista este miércoles, en la continuidad del proceso contra el exministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado (soborno) al recibir supuestos beneficios y favores de Marcus Vinicius mientras buscaba convertirse en proveedor del Estado de equipo y servicios de blindaje.

Las autoridades brasileñas remitieron una nota solicitando un plazo de 10 días al Tribunal de Sentencia conformado por Adriana Planás, Mathías Garcete y Yolanda Morel, reportó el periodista de judiciales Aldo Insfrán para el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. No obstante, el juicio de este miércoles prosiguió con la presentación de pruebas documentales por parte del Ministerio Público, representado por la agente fiscal Verónica Valdez.

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De acuerdo a la nota remitida por las autoridades brasileñas, no pueden llegar hasta la penitenciaría donde se encuentra recluido Marcus Vinicius. Por su parte, la fiscal del caso Verónica Valdéz informó también que el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, se comunicó con las autoridades brasileñas quienes ratificaron el pedido de un plazo de 10 días para garantizar la declaración de Marcus Vinicius.

Uno de los episodios más citados por la acusación es el viaje realizado por Giuzzio y su familia a Brasil a fina­les de 2021, utilizando una camioneta propiedad de una empresa vinculada a Vinicius. Para los fiscales, este hecho constituye un indicio claro de los beneficios inde­bidos que recibió el enton­ces ministro.

Los investigadores afirman que existía una relación directa y frecuente entre ambos, respaldada por mensajes de WhatsApp, reuniones personales y otros elementos documentales presentados durante el juicio oral. En este contexto, Marcus Vinicius fue citado a declarar, para aportar en la relación que mantuvo con el exministro abdista.

En esta causa, la fiscal Verónica Valdez confirmó el lunes pasado que el Ministerio Público pudo acceder hace pocos días a un equipo con capacidad suficiente para revisar más de 13.000 páginas de la extracción de chats del narco brasileño Lindomar Reges Furtado (socio de Marcus Vinicius), quien en 2022 escapó del Paraná Country Club de Hernandarias, fue capturado en Río de Janeiro en febrero de 2025 y condenado a 37 años de cárcel por tráfico de drogas, en mayo de 2026.

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Una hija de Diego Maradona apuntó este martes entre lágrimas contra el equipo médico que atendió a su padre y señaló que en determinadas situaciones “nadie se estaba haciendo cargo” de las condiciones de su internación, en el proceso que juzga a profesionales de la salud por la muerte del ídolo.

Dalma Maradona, su hija mayor, habló durante la audiencia número 17 del juicio que tiene a siete personas acusadas de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte del ‘Diez’.

Con diferentes estrategias, todos claman inocencia.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar mientras se recuperaba de una neurocirugía en una casa de Tigre, 50 km al norte de Buenos Aires.

Con la voz entrecortada por la emoción, Dalma dijo que la compañía de salud y los principales médicos se habían comprometido a “una internación domiciliaria seria, con elementos, enfermeros, acompañantes terapéuticos, ambulancia 24 en la puerta”.

“Con el diario del lunes (después) nos dimos cuenta que eso no era así”, señaló la hija del ídolo al tribunal de San Isidro, 30 km al norte de Buenos Aires.

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En un episodio en el que el exfutbolista argentino tuvo una intoxicación, la coordinadora de la internación consultó con las hijas qué acción tomar frente al episodio.

“Dijimos: ‘que lo trasladen con una ambulancia’. Pero no había y nadie se estaba haciendo carga de la situación”, recordó la mujer, de 39 años.

El juicio pone en cuestionamiento tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria.

“Si nosotros hubiéramos sabido que se iba a desarrollar como se desarrolló la internación, no hubiera sido opción. Si nos decían que no iba a haber ambulancia no hubiera pasado, porque con las condiciones de mi papá eso era esencial”, señaló Dalma.

Una octava, enfermera, será juzgada aparte en un juicio por jurados. Los ocho arriesgan 25 años de prisión. Dalma es la tercera y última de las hijas del ídolo en exponer en el juicio por la muerte de su padre.

Primero testificó a su hermana Gianinna, de 37 años, que fue aún más enfática en sus señalamientos contra los médicos, y luego su media hermana Jana, de 30.

El proceso se desarrolla en dos audiencias semanales, comenzó en abril y se espera que se extienda al menos hasta julio.

• Fuente: AFP

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