Se trata de Fabián Weinsensee, quien según la auditoría de la máxima instancia judicial incurrió en un hecho irregular al autoasignarse como depositario judicial de una lujosa camioneta incautada de un supuesto narcotraficante. Foto: Archivo
Corte suspendió firma de convenio con JEM por blanqueo a juez que usó camioneta de narco
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su sesión plenaria de este miércoles, suspendió la firma del convenio con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para la implementación del expediente electrónico en el referido órgano por el blanqueo al magistrado de sentencia Fabián Weinsensee, quien, según la auditoría de la máxima instancia judicial, incurrió en un hecho irregular al autoasignarse como depositario judicial de una lujosa camioneta incautada de un supuesto narcotraficante.
Algunos ministros de la Corte demostraron su disconformidad por la determinación adoptada por el JEM, mientras que otros altos magistrados se llamaron a silencio y quedando como protectores del criticado magistrado Weinsensee.
“Se trata de un individuo disfrazado de juez que estaba paseando o usando un auto que forma parte de un proceso, no puede ser depositario judicial bajo ninguna circunstancia. La Corte está preocupada por ese episodio, qué representa la imagen ante la ciudadanía de bien de un individuo disfrazado con toga que está haciendo semejante demostración de ilicitud”, argumentó el ministro Garay.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) blanqueó al juez de sentencia de la capital Fabián Weinsensee, quien fue denunciado por la propia Corte Suprema de Justicia por autoasignarse como depositario judicial del lujoso vehículo que estaba en un proceso por narcotráfico. El hecho irregular fue constatado mediante una auditoría.
Los integrantes del JEM que posibilitaron que el caso quede impune son Jorge Bogarín, Fernando Silva Facetti, David Rivas y Eusebio Alvarenga, quienes votaron por el rechazo del enjuiciamiento y el archivamiento de la investigación. Llamativamente, fue la propia máxima instancia judicial la que denunció el grave hecho.
Por su parte, los demás miembros, Gladys Bareiro de Módica, Manuel Ramírez Candia, Enrique Bacchetta y Mónica Seifart, votaron por el enjuiciamiento del magistrado judicial. El caso fue al archivo debido a que la ley especial del JEM establece que si no se llega a los cinco votos para el enjuiciamiento, la denuncia queda rechazada.
Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
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La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.
“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.
“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.
La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.
Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.
La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.
Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
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La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
Samara Aguirre, representante de la empresa constructora, aparece junto al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, durante un cumpleaños.FOTO: GENTILEZA
Funcionaria municipal aparece ligada a firma mimada por Prieto
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Una funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este y su entorno familiar aparecen ligados una empresa beneficiada con millonarios contratos por la administración de Miguel Prieto. La firma inició como un club nocturno, pero terminó convertida en una constructora mimada por la comuna esteña.
Por Juan Carlos Lezcano
Lumma Magdalena Silva Battochi no solo es funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, sino que ella y una hermanastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021.
En 2021, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un conocido club nocturno en el este del país.
MODESTA FUNCIONARIA
Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipalidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000.
Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.
La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada días atrás por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millonarias adjudicaciones de contratos a la empresa ligada a esta última.
Con la misma cantidad de acciones que Lumma Silva Battochi, Samara Aguirre aparece en actas posteriores como accionista
CIEN VECES SU SUELDO
Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funcionaria comunal.
La accionaria mayoritaria es Lilian Gregoria Graciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones.
Actas posteriores revelan que Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez.
Samara registró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por la funcionaria comunal.
De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Benítez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de hermanas” en posteos realizados sobre fechas especiales para ambas.
DE GOLDEN ROUGE A SCDE
De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público y a documentos a los que tuvo acceso LN, la firma que se encuentra en la mira se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada de la administración Prieto y a la que adjudicó contratos por G. 10.706 millones para refacciones en escuelas, obras viales en menos de dos años. Los fondos provienen del Fonacide.
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba entre sus actividades el “servicio de bebidas”.
Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió mudarse a una nueva sede.
El 9 de julio de 2021, Lilian Benítez Villalba acudió como presidenta del directorio de la firma a solicitar el cambio de denominación y también de las actividades declaradas por la empresa.
Como actividades secundarias declararon “construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción”. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Entre los accionistas de la asamblea del cambio de denominación figuraban, siempre según el acta notarial, Lilian Gregoria Graciela Benítez y Lumma Magdalena Silva Battochi, quien como mencionamos líneas arriba es la funcionaria denunciada.
CERCANOS A PRIETO
Como representantes de la firma contratista aparecen Samara Aguirre y Lilian Graciela Benítez.
Aguirre tiene fotografías en redes sociales en las que aparece en cumpleaños infantiles compartiendo junto al intendente Prieto y a la concejal Valeria Romero, una de las personas de confianza del jefe comunal.
Por su parte, Lumma Silva Battochi está casada con Juan Quiroga, quien es director de la Secretaría de la Vivienda de la comuna esteña.
La Corte dispuso que Kattya González no vuelve al Senado
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
Luego de la incidentada sesión, González anunció que iba a recurrir a instancias internacionales para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstitucionalidad ante la Corte.
Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expulsión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía inviable su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de esperarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instancia donde recurrir y definitivamente se queda sin banca en el Senado.
LIBELO ACUSATORIO
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.