El Tribunal de Apelación de la Primera Sala de Alto Paraná confirmó al juez penal de garantías Amílcar Marecos para continuar la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otras 11 personas, investigadas por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Este hecho habría ocasionado un perjuicio a las arcas del municipio de la capital de Alto Paraná de G. 311.580.000.

Con esta decisión del Tribunal de Apelación, el proceso judicial, conocido también como el caso de las ollas populares se reactiva y se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa pasa o no a juicio oral y público.

El incidente presentado por la defensa menciona que “el juez Marecos habría actuado fuera de sus atribuciones al disponer de oficio medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este, sin un pedido previo del Ministerio Público”. Esta misma resolución ya había sido posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.

Mientras tanto los integrantes de este tribunal concluyeron que los argumentos no eran suficientes para apartar al magistrado del caso. La resolución fue firmada por la camarista Marta Acosta, con la adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, los mismos consideraron que las decisiones cuestionadas se enmarcan dentro de las facultades jurisdiccionales y no evidencian parcialidad.

Según la Fiscalía, existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este. De acuerdo con las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a voluntarios de ollas populares” y “Apoyo a voluntarios organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí.

El gobierno brasileño anunció el lunes la suspensión temporal de la primera vacuna de dosis única contra el dengue del mundo tras identificar dos muertes sospechosas.

Desde principios de año, más de medio millón de personas, sobre todos los profesionales de la salud, han recibido la vacuna desarrollada en Brasil por el instituto público Butantan y aprobada en noviembre por las autoridades sanitarias.

Transmitido a los humanos por el mosquito tigre, el dengue puede causar fiebre alta, dolores de cabeza, dolores musculares, náuseas y erupciones cutáneas. En casos excepcionales, puede ser mortal.

De las 501.000 personas vacunadas entre enero y mayo, unas 3.700 presentaron síntomas similares a los del dengue, lo que representa el 0,7 % del total. Mientras que 42 experimentaron reacciones más severas, según el ministerio de Salud.

Se identificaron tres casos graves, dos de los cuales resultaron en la muerte de un hombre de 58 años y una mujer, de 48. Una mujer de 38 años fue ingresada en cuidados intensivos, pero ya recibió el alta.

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“No existen datos suficientes para establecer una relación causal entre la vacuna y estos tres casos graves, pero es una señal de alerta”, declaró en rueda de prensa el ministro de Salud, Alexandre Padilha.

“Aunque los 42 casos más graves representan solo 8 casos por cada 100.000, hemos decidido suspender temporalmente la vacunación” por “precaución”, añadió.

El ministro afirmó que estos efectos adversos fueron “totalmente inesperados”, ya que “no se habían observado” durante los ensayos clínicos de la vacuna realizados con más de 16.000 voluntarios, donde se logró una eficacia del 91,6 % contra la forma más grave de la enfermedad.

La única otra vacuna contra el dengue disponible a nivel mundial es la TAK-003, que requiere dos dosis administradas con tres meses de diferencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una sola dosis podría acelerar y facilitar las campañas de vacunación masiva.

En 2024, Brasil registró más de 6.000 muertes por dengue, casi la mitad del total mundial. La situación mejoró significativamente el año pasado, cuando los decesos cayeron a cerca de 1.800, según cifras oficiales.

• Fuente: AFP

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El movimiento Honor Colorado emitió un comunicado en el que manifestó su postura respecto a los pedidos realizados por sectores de la disidencia colorada ante el Tribunal Electoral Partidario (TEP), relacionados con la auditoría de las máquinas de votación y la eventual suspensión del cronograma electoral de las internas previstas para el próximo 7 de junio.

En el documento, el sector político recordó que participa en las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado desde el año 2010 y aseguró que siempre compitió “conforme a las reglas vigentes”, enfrentando a los distintos movimientos internos dentro del marco institucional.

Asimismo, señaló que incluso en momentos de alta competencia electoral actuó con “responsabilidad institucional”, evitando cuestionamientos extemporáneos sobre sustituciones de candidaturas, incluyendo las relacionadas con la Presidencia de la República en el año 2022. El pronunciamiento surge luego de las presentaciones realizadas el pasado 13 de mayo ante el TEP y de las declaraciones públicas efectuadas por dirigentes de otros sectores internos del Partido Colorado.

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En el comunicado, Honor Colorado sostuvo que la conformación de los distintos órganos partidarios responde a criterios de pluralidad y representación de sectores internos, incluyendo al Tribunal de Conducta y al Tribunal Electoral Partidario, conforme a lo resuelto durante la Convención partidaria del 9 de marzo de 2024.

Además, enfatizó que los plazos y términos del proceso electoral son “perentorios e improrrogables”, por lo que cada sector político debe velar por el cumplimiento del cronograma establecido tanto por el TEP como por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Respecto al pedido de auditoría y suspensión del cronograma presentado por apoderados de movimientos disidentes, el movimiento oficialista afirmó que la solicitud fue realizada de manera extemporánea.

En ese contexto, expresó que no acompañará una eventual postergación de las elecciones internas, argumentando que faltan menos de tres semanas para los comicios y que una suspensión podría poner en riesgo la realización de las elecciones partidarias.

“Una suspensión podría poner en riesgo la realización de los comicios previstos para el 7 de junio del corriente año, situación que el Partido Colorado no puede permitir por la irresponsabilidad de algunos sectores”, señala el documento.

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No obstante, Honor Colorado indicó que acompañará cualquier decisión que adopten el TEP y el TSJE en relación con una eventual nueva auditoría de las máquinas de votación. En ese sentido, recordó que el sistema electrónico fue utilizado en las elecciones internas y municipales del 2021, en las internas partidarias del 2022 y en las elecciones generales del 2023.

El movimiento subrayó además que varios de los dirigentes que actualmente cuestionan el sistema accedieron a sus cargos mediante esos mismos procesos electorales. El comunicado concluye afirmando que la Asociación Nacional Republicana “está por encima de las personas” y que todos los sectores tienen la obligación de preservar la institucionalidad partidaria con responsabilidad.

Tras más de un año de la acusación y dos años de la imputación, sigue trabada la causa penal por las filtraciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que involucra a exaltos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez. El motivo es una serie de recusaciones y recursos planteados por la defensa de exautoridades abdistas.

Aunque el Ministerio Público presentó acusación formal el 11 de marzo de 2025 y solicitó elevar la causa a juicio oral, hasta el momento ni siquiera pudo realizarse la audiencia preliminar.

La Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), encabezada por el ingeniero Raúl Constantino, mantuvieron un encuentro con el Camilo Pérez, intendentable de Asunción por Honor Colorado, con la finalidad de interiorizarse sobre sus propuestas electorales y plantear los requerimientos del sector.

“Nosotros somos los primeros interesados, más allá de la ciudadanía en general, que el trabajo que haga el futuro intendente sea para mejorar el caos que hoy vive la ciudad de Asunción y, en esa línea, para nosotros es importante escuchar las propuestas de los candidatos”, indicó Constantino, este miércoles, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde las primeras horas de la fría mañana de este miércoles se desarrolla la feria “Che sýpe guarã 2.0”, en la Costanera de la capital, con gran afluencia de compradores. Ante el éxito de este tipo de exposiciones, con disponibilidad de carne vacuna, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, anunció que la actividad se trasladará a los departamentos del interior.

El secretario de Estado adelantó que la primera edición en el interior del país se desarrollará en la ciudad de Concepción, con fecha a confirmar, según dijo a Paraguay TV. Adelantó que la realización del evento se está coordinando con las autoridades locales. Indicó que hay otra iniciativa que consiste llevar la “carnicería a tu barrio”, por lo que se está trabajando en la logística para ubicar los camiones con los productos cárnicos.

El presidente de la República, Santiago Peña, inauguró este miércoles el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Chaco, en la ciudad de Villa Hayes, en el departamento de Presidente Hayes, un proyecto impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna). Este es el primer centro de los ocho que serán construidos en suelo chaqueño, y el tercero ya ejecutado a nivel país.

“En estos cinco años tenemos que encargarnos de sembrar muchas semillas, esta es una de las semillas que estamos sembrando”, fueron las expresiones del mandatario durante este evento. Peña sostuvo que la atención a la primera infancia se transformó en una política pública de su gobierno, una acción que quedará para el país y principalmente para las familias paraguayas.

“Dejan de lado todo lo que es mi carrera, me parece injusto que no se mire mi trayectoria” indicó el agente fiscal Aldo Cantero, al defender su inclusión en la terna para juez penal de primera instancia de Asunción, elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM).

“La gente y los medios de comunicación que me atacan se olvidaron que tuve muchas causas de altísimo nivel y popularidad referente a cuestiones políticas. Yo con 30 años formé parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, empecé muy joven como fiscal y tengo 14 años de gestión probada y aprobada por todos los entes de control”, sostuvo al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) tendrá una nueva reunión este miércoles, fijada para las 15:00. Los trabajadores se mantienen firmes y aseguran que tienen justificado el pedido de aumento de 20 %. En el encuentro pasado estuvo ausente el representante de los empleadores.

Al respecto, José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), conversó con GEN y Universo 970/Nación Media y valoró la apertura del Ministerio de Trabajo para analizar con tiempo y poder debatir con tiempo sobre la cuestión salarial. “Esta vez el Ministerio de Trabajo, a través de la ministra Mónica Recalde, ha abierto la posibilidad de una conversación más temprana que anteriormente y el inicio de las conversaciones representa una oportunidad para presentar nuestra posición y tener tiempo suficiente para argumentar técnica y económicamente nuestro pedido de reajuste salarial muy por encima de lo que establece el IPC del Banco Central”, dijo.

La audiencia de revisión de medidas del exsenador Erico Galeano fue suspendida este miércoles tras una presentación realizada por la defensa del exlegislador. Los abogados interpusieron un recurso de reposición contra la convocatoria y también promovieron un habeas corpus preventivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El exsenador fue condenado a 13 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal en la causa A Ultranza Py.