Se está realizando la audiencia de revisión del diputado colorado Ulises Quintana, quien solicitó al Juzgado Penal de Garantías levantar la prohibición de salir de Asunción. La referida diligencia judicial se está desarrollando ante la jueza penal Alicia Pedrozo, quien deberá definir si levanta dicha prohibición que pesa sobre el mencionado parlamentario. La diligencia judicial se realiza vía telemática.
El abogado Óscar Germán Latorre, defensor de Quintana, sostiene que la medida cautelar que restringe su libertad ambulatoria está generando un grave perjuicio a sus derechos políticos. Además, menciona que la referida medida no es eficaz ni razonable, por lo que que se pide al Juzgado que la levante.
En caso de que la jueza Pedrozo haga lugar al pedido, Quintana podrá circular por el territorio nacional y, por ende, surgiría la posibilidad de que pueda postularse a la intendencia de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
Procesados en la causa
En el presente caso están procesados igualmente Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y una veintena de personas más. “Cucho” Cabaña está privado de libertad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, mientras que los demás acusados cuentan con medidas alternativas.
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Corte IDH llama a países de OEA a adoptar medidas para la población ante cambio climático
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano judicial continental, dictaminó este jueves que los países de la OEA tienen la obligación de adoptar “todas las medidas necesarias” para proteger a la población frente al cambio climático.
La decisión de la Corte IDH implica que los países del continente deben hacer reformas legales que eventualmente aumenten las exigencias a las empresas, una vieja aspiración de las oenegés ambientalistas.
“Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos derivados [...] de la degradación del sistema climático global”, dijo la Corte IDH en una opinión consultiva sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos, solicitada por Colombia y Chile en enero de 2023.
El tribunal con sede en San José recordó que “el derecho a un ambiente sano se encuentra incluido entre los derechos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana” de Derechos Humanos.
Por esta razón, los Estados deben “adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir las violaciones a derechos humanos producidas por empresas estatales y privadas”.
Entre otros aspectos, “los Estados deben exhortar a todas las empresas domiciliadas o que operan en su territorio a que adopten medidas efectivas para combatir el cambio climático y sus impactos sobre los derechos humanos”, dispuso la Corte.
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“Las normas adoptadas en este contexto deben orientar al Estado y a los particulares bajo su jurisdicción para enfrentar de manera eficaz e integral las causas y consecuencias del cambio climático”, agregó.
Las audiencias previas para emitir esta opinión tuvieron una participación récord, de más de 160 organizaciones, incluidas organizaciones de la sociedad civil, entidades científicas y comunidades indígenas.
Varias oenegés habían expresado previamente su esperanza de que la Corte IDH obligara a los países del continente a tomar medidas para proteger a las personas frente al cambio climático.
La Corte IDH, una institución judicial autónoma encargada de aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene jurisdicción sobre una veintena de Estados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
Sin embargo, “su relevancia también se extiende a nivel mundial”, afirmó el 18 de junio Nikki Reisch, de la ONG Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) en una conferencia virtual.
“La crisis climática no es sólo una crisis de derechos humanos y de justicia social, también es una crisis de impunidad”, indicó Michelle Jonker-Argueta, de Greenpeace Internacional, en la misma conferencia.
- Fuente: AFP
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Diputado plantea horario escalonado como alternativa al cambio de hora
El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la solución al problema de los horarios durante el invierno no es cambiar y volver al horario pasado; sino que deben plantearse propuestas que ayuden a mejorar en verdad la calidad de vida de los ciudadanos.
En ese sentido, el legislador propone abrir un debate sincero respecto a un horario escalonado inteligente. Lamentó la propuesta de su colega de volver a establecer el horario diferenciado entre verano e invierno.
Señaló que esas ideas provienen de gente “anticuada” y que muestran a las claras que no se busca mejorar las condiciones de vida.
“No tenemos que mantenernos en un status quo, por comodidad. Al final de cuentas, con el horario antiguo y el actual, si no están dadas las condiciones, la gente sigue teniendo mala calidad de vida”, explicó a La Nación.
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El legislador explicó que para lograr que tanto los alumnos como sus padres puedan tener una mejor calidad de vida es necesario establecer un horario escalonado.
“Ingresarán al aula con la luz del día, dormirán una hora más. Al final de la tarde, tendrán vida social, tanto padres como hijos. Eso se logra con horario escalonado, como lo hicieron en otros países”, mencionó.
Jornal mínimo diurno y nocturno
El legislador señaló que el Ministerio de Educación ya aclaró que las instituciones educativas tienen la potestad de establecer sus horarios como mejor les convenga. El problema es que los padres tienen marcados sus horarios de entrada a las 7 o las 7:30 de la mañana.
“La solución saldrá cuando se estudie y se establezca el horario jornal mínimo, estableciendo que corra a partir de las 8:00 en adelante. Si esto no se establece por ley, las empresas no podrán modificar sus horarios. Al hacer correr los horarios también hay que tener en cuenta el horario nocturno”, explicó.
Insistió que debe apuntarse al debate antes que a volver “a las cavernas, cuando surge un problema” y reiteró que el problema pasa por el horario de los padres, que debe ser posterior al ingreso en las escuelas y los colegios.
“Las empresas privadas, ni públicas, no podrán hacer el cambio si no se adopta el jornal mínimo diurno, distinto al jornal mínimo nocturno, que es el doble. Si cambiamos el inicio del pago del jornal mínimo diurno podremos mejorar. Ahí comenzará a descomprimirse el resto”, explicó.
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Jueza deberá decidir si deja impune o no proceso penal por estafa
Este 2 de julio se tendrá que desarrollar la audiencia preliminar para Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente imputado por estafa con un perjuicio que sería de US$ 91.000, pero el Ministerio Público -de forma llamativa- pidió el sobreseimiento provisional del procesado. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza penal de Garantía de Lambaré, Ana Esquivel, quien definirá si blanquea parcialmente al imputado o en su defecto imprime el trámite de oposición.
El Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.
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Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.
Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Ana Esquivel deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la Fiscalía adjunta de Central la que podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.
Meses atrás, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
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Proponen crear una cuenta única para canalizar fondos de salidas alternativas al proceso penal
El diputado José Rodríguez presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que plantea la creación de una cuenta única en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para destinar los recursos provenientes de las salidas alternativas al proceso penal establecidas en el Código Procesal Penal.
Según la propuesta, esta cuenta sería habilitada exclusivamente para recibir los montos que fiscales y jueces determinan como medidas reparatorias o donaciones dentro del marco de los procesos penales, actualmente dirigidos a diversas entidades. El objetivo es centralizar estos fondos para lograr una administración más eficiente y transparente.
El legislador explicó que la implementación se haría inicialmente en Asunción, Central y las cabeceras departamentales del país. Las compras previstas con los recursos recaudados se realizarían bajo la modalidad de excepción, buscando agilizar los procesos de adquisición.
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Rodríguez indicó que la cuenta sería administrada por el Banco Nacional de Fomento, con controles del Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los fondos recaudados serían distribuidos en cuatro ejes.
Un 25 % se destinaría al fortalecimiento de programas deportivos barriales y actividades extracurriculares en instituciones educativas. La Secretaría Nacional de Deportes estaría a cargo de la ejecución de estos recursos, con el propósito de dotar a niños y jóvenes de materiales como pelotas, redes y otros elementos deportivos.
Otro 25 % sería asignado a la compra de combustibles y mantenimiento de motocicletas del grupo Lince. “Normalmente el combustible es insuficiente”, señaló el diputado. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibiría el 25 % para destinar a la reparación de escuelas y centros educativos públicos.
Por último, el Ministerio de Salud también será beneficiado con un 25% de los recursos que deberán ser destinados al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. La iniciativa será estudiada en varias comisiones, entre ellas, Asuntos Constitucionales, Legislación, de Presupuesto, entre otras.