La jueza penal de Garantías de Fuerte Olimpo María Lucía Espínola decretó la prisión preventiva en la cárcel de Concepción de Juan Carlos González, imputado por tentativa de feminicidio, lesión grave y violencia familiar tras intentar asesinar a su pareja, Elvira Cuellar.
La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo esta tarde en Fuerte Olimpo.
El imputado contaba con una declaración de rebeldía y orden de captura debido a que estaba prófugo de la Justicia, pero hoy decidió presentarse ante la referida jueza, quien ordenó su traslado hasta la mencionada penitenciaría.
Ahora la defensa de González tiene la posibilidad de apelar la presente resolución judicial y, en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que tendrá que definir si confirma o revoca la prisión. El sujeto se expone a una expectativa de pena muy alta de acuerdo a la normativa legal.
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De acuerdo a la investigación fiscal, el hoy procesado agredió físicamente a su pareja hasta el punto de intentar cometer feminicidio, pero la mujer fue auxiliada por otras personas y logró ser derivada a un centro asistencial, donde se recuperó de todas las golpizas que le propinó su esposo.
Igualmente, la resolución de la magistrada de Fuerte Olimpo señala que González deberá guardar cuarentena en la comisaría local para posteriormente ser derivado a la cárcel de Concepción, donde estará privado de su libertad hasta tanto dure todo el presente proceso penal.
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Venezuela: vacían la temida cárcel El Helicoide ante protestas por traslado de presos
El centro de detención El Helicoide, símbolo de la tortura en Venezuela, quedó prácticamente vacío el jueves luego de que los presos recluidos en esa cárcel fueran trasladados a diferentes prisiones del país. El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.
El cierre de esta sombría cárcel no impidió que familiares de los presos denunciaran la opacidad del procedimiento y lamentaran el envío de los detenidos a prisiones lejanas, que dificultan las visitas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el martes que la “infame prisión El Helicoide fue cerrada”, aunque aún había personas encarceladas ahí.
El miércoles iniciaron una serie de traslados de presos, según confirmaron familiares a la AFP, sin que las autoridades hayan informado sobre esta movilización de reos. La reubicación de los reclusos generó incertidumbre entre los familiares y organizaciones de derechos humanos por la falta de información oficial.
Pero el diputado oficialista Jorge Arreaza, al frente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, cuestionó las críticas por los traslados de prisioneros.
“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor ‘centro de torturas’ desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió Arreaza en X.
“Totalmente vacío”
El lugar habría quedado “totalmente vacío, no quedaron ni presos de otras causas ni presos políticos”, dijo a la AFP Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). La activista es hija del general Raúl Baduel, quien fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez (1999-2013) y falleció en esta cárcel en 2021.
Durante la noche, este colectivo volvió a acercarse a El Helicoide para realizar una vigilia como lo han hecho desde hace 147 días para pedir por la liberación de los presos políticos.
“Seguimos insistiendo: estas personas no tienen por qué estar detenidas, y mucho menos someter a sus familias a la incertidumbre de preguntarse cómo están”, dijo el comité en X.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció en enero el cierre de esta cárcel, semanas después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense que incluyó bombardeos a Caracas y ciudades vecinas.
Los alrededores de la prisión lucían tranquilos durante el día. Uno de los agentes encargados de la vigilancia del lugar indicó a una periodista de la AFP que “ya no quedaba nadie” en el interior.
El miércoles, familiares protagonizaron en el exterior del Helicoide escenas de llanto y desesperación por no saber del paradero de sus seres queridos, ante una barrera de uniformados.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó preocupación por la falta de información previa a los traslados y aclaró que “las autoridades no han publicado un listado oficial”.
Esta ONG precisó que en El Helicoide había más de 70 prisioneros.
El exdiputado Renzo Prieto, quien pasó cuatro años y 23 días en El Helicoide, dijo a la AFP que más allá del cierre de esta prisión y de “otros centros de tortura” es fundamental que “el Estado cambie su política represiva”. “De lo contrario es puro show”, señaló al recordar que cuando estuvo ahí vio personas durmiendo en las escaleras y “con ratas que a veces le mordisqueaban los dedos de los pies”.
Fuente: AFP.
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Jueza ordena prisión para tres imputados estadounidenses por cargamento de hachís
La jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, decretó la prisión preventiva de los tres ciudadanos estadounidenses imputados por tráfico internacional y tenencia de sustancias estupefacientes (hachís).
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Los imputados Troy Anthony Vásquez y David Thomas Wise cumplirán la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (ex cárcel de Tacumbú).
Mientras tanto, Marisol Rivas guardará reclusión en el centro penitenciario de mujeres de Emboscada.
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La agente fiscal Ingrid Cubilla, titular de la Unidad N.° 6 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, había solicitado la prisión preventiva al momento de presentar el acta de imputación, pedido al cual la magistrada hizo lugar.
En el marco de la investigación, se logró la incantaución de 262,6 kilogramos de hachís (marihuana premiun) que eran transportados a bordo de una aeronave privada tipo Challenger 604, procedente de los Estados Unidos.
El cargamento fue detectado durante un procedimiento realizado en un hangar ubicado en la ciudad de Luque, donde uno de los ahora procesados fue sorprendido cuando intentaba retirar la carga ilícita en un vehículo particular.
Los operativos fueron ejecutados de manera conjunta por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y organismos de seguridad aeronáutica.
Durante las intervenciones también se incautaron de dispositivos de comunicación satelital, teléfonos celulares y equipos informáticos que serán sometidos a análisis pericial para el esclarecimiento del caso.
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Ministro de la Corte cuestiona a fiscal por larga espera a jueza imputada
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, cuestionó durante la sesión plenaria de la máxima instancia judicial al fiscal Leonardi Guerrero por hacer esperar durante varias horas a la jueza de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, imputada por usar documentos falsos para sumar puntos y obtener ventaja en un concurso ante el Consejo de la Magistratura.
Ríos criticó al citado agente fiscal debido a que la magistrada estuvo en la unidad fiscal a cargo de Guerrero por varias horas para que la atendiera sobre el proceso penal que enfrenta, pero el fiscal no la recibió.
Asimismo, los ministros Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander se sumaron a la crítica de Ríos y señalaron que este tipo de actuaciones por parte de los fiscales deben ser tenidas en cuenta al momento de que la Corte estudie su confirmación o no en el cargo.
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Ríos refirió que a más de una semana de haber presentado la imputación, Guerrero no se “digna” a presentar la carpeta fiscal y la imputación a la magistrada, quien se enteró de su proceso penal a través de los medios de comunicación.
“La pregunta es, ¿con qué estándar se manejan algunos fiscales?, ¿primero comunican a los medios de comunicación la imputación y después, cuando se les antoja, comunican a la persona afectada?”, se preguntó Ríos. Agregó que el fiscal hizo esperar a la jueza desde las 8:00 hasta las 15:00 y no la recibió.
El ministro cuestionó el trato que recibió la magistrada y dijo que si algunos fiscales tratan así a una jueza, uno “se imagina” cómo será el trato a los ciudadanos “comunes y corrientes”. Apuntó directamente al fiscal Leonardi Guerrero y refirió que “ni Federico el Grande se creyó tanto”.
Además, el ministro se dirigió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, recordando que la Corte Suprema de Justicia siempre lo recibe a él y a los fiscales, por lo cual pidió que haya un trato de reciprocidad hacia los que integran el Poder Judicial.
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Presentan acusación ante el JEM contra jueza de Encarnación por mal desempeño en sus funciones
El presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, presentó una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, por anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre de 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se ordene la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada. Ahora, el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar la investigación y dar curso al pedido.
La acusación señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejándose expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.
Refiere que “en fecha 5 de noviembre de 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval, y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.
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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.
Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.
La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo de 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.
Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.
También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas.
Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.
Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales.
La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.
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