La jueza Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Luis Guillermo Álvarez Jaramillo, pastor y referente de CENFOL, imputado por supuesto abuso sexual en personas indefensas y acoso sexual. El colombiano fue puesto a disposición de la Justicia luego de ser detenido en la Argentina y trasladado a nuestro país.

La resolución judicial de la jueza Sánchez se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.

Según la imputación, se habría valido de su posición de autoridad y de relaciones de confianza para realizar presuntos tocamientos sin consentimiento. Además, se habría presentado como médico para reforzar la confianza de las víctimas.

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Una de las víctimas relató que, tras acudir al investigado por lesiones en las manos en marzo de este año, durante una supuesta revisión médica habría sufrido tocamientos en sus genitales y zona anal. Posteriormente, el imputado supuestamente le solicitó fotografías íntimas, le pidió mantener los hechos en secreto y le realizaba obsequios.

Otra víctima señaló que desde 2023 comenzó a recibir contactos físicos que le generaban incomodidad y que, durante 2024, estos habrían evolucionado a tocamientos en sus partes íntimas. También afirmó que le solicitaron fotografías íntimas.

Un tercer joven manifestó que, mientras se recuperaba de un accidente y estaba bajo medicación, el imputado habría acudido reiteradamente a su domicilio entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Según su relato, habría realizado tocamientos en sus genitales mientras descansaba y durante supuestos exámenes médicos.

Una cuarta víctima señaló que en junio de 2025 acudió al investigado por una afección en sus partes íntimas y que, durante una supuesta evaluación médica, este habría inspeccionado y palpado sus genitales. Este hecho continúa bajo investigación.

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La jueza de Ejecución Penal, Liz Rosana Bogarín, ordenó la captura de la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, condenada a 4 años de cárcel, y de la bioquímica Sandra Hermosa, sentenciada a 3 años de pena privativa de libertad. Ambas fueron halladas culpables por el fallecimiento de la joven María Sol Chávez, quien murió el 9 de abril de 2021 a causa de una sobredosis de flúor.

Ambas profesionales deberán cumplir sus condenas en la cárcel de mujeres de Emboscada. La orden judicial se emitió luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la sentencia, quedando firme la resolución de que vayan a prisión.

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“Para nosotros, hoy es un día de gloria en nombre de nuestra hija María Sol. De alguna manera, se hace un poco de justicia, porque nada me va a devolver a mi hija y el dolor de su ausencia para mí es eterno. No hay un día que no la recordemos. La forma en que ella murió en estos días se me vino a la mente; no pude salvarle”, comentó al canal Gen María Edith Franco de Chávez, madre de la víctima. Esta confirmación llega tras un largo proceso judicial desde el fallecimiento de la universitaria.

De acuerdo con los hechos acreditados en el proceso, Sol Chávez falleció el 9 de abril de 2021 tras consumir cuatro cápsulas de flúor de 500 miligramos cada una, conforme a la prescripción realizada por la odontóloga, totalizando 2.000 miligramos. Según expuso la Fiscalía durante el juicio, la cantidad administrada superaba ampliamente los parámetros señalados por la ciencia médica.

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Familiares de Osvaldo Darío Jacquet, fallecido en el siniestro vial ocurrido el 10 de noviembre del año pasado en la Ecovía Luque–San Bernardino, manifestaron su indignación tras conocer el sobreseimiento de Eugenio Sanabria Vierci. Nancy Jacquet, hermana de una de las cuatro víctimas fatales, aclaró este jueves en el programa Arriba Hoy de canal GEN y Radio Universo 970AM que su familia jamás aceptó un acuerdo económico con el acusado de homicidio culposo.

Por ese motivo, su papá fue excluido como querellante de la causa. “En principio, le aceptaron como parte querellante en querella adhesiva; luego la defensa presenta un pedido de exclusión que un tribunal de Cordillera accede y retira a mi padre del proceso”, explicó.

Entonces, presentaron un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte. “Nos rechazan argumentando temas civiles”, detalló.

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Añadió que desde un primer momento la familia Jacquet se negó a un acuerdo económico. “Por eso excluyeron a mi papá. Lo que nosotros pedimos es justicia, cárcel para Eugenio Sanabria Vierci”, puntualizó.

Lamentó que la justicia se haya prestado, favoreciendo con el sobreseimiento al conductor causante de la muerte trágica de cuatro personas. “Esto es mucho más grave que la impunidad; es la confirmación de que en Paraguay la justicia es para una determinada clase social. Eugenio Sanabria Vierci queda libre porque es un Vierci, porque tiene amigos, contactos, poder político y económico”, exclamó.

Pero advirtió que apelarán para que se revea la decisión. “No nos vamos a rendir. Puede salir libre, pero sigue siendo un asesino”, sentenció.

Asimismo, cuestionó la dilatación de la causa. “El juez tardó un año para llamar a audiencia preliminar. ¿Por qué esperaron tanto, por qué dilataron tanto la causa? En noviembre, se cumplen dos años en que Eugenio Sanabria Vierci mató a mi familia”, expresó.

En ese sentido, afirmó que la causa fue dilatada de manera intencional, porque “se pretendía llegar a esto. El camino fue preparado, desde la fiscalía hasta la última instancia, en la Corte, para poder beneficiar a este asesino con este acuerdo”, apuntó.

Aclaró que, como hermana, está en total desacuerdo con la decisión de la familia alemana en haber hecho este acuerdo sin ser ellos partícipes. “Nosotros no nos enteramos por los medios de que se llegó a este acuerdo”, señaló.

Mencionó que, según expresiones de la tía de la niña, llegaron al acuerdo económico por recomendación de la Embajada alemana, pero que no sabían que este acuerdo llevaba al cierre de la causa. “Ellos pensaron que, independientemente de la reparación económica, seguiría la causa en el ámbito penal. Nosotros le explicamos que con el acuerdo, este señor queda con total impunidad y ya está libre desde ayer”, comentó.

El juez de Garantías de Caacupé, Augusto Acuña Rojas, sobreseyó definitivamente al empresario.

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Con la resolución de segunda instancia se complica más la situación del Arnoldo Wiens.

El Tribunal de Apela­ción en lo Penal Espe­cializado en Delitos Económicos, Anticorrup­ción y Crimen Organizado (Segunda Sala), integrado por Paublino Escobar, José Wal­dir Servín y Camilo Torres, ratificó el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas y Comu­nicaciones Ramón Jiménez Gaona, quien fue investigado por presunta lesión de con­fianza en el caso conocido como metrobús. Asimismo, el fallo favorece a la exviceministra Marta Regina Benítez.

Con esta resolución judi­cial se confirma la determi­nación adoptada por el juez Humberto Otazú, quien hizo lugar a la desvinculación de Jiménez Gaona del proceso penal al no existir elemen­tos de prueba para sostener una acusación. Los camaris­tas que votaron por ratificar el sobreseimiento defini­tivo fueron Paublino Esco­bar y Camilo Torres, mien­tras que José Waldir Servín votó para que el fiscal gene­ral del Estado vuelva a revi­sar el caso.

Al estudiar la apelación pre­sentada por la abogada Ceci­lia Pérez, defensora del tam­bién exministro Arnoldo Wiens, el camarista Escobar señaló en la resolución que “la decisión impugnada no le ocasiona agravio alguno a la parte cuya representación ejerce la citada abogada, pre­supuesto indispensable para habilitar el ejercicio del dere­cho de recurrir”. El cama­rista Camilo Torres votó en el mismo sentido.

Los fiscales que llevaron ade­lante las indagaciones con­cluyeron que no hubo malver­sación ni pagos sin ejecución de obras.

Además, destacaron la exis­tencia de un avance del 40 % en el proyecto, así como la validación de fiscalizadores internacionales y del Banco Interamericano de Desarro­llo (BID) sobre la viabilidad técnica.

Es decir, durante la gestión de Jiménez Gaona se pagó por lo efectivamente construido y certificado. En lo que res­pecta a los desembolsos de infraestructura, la investi­gación estableció que estos fueron validados por los con­sorcios internacionales que intervinieron como fiscali­zadores y por el propio BID.