Un Tribunal de Sentencia condenó a Alejandro Arévalos a 25 años de cárcel tras ser encontrado culpable por el feminicidio de su pareja. El agente fiscal del presente caso fue Vicente Rodríguez, quien arrimó todos los elementos de prueba para sentenciar al acusado.
El colegiado valoró todas las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y con base en los elementos debatidos en juicio oral se llegó a la conclusión de sentenciar a Arévalos a la pena mencionada.
Los antecedentes de la investigación refieren que en fecha 16 de marzo del 2019 el hombre había citado a Nancy Gómez a un sitio que solo ambos sabían. Una noche antes, la mujer comentó a una amiga suya sobre el encuentro que ocurriría entre ambos, que finalmente derivó en su muerte.
Seguidamente, luego de 30 horas aproximadamente de la desaparición de la mujer, Arévalos confesó el hecho y condujo a los investigadores al lugar donde tiró el cuerpo enterrado entre barros y ramas. El cuerpo de la víctima presentaba varias estocadas.
El presente fallo judicial dictado en primera instancia puede ser apelado por la defensa del sentenciado y, en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que tendrá que definir si corresponde confirmar la condena o anularla y disponer que se realice un nuevo juicio oral.
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Juez amenaza a Trump con mandarlo a la cárcel si desacata sus órdenes
El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.
Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.
Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.
En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.
“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.
Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.
“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico. Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.
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Crisis
En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.
Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.
Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.
“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.
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Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.
En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.
Fuente: AFP
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Ordenan juicio contra expresidente peruano acusado por corrupción
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú dictó auto de enjuiciamiento contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020, acusado de aceptar supuestos sobornos durante su etapa al frente del Gobierno regional del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014, informó la agencia Andina.
En concreto, los hechos en materia de este juicio tuvieron lugar cuando Vizcarra ocupaba el cargo de presidente regional de Moquegua y será juzgado por el delito de cohecho pasivo propio en relación los casos denominados ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’. En este proceso penal, se incluye también como terceros con responsabilidad civil a las empresas Incot Contrastistas Generales, Astaldi sucursal Perú, Obrainsa e ICCGSA.
Así, la actual resolución judicial señaló al exmandatario por supuestamente haber concertado una reunión con el gerente comercial de la empresa Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, para ofrecerle licitaciones a cambio de un “beneficio económico indebido”. Según el tribunal, Vizcarra habría brindado “información privilegiada (...) a cambio del dos por ciento del coste directo de la obra; es decir, 50.810.637 soles” (12.676.131 euros).
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En lo que al caso del hospital de Moquegua respecta, indicó además que el exgobernador habría también condicionado “su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de un millón 300.000 soles (74.843 euros), para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra (...) a favor del consorcio hospitalario Moquegua”, según la mencionada agencia nacional.
Esta decisión llega después de que la Fiscalía de Perú pidiera a finales de abril otros diez años de prisión para el expresidente Vizcarra por aceptar sobornos. Esta petición se suma a la presentada a mediados de diciembre de 2023, cuando la Fiscalía solicitó para él 15 años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de cohecho pasivo por este mismo caso.
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Fuente: Europa Press
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Operativo Veneratio: ratifican extracción de datos de 308 teléfonos incautados al clan Rotela
Tribunal de apelaciones confirmó la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paul López, quien autorizó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares, 2 tablets, 10 pendrive, 2 notebook y 2 computadoras, en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
El proceso recae sobre el líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela, y otros ocho reclusos imputados por motín de internos, transgresión a la ley de armas y asociación criminal.
Ahora, deberá jurar el perito que realizará la extracción de datos a los dispositivos incautados al clan durante el operativo que posibilitó que las autoridades del Estado retomen el control de la cárcel de Tacumbú.
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Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández firmaron el fallo de segunda instancia que ratifica la resolución del juez inferior.
Imputación
Los agentes fiscales Fátima Girala, Miguel Quintana y Marcial Machado formularon imputación contra Armando Javier Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina.
La lista continúa con Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero. Todos, por transgresión a la Ley Nº 4036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, y asociación criminal, en calidad de coautores.
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Sentencia de 28 años de prisión
El agente fiscal Leonardo Cáceres, de la Unidad Regional de Capitán Bado, representó al Ministerio Público en el juicio oral en el que Elvio Ramón Quiñónez Bogado fue hallado culpable y condenado a 28 años de pena privativa de libertad por la comisión del hecho punible de feminicidio. El hombre tenía prohibición de acercarse a la víctima por una denuncia de violencia familiar.
Según los antecedentes de la causa, Quiñónez mató a su expareja en diciembre de 2020 en el distrito de Capitán Bado. El hombre había llegado a la vivienda de la mujer efectuando varios disparos que impactaron en la víctima que resultó con heridas. Ella ingresó a la casa para refugiarse, luego perdió fuerzas y cayó al suelo, donde falleció.