El Ministerio Público deberá presentar este jueves su requerimiento conclusivo en el proceso penal que soportan Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, imputados penalmente por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal en el marco de la investigación de la compra de insumos chinos en la pandemia.
El fiscal Osmar Legal deberá presentar su requerimiento, que puede ser una acusación y, por ende, la solicitud de que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público. En caso de ser así, será el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar en la que se discutirá si padre e hija van a estar sentados en el banquillo de los acusados.
Justicia complaciente con los Ferreira
En noviembre del año pasado, la Justicia una vez más salió a favor de los procesados por hechos de corrupción y, como si fuera poco, de quienes intentaron jugar con la salud de los paraguayos, ya que llamativamente el juez penal de Garantías, Mirko Valinotti, benefició al accionista de la firma Imedic SA, Justo Ferreira, con el arresto domiciliario, al igual que a su hija Patricia Ferreira. La determinación del magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo vía telemática, otro privilegio concedido al clan Ferreira.
Valinotti expresó en su fallo que “existe suficiente arraigo y han ofrecido una fianza muy importante que totalizaría casi US$ 1,5 millones y acreditaron su sometimiento a los mandatos de la Justicia, y agregaron constancia de vida y residencia”. Igualmente, tienen prohibido cambiar de domicilio y la prohibición de salida del país, indicó. Asimismo, el juez justificó su resolución señalando que “los hechos señalados por el Ministerio Público son considerados delitos, por lo que se puede otorgar el arresto domiciliario”.
En el presente caso, el citado magistrado no tuvo en cuenta las innumerables chicanas que planteó a lo largo de este proceso penal la defensa del clan, por lo que debe llamar la atención de los ministros de la Corte la presente determinación judicial.
El fiscal Osmar Legal imputó al accionista de la firma Imedic SA, Justo Ferreira, y a su hija Patricia por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal tras la fallida compra de insumos médicos para el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia del COVID-19. Asimismo, semanas atrás, el propio Tribunal de Apelación había ratificado la imputación contra los dos procesados.
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