Los abogados defensores de Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero apelaron la sentencia condenatoria y solicitaron al Tribunal de Apelación anular la condena y por determinación directa resolver la absolución de todos los procesados en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo, el Ministerio Público apeló la sentencia condenatoria de estas tres personas así como la absolución de Jorge Oviedo Matto. Ahora será un Tribunal de Apelación el que tendrá que dictar una resolución de segunda instancia.
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El pasado 28 de diciembre, un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, quien votó por la absolución de los acusados, y los jueces María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, votó en mayoría por la condena de dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena para González Daher y Fernández Lipmmann, mientras que el abogado Carmelo Caballero fue sentenciado a 1 año y 8 meses de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la pena.
Igualmente, en dicho juicio oral se decidió la absolución de Oviedo Matto, quien fue juzgado por el supuesto hecho punible de tráfico de influencias, delito que el Ministerio Público no pudo probar durante el desarrollo de la audiencia oral.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.
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Ratifican prisión para fisioterapeuta imputado por abuso sexual en niños con discapacidad
El Tribunal de Apelación Penal confirmó la prisión preventiva del fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, imputado por los supuestos hechos de abuso sexual de tres niños con discapacidad motriz y del habla. Los camaristas consideraron que persisten los peligros de fuga y de obstrucción a la investigación.
Capello cumple prisión preventiva desde el 8 de setiembre, en el marco de la causa por supuestos hechos de abuso sexual en personas indefensas y abuso sexual en niños. Los hechos investigados habrían ocurrido en el centro de rehabilitación “A Pasitos”, de Asunción, donde el fisioterapeuta prestaba servicios.
Los camaristas mencionaron que, por la etapa procesal en la que se encuentra la causa, existe la posibilidad de que el imputado, estando en libertad, destruya, modifique u oculte elementos de prueba. Además, aún está pendiente la recolección de elementos de cargo y descargo que podrían ser utilizados en etapas posteriores del proceso.
Igualmente, el tribunal de alzada sostuvo que no están dadas las condiciones para sustituir la prisión preventiva, atendiendo a la gravedad del hecho punible investigado y a las circunstancias de la causa. Respecto a los documentos presentados por la defensa —entre ellos certificados, constancias y documentación de inmuebles y vehículos ofrecidos como caución real—, el fallo señaló que estos no cuentan con la entidad ni la fuerza jurídica necesaria para enervar el peligro de fuga o el de obstrucción.
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Un tribunal de apelaciones de EE. UU. frena las deportaciones a terceros países
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó en parte el viernes un fallo de una instancia inferior que restringe una política del gobierno de Donald Trump de deportar a migrantes indocumentados a países que no son los suyos.
El panel de tres jueces señaló que las personas que enfrentan deportaciones a un “tercer país” deben recibir un aviso efectivo con la debida antelación sobre el lugar al que serán enviadas, para que puedan plantear preocupaciones sobre una posible persecución.
El Congreso ha establecido como política de Estados Unidos no deportar a personas a países donde sus vidas correrían peligro o donde podrían ser sometidas a tortura.
“El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel unánime de este tribunal de apelaciones.
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La política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “negaría acceso a esa protección a una amplia franja de no ciudadanos que son enviados a terceros países sin aviso de su destino”, señaló el juez.
Las deportaciones forman parte de la controvertida campaña de combate a la inmigración ilegal del presidente Donald Trump. Centenares de migrantes hispanos han sido deportados a países africanos.
Se espera que el gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
Donald Trump hizo campaña para la presidencia prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos y ha tomado una serie de medidas destinadas a acelerar las deportaciones desde su regreso a la Casa Blanca.
El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, ya que los países de origen de algunas de las personas que están sujetas a expulsión a veces se niegan a aceptarlas.
- Fuente: AFP
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Digitalizan solicitudes de traslados internacionales de condenados paraguayos
La Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) de la Corte Suprema de Justicia informó sobre la puesta en marcha gradual de un nuevo procedimiento para gestionar de manera digital las solicitudes de traslados internacionales de personas condenadas.
El nuevo procedimiento permitirá gestionar de manera digital estas solicitudes de paraguayos que manifiesten expresamente su intención de cumplir el resto de sus condenas en la República del Paraguay.
El Poder Judicial puso en vigencia la digitalización de las solicitudes de traslados internacionales de paraguayos condenados en el extranjero, iniciativa orientada a modernizar y agilizar la gestión de estos procedimientos y facilitar la tramitación de los pedidos de traslado conforme a las normativas que regulan la materia.
El procedimiento contempla los casos de ciudadanos paraguayos condenados en el extranjero que soliciten cumplir el resto de sus condenas en Paraguay, así como los de personas extranjeras condenadas que requieran su traslado a su país de origen, siempre de acuerdo con los requisitos y disposiciones legales correspondientes.
La iniciativa estuvo a cargo de las magistradas de los Juzgados de Ejecución Penal, Luz Bogarín y Sandra Kirchhofer, en coordinación con la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, bajo la dirección de la abogada Mónica Paredes. Además participaron los jefes de la citada dirección abogada Alejandra Pistilli y el licenciado Juan Jim Zaracho. Por parte del Ministerio de Justicia, intervino el director de Asuntos Internacionales, licenciado Sergio González Velilla.
Implementación gradual
El nuevo procedimiento será implementado de manera gradual y en esta primera etapa, su ámbito de aplicación comprenderá exclusivamente a los Juzgados Penales de Ejecución de Sentencias de la Capital, para los casos vinculados con ciudadanos paraguayos que soliciten cumplir el resto de sus condenas en el país y con extranjeros condenados que requieran su traslado a su país de origen.
Posteriormente, y conforme avance el proceso, la aplicación se extenderá progresivamente a las demás Circunscripciones Judiciales y a otros procesos vinculados con la gestión de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional.
El objetivo final es avanzar hasta alcanzar la digitalización integral de los procedimientos que actualmente se encuentran bajo competencia de dicha Dirección y que aún se tramitan en formato papel.
Cabe destacar que, con la digitalización de los traslados internacionales, la citada Dirección podrá obtener con mayor facilidad las estadísticas relacionadas con estos procedimientos, facilitando el acceso, registro y seguimiento de la información.
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