La agente fiscal Zunilda Ocampos representó al Ministerio Público en un juicio oral que derivó en la condena de 18 y 25 años para Jorge Luis Giménez y Fabio Vera Casco, quienes fueron hallados culpables por robo con resultado de muerte.
El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por sus pares Serafín González y Zunilda Martínez Noguera dictó el fallo tras considerar suficientes y contundentes las pruebas producidas por la representante fiscal.
Antecedentes
Según quedó probado, el suceso se registró el 10 de octubre del 2018 en horas de la madrugada, cuando los ahora condenados llegaron a bordo de una motocicleta hasta una estación de servicios ubicada a la altura del km 7, en Ciudad del Este. Allí, Vera Casco fue hasta el guardia de seguridad y tras desenfundar un arma de fuego y protagonizar un forcejeo le propinó un disparo a la altura del cuello.
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Luego se acercó Jorge Giménez, quien despojó al playero de la suma de G. 2.000.000, además de un aparato celular. Tras el robo, ambos maleantes huyeron y el guardia herido fue derivado a un centro asistencial, donde se produjo su deceso.
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Condenan a 23 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de sus hijastras
Un tribunal de sentencia de Cordillera condenó a 23 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable por los hechos punibles de abuso sexual en niños, pornografía relativa a niños y adolescentes y abuso sexual en niños bajo tutela.
La agente fiscal, María Lucia González, ha demostrado en juicio oral y público la autoría del hoy condenado en el grave hecho registrado.
De acuerdo a lo señalado por los jueces de sentencia, el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del procesado en los hechos acusados mediante elementos de prueba que sustento la acusación fiscal sobre los delitos sentenciados.
Asimismo, la agente fiscal presentó declaraciones de las afectadas, actas de Cámara Gesell, evaluación sicológica, y evidencias cuya conclusión fue la condena a prisión para el padrastro.
Estos hechos ocurrieron en la ciudad de Mbocayaty del Yhaguy, departamento de Cordillera, en una vivienda donde residían el hoy condenado con sus hijastras de 15 y dos niñas de 13 años de edad.
Ahora, la defensa tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá la última palabra si confirma la sentencia condenatoria o decide que se vuelta a realizar un nuevo juicio oral y público.
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Caso de María Fernanda: acusada recusó a jueces y volvió a suspender juicio oral
La acusada Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo, procesada por el feminicidio de la joven María Fernanda, recusó al tribunal de sentencia, por lo que logró suspender el inicio del juicio oral y público para los cinco acusados por el crimen de la adolescente, quien habría sido asesinada por un menor de edad en Coronel Oviedo en mayo del año pasado.
En el presente caso deben ser juzgados Franco Acosta Céspedes, Ricardo Andrés León Villamayor, Chiara Rolón Melgarejo y los padres del adolescente sospechoso de acabar con la vida de María Fernanda.
La recusación fue presentada por la abogada Laura Melgarejo Torres, quien sostuvo que los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera no cuentan con la imparcialidad necesaria para juzgar la causa.
La defensa de los acusados cuestionó diversas actuaciones del Tribunal, entre ellas el cambio de sede del juicio, la transmisión de las audiencias y otras decisiones adoptadas sin que, según afirmó, se les haya dado participación.
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Asimismo, criticó la incorporación tardía de pruebas por parte de la querella que representa a la familia de María Fernanda. También cuestionó la validez del cuaderno de novedades de la Policía Nacional —en el que se dejó constancia de la entrega del teléfono celular de la víctima— alegando que dicho documento habría sido adulterado.
Tras la recusación planteada, corresponderá a la Cámara de Apelación de Caaguazú resolver si los magistrados continúan o no al frente del juzgamiento. Esta es la tercera suspensión que se genera en el caso, por lo que los integrantes del tribunal de alzada deben definir si corresponde sancionar a los acusados y a sus abogados por seguir dilatando la realización del juicio oral.
Antecedentes
Según los antecedentes, la víctima, de 17 años, habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso. El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
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Fustigan gestión prietista por millonaria deuda: “Son farsantes del cambio en la política”
El dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Iván Airaldi, se refirió a la herencia de G. 110.000 millones en deudas que dejó el exintendente de Ciudad del Este y militante del Partido Yo Creo, Daniel Pereira Mujica, durante los 7 meses de su gestión, al suceder al destituido Miguel Prieto en la conducción municipal.
“Son unos farsantes del cambio en la política porque evidentemente pregonan una cosa, pero hacen otra. Yo Creo tuvo como promesa de campaña o modelo de gestión que realizarían los pagos de salarios al día y que ya no tomarían nuevas deudas, pero no cumplieron. Ellos tomaron la administración municipal como un botín de guerra”, repudió Airaldi en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Durante el traspaso de mando al actual jefe comunal, el concejal prietista Pedro Acuña, quien completará el periodo de este año hasta las elecciones municipales de octubre próximo; Pereira Mujica había alegado que durante su gestión se lograron estabilizar las finanzas y regularizar numerosas obligaciones pendientes, sin embargo, el endeudamniento acumulado sigue representando una pesada carga para las arcas del municipio esteño.
“Lo más grave es que la deudas que generan se van trasladando a nuevas administraciones, pero ellos se muestran ante la ciudadanía como un modelo de gestión eficiente, tienen varias fallas que demuestran que no son buenos administradores“, sostuvo.
Airaldi recordó que el prietismo terminó endeudando a los contribuyentes esteños con proyectos inviables y no rentables para la municipalidad como, por ejemplo, la adquisición de una planta asfáltica por G. 71.474 millones, pero aún persiste la crisis vial en la capital de Alto Paraná.
También citó la compra de una flota de buses eléctricos chinos por G. 63.463 millones que se mantienen en ruinas. “Miguel Prieto, Pereira Mujica y sus aliados son solo unos populistas que mienten, pero la falsedad cae con el nivel de deuda que se tiene”, recriminó.
Airaldi fue contundente en sostener que el sobreendeudamiento generado por el prietismo en el municipio se debe exclusivamente al pago de favores políticos así como el mantenimiento de operadores y planilleros, situación que termina truncando las mejoras en los diferentes barrios de Ciudad del Este.
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Destraban caso contra Prieto y aguardan fecha para audiencia preliminar
El Tribunal de Apelación de la Primera Sala de Alto Paraná confirmó al juez penal de garantías Amílcar Marecos para continuar la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otras 11 personas, investigadas por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Este hecho habría ocasionado un perjuicio a las arcas del municipio de la capital de Alto Paraná de G. 311.580.000.
Con esta decisión del Tribunal de Apelación, el proceso judicial, conocido también como el caso de las ollas populares se reactiva y se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa pasa o no a juicio oral y público.
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El incidente presentado por la defensa, menciona que “el juez Marecos habría actuado fuera de sus atribuciones al disponer de oficio medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este, sin un pedido previo del Ministerio Público”. Esta misma resolución, ya había sido posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.
Mientras tanto los integrantes de este tribunal concluyeron que los argumentos no eran suficientes para apartar al magistrado del caso. La resolución fue firmada por la camarista Marta Acosta, con la adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, los mismos consideraron que las decisiones cuestionadas se enmarcan dentro de las facultades jurisdiccionales y no evidencian parcialidad.
Según la Fiscalía, existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este.
De acuerdo con las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a voluntarios de ollas populares” y “Apoyo a voluntarios organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí.
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