La jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz decretó el arresto domiciliario de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de la firma Imedic SA, imputadas por producción de documentos no auténticos en el marco de la investigación por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Asimismo, la magistrada dispuso para Ferreira la prohibición de cambiar de domicilio, una fianza real que es un inmueble valuado en US$ 1.496.759 y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con los coimputados en la presente causa penal y con los testigos del proceso penal. Igualmente, se trabó embargo por la suma de dinero mencionada.
Imputación y otro proceso
La imputación se basa en sospecha sobre la producción y uso, en asociación criminal, de facturas y guías aéreas falsas utilizadas para la importación de principios activos y medicamentos al país y su comercialización no autorizada. El Ministerio Público detectó nueve facturas falsas de Eurofarma que habría utilizado la empresa Insumos Médicos SA (Imedic) para importar medicamentos de India y China.
Patricia Ferreira soporta otro proceso penal por contrabando y otros delitos donde la misma ya fue beneficiada con el arresto domiciliario. Asimismo, en la misma causa penal está imputado su padre Justo Ferreira, quien también fue beneficiado con la prisión domiciliaria.
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Jueza rechaza restitución internacional y niña localizada en Argentina seguirá con su madre
La jueza de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, Natalia Ortellado, rechazó restituir a la niña de dos años —localizada en Resistencia, Argentina— a su padre, quien había iniciado un juicio de restitución internacional en el citado fuero buscando que la menor fuera trasladada a Chile. Con esta determinación judicial, la niña seguirá bajo el cuidado de su madre.
La representante legal del padre, quien hoy está imputado en nuestro país por desacato a una orden judicial y violación del deber de cuidado, puede apelar el fallo. En caso de ser así, un tribunal de apelación del fuero de la Niñez y la Adolescencia tendrá que definir si corresponde confirmar la resolución dictada en primera instancia.
Días atrás, la niña de dos años fue localizada en Resistencia, Chaco, Argentina, y su padre fue detenido en dicho país. Actualmente, la justicia paraguaya solicitó la rebeldía y la captura internacional del hombre. Ahora se tendrá que arbitrar los medios necesarios para lograr su extradición a Paraguay, donde enfrenta el proceso penal por los delitos ya mencionados.
Imputación
Según el acta de imputación, el hecho habría ocurrido el 8 de julio de 2026, cuando el ahora procesado retiró a su hija menor de edad en el marco del régimen de relacionamiento dispuesto por una resolución del juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
Sin embargo, una vez cumplido el horario establecido para la devolución, no la restituyó a su madre y dejó de responder las llamadas y mensajes.
Posteriormente, el hombre se habría comunicado con la madre para informarle que se encontraba con la niña en la ciudad de San Bernardino, incumpliendo presuntamente el régimen judicial vigente. Con base en los elementos colectados durante la investigación, el Ministerio Público consideró que existen suficientes indicios de la participación del imputado en los hechos y presentó la imputación correspondiente.
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Proponen crear sistema de alerta temprana para evitar desabastecimiento de fármacos
Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “De garantía de continuidad terapéutica y prevención de desabastecimiento de medicamentos esenciales”, iniciativa que busca fortalecer el sistema nacional de abastecimiento de medicamentos esenciales mediante la implementación de mecanismos preventivos, reservas estratégicas, sistemas de alerta temprana y mayores estándares de transparencia y control.
El documento fue presentado por los legisladores de varias bancadas: los colorados Hugo Meza, Mauricio Espínola; los liberales María Constancia Benítez, Adrián Vaesken, Diosnel Aguilera y el independiente Raúl Benítez. La propuesta busca asegurar a los pacientes del sistema público el acceso oportuno e ininterrumpido a los medicamentos, de manera a evitar que deficiencias administrativas o logísticas pongan en riesgo la vida y la salud de los mismos.
La presentación se enmarca en lo que establecen los artículos 46 y 68 de la Constitución Nacional, referidos al principio de igualdad y al derecho a la protección integral de la salud; y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo, según se expresa en la exposición de motivos.
De acuerdo a la exposición de motivos, señala que se establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables para las instituciones que administren medicamentos financiados con recursos públicos, tales como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; el Instituto de Previsión Social; el Hospital Militar; el Hospital Policial; así como el Hospital de Clínicas.
A través de esta iniciativa, los proyectistas proponen la creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana para el Abastecimiento de Medicamentos Esenciales (SINATAME), el cual deberá emitir alertas automáticas cuando exista una disminución en el stock de fármacos.
Principales alertas
A su vez, la alerta será emitida cuando existan retrasos en procesos licitatorios, incumplimientos contractuales; riesgos de desabastecimiento internacional, así como medicamentos con vencimientos próximos. Los avisos deberán comunicarse simultáneamente a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo; la DNCP; el Ministerio de Salud y la Presidencia del IPS.
Los legisladores proyectistas solicitan que las instituciones elaboren anualmente un Plan Integral de Abastecimiento de Medicamentos basado en el consumo histórico, la demanda proyectada y la información epidemiológica. Además, plantean la creación del Portal Nacional de Transparencia del Abastecimiento de Medicamentos, el cual publicará informaciones sobre el stock disponible, los medicamentos agotados, medicamentos críticos; y la fecha estimada de reposición.
A su vez, proveerá información sobre los contratos vigentes; las empresas proveedoras; los procesos licitatorios; además de la ejecución presupuestaria. Establece, igualmente, que el Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto General de la Nación los créditos necesarios para la implementación de esta ley.
Medicamentos esenciales
En el documento se definen como medicamentos esenciales aquellos incluidos en el Cuadro Básico Nacional de Medicamentos, y aquellos declarados críticos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o por el Instituto de Previsión Social. Estos son los fármacos para enfermedades oncológicas, hematológicas, trasplantes, VIH/SIDA, tuberculosis, enfermedades autoinmunes y la hemofilia.
Asimismo, son incluidas las enfermedades raras; diabetes insulinodependiente; insuficiencia renal crónica; y de salud mental cuando la suspensión del tratamiento implique riesgo para la vida o la integridad del paciente.
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Comisarías de oro: piden a la Corte integrar la cámara de apelación en causa penal de Filizzola
La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, pidió a los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que arbitren las medidas necesarias para la pronta integración del Tribunal de Apelación competente.
Los integrantes del tribunal de segunda instancia deberán estudiar si corresponde anular la prescripción del proceso penal por lesión de confianza que enfrenta el senador Rafael Filizzola en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos deberán estudiar si corresponde confirmar a la camarista Adriana Giagni o a Camilo Torres para integrar el Tribunal de Apelación Penal, el cual tendrá que decidir si Filizzola seguirá procesado por lesión de confianza.
En su momento, el juez penal de garantías Yoan Paul López decidió hacer lugar a la prescripción del caso, determinación que fue apelada por el Ministerio Público.
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En este proceso se investiga una supuesta lesión de confianza que involucra al exministro del Interior y actual senador Rafael Augusto Filizzola Serra.
La Fiscalía sostiene, con varios elementos probatorios, que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado por la construcción de baños y celdas en 24 comisarías de Asunción, obras realizadas sin estudios técnicos ni requerimientos específicos de las dependencias policiales, y que además quedaron inconclusas.
Caso Helicópteros
Por otra parte, la jueza penal de garantías, Alicia Pedrozo, hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.
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Ordenan captura internacional de un padre que huyó con su hija a Argentina
El juez penal de garantías Marcelo Saldívar declaró la rebeldía y ordenó la captura internacional del padre de la niña de dos años localizada en Resistencia (Chaco, Argentina).
El hombre está imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber de cuidado, tras no devolver a su hija menor a la madre al finalizar el régimen de visitas.
Ahora, las autoridades del vecino país deberán informar al juzgado a cargo de Saldívar y arbitrar los medios necesarios para una posible extradición a Paraguay, donde el procesado enfrenta un juicio penal por ambos delitos.
Según el acta de imputación, el hecho ocurrió el 8 de julio de 2026, cuando el investigado retiró a la menor en el marco del régimen de relacionamiento dispuesto por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
Sin embargo, una vez cumplido el horario establecido para la devolución, no la restituyó a su madre y dejó de responder llamadas y mensajes.
Posteriormente, el hombre se habría comunicado con la madre para informarle que se encontraba con la niña en la ciudad de San Bernardino, incumpliendo el régimen judicial vigente.
Con base en las evidencias, el Ministerio Público presentó la imputación correspondiente al considerar que existen suficientes indicios de su participación en los hechos.
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