La jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz decretó el arresto domiciliario de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de la firma Imedic SA, imputadas por producción de documentos no auténticos en el marco de la investigación por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Asimismo, la magistrada dispuso para Ferreira la prohibición de cambiar de domicilio, una fianza real que es un inmueble valuado en US$ 1.496.759 y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con los coimputados en la presente causa penal y con los testigos del proceso penal. Igualmente, se trabó embargo por la suma de dinero mencionada.
Imputación y otro proceso
La imputación se basa en sospecha sobre la producción y uso, en asociación criminal, de facturas y guías aéreas falsas utilizadas para la importación de principios activos y medicamentos al país y su comercialización no autorizada. El Ministerio Público detectó nueve facturas falsas de Eurofarma que habría utilizado la empresa Insumos Médicos SA (Imedic) para importar medicamentos de India y China.
Patricia Ferreira soporta otro proceso penal por contrabando y otros delitos donde la misma ya fue beneficiada con el arresto domiciliario. Asimismo, en la misma causa penal está imputado su padre Justo Ferreira, quien también fue beneficiado con la prisión domiciliaria.
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Viceministro anuncia que recurrirá a instancias judiciales contra asesor médico por difamación
El viceministro de Atención Integral a la Salud, Dr. Saúl Recalde, anunció que recurrirá a las instancias judiciales contra el asesor médico del SEME, doctor Freddy Cantero, luego de los posteos en redes sociales que atentan contra su honorabilidad.
Aseguró que Cantero lo acusó sobre vínculos con el narcotráfico por ser de Pedro Juan Caballero.
El doctor Recalde decidió llevar el caso ante los tribunales con el argumento de que defenderá su honorabilidad y su reputación.
Aseguró que las acusaciones difundidas a través de las redes sociales constituyen un ataque directo contra su persona y sostuvo que vincularlo maliciosamente con estructuras delictivas únicamente por su lugar de origen constituye un acto discriminatorio.
“Hace cuestión de meses que está con una seguidilla de escritos relacionados a que soy narcotraficante por el simple hecho de ser pedrojuanino. En el departamento de Amambay, específicamente Pedro Juan Caballero es una localidad de persona que trabajan y no pueden poner el mote de narcopolítico por el simple hecho de ser de ahí”, expresó Recalde, en entrevista con la 1020AM.
Aseguró que es muy injusto que las personas tilden a las personas oriundas de citado departamento como narcos o ligarlos directamente con hechos ilícitos por residir en esa zona del país. Aclaró que solo está defendiendo su honorabilidad y que este tipo de acusaciones lo hizo salir de control.
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“Una persona en sus redes y estados no te puede acusar, tocar tu honor o trayectoria, ser cuestionado y agraviado por una persona que ni siquiera residencia tiene; asesor de qué puede ser una persona que no tiene curriculum. Estoy defendiendo mi honor y lo voy a demandar, cumplir una acción penal”, puntualizó.
Refirió que tiene más de 16 años siendo médico con dos residencias hechas y en las que ingresó bajo la modalidad de concurso, en las mejores posiciones de la Comisión de Residencias Médicas. “La gente no puede desmeritar hablando de demandas o mala praxis, nunca tuve una deferencia con un paciente”, concluyó.
Antecedentes
El doctor Recalde encaró y acorraló al doctor Cantero en plena institución, luego de que este último publicó en sus estados de WhatsApp y redes sociales críticas dirigidas a un “narcopolítico y ñembo viceministro”. Además, dijo ventilaría los antecedentes sino es removido del cargo.
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Decretan prisión de pastor colombiano imputado por abuso sexual en personas indefensas
La jueza Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Luis Guillermo Álvarez Jaramillo, pastor y referente de CENFOL, imputado por supuesto abuso sexual en personas indefensas y acoso sexual. El colombiano fue puesto a disposición de la Justicia luego de ser detenido en la Argentina y trasladado a nuestro país.
La resolución judicial de la jueza Sánchez se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Según la imputación, se habría valido de su posición de autoridad y de relaciones de confianza para realizar presuntos tocamientos sin consentimiento. Además, se habría presentado como médico para reforzar la confianza de las víctimas.
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Una de las víctimas relató que, tras acudir al investigado por lesiones en las manos en marzo de este año, durante una supuesta revisión médica habría sufrido tocamientos en sus genitales y zona anal. Posteriormente, el imputado supuestamente le solicitó fotografías íntimas, le pidió mantener los hechos en secreto y le realizaba obsequios.
Otra víctima señaló que desde 2023 comenzó a recibir contactos físicos que le generaban incomodidad y que, durante 2024, estos habrían evolucionado a tocamientos en sus partes íntimas. También afirmó que le solicitaron fotografías íntimas.
Un tercer joven manifestó que, mientras se recuperaba de un accidente y estaba bajo medicación, el imputado habría acudido reiteradamente a su domicilio entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Según su relato, habría realizado tocamientos en sus genitales mientras descansaba y durante supuestos exámenes médicos.
Una cuarta víctima señaló que en junio de 2025 acudió al investigado por una afección en sus partes íntimas y que, durante una supuesta evaluación médica, este habría inspeccionado y palpado sus genitales. Este hecho continúa bajo investigación.
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Jueza ordenó captura de condenadas por la muerte de Sol Chávez
La jueza de Ejecución Penal, Liz Rosana Bogarín, ordenó la captura de la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, condenada a 4 años de cárcel, y de la bioquímica Sandra Hermosa, sentenciada a 3 años de pena privativa de libertad. Ambas fueron halladas culpables por el fallecimiento de la joven María Sol Chávez, quien murió el 9 de abril de 2021 a causa de una sobredosis de flúor.
Ambas profesionales deberán cumplir sus condenas en la cárcel de mujeres de Emboscada. La orden judicial se emitió luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la sentencia, quedando firme la resolución de que vayan a prisión.
“Para nosotros, hoy es un día de gloria en nombre de nuestra hija María Sol. De alguna manera, se hace un poco de justicia, porque nada me va a devolver a mi hija y el dolor de su ausencia para mí es eterno. No hay un día que no la recordemos. La forma en que ella murió en estos días se me vino a la mente; no pude salvarle”, comentó al canal Gen María Edith Franco de Chávez, madre de la víctima. Esta confirmación llega tras un largo proceso judicial desde el fallecimiento de la universitaria.
De acuerdo con los hechos acreditados en el proceso, Sol Chávez falleció el 9 de abril de 2021 tras consumir cuatro cápsulas de flúor de 500 miligramos cada una, conforme a la prescripción realizada por la odontóloga, totalizando 2.000 miligramos. Según expuso la Fiscalía durante el juicio, la cantidad administrada superaba ampliamente los parámetros señalados por la ciencia médica.
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Fiscalía pidió a la Corte celeridad y evitar que caso de Rafael Filizzola quede impune
La agente fiscal Silvia González volvió a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destrabe el proceso penal por lesión de confianza contra el exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola. La máxima instancia judicial debe definir quién integrará la Cámara de Apelación que tendrá que estudiar si Filizzola seguirá procesado o no.
Una vez que se defina al camarista, se deberá analizar si corresponde dejar sin efecto la prescripción de la causa que se resolvió en un Juzgado Penal de Garantías. El Ministerio Público apeló dicha determinación y pidió que el proceso siga su curso para que Filizzola continúe procesado en esta causa penal por la supuesta comisión de lesión de confianza.
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación general en contra del A.I. n.° 371 de fecha 6 de mayo de 2025. El Tribunal de Apelaciones Penal, Primera Sala, fue designado para entender en el recurso; sin embargo, se generó un conflicto de competencia entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuya decisión sigue pendiente ante la misma Sala Penal.
“Esta representación penal viene a solicitar respetuosamente que se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal competente y el consecuente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, remarca el documento enviado por la fiscal interviniente a la Corte Suprema de Justicia.
Este recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el A.I. n.° 371. Por ello, la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, ya que el transcurso del tiempo está directamente vinculado con la cuestión que constituye la materia de controversia.
“Resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del Tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”, agrega el escrito.
El caso “Comisarías de oro”, que involucra al senador Rafael Filizzola por su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, sigue sin resolverse. La investigación fiscal comenzó en 2013 y el proceso judicial en el Juzgado Penal arrancó al año siguiente; sin embargo, hasta ahora la causa sigue trabada y no avanza. A pesar del desembolso de G. 1.131 millones a la empresa Todo Verde Emprendimientos, las obras quedaron inconclusas.
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