El Tribunal de Apelación integrado por los camaristas Emiliano Rolón, Óscar Rodríguez y Arnuldo Arias anuló parcialmente la condena por estafa de los tres supuestos caseros del diputado colorado Tomás Rivas. Con la resolución de los magistrados, se deberá realizar un nuevo juicio oral en el que se tendrá que analizar una nueva pena para los acusados.
Meses atrás se le condenó a tres años de cárcel a Reinaldo Chaparro y Lucio Romero. Mientras a que a dos años y seis meses de pena privativa de libertad fue sentenciado Nery Franco.
El recurso de apelación fue presentado por los abogados Jorge Bogarín y Gustavo Leguizamón, por la defensa técnica de Lucio Romero Caballero; abogada Verónica Rotela por la defensa de Nery Antonio Franco, abogados Richard Rojas y Gustavo Arieti por la defensa de Reinaldo Chaparro, todos en un mismo escrito contra la mencionada sentencia.
Los camaristas explican en su fallo que la sanción impuesta es de sustentación defectuosa, ya que al haber varios acusados es fundamental la explicación razonada de cada pena, indica parte de la resolución del tribunal de alzada.
Igualmente, los camaristas mencionan que la penalidad correcta a cada participante criminal debe observar el principio establecido en una normativa legal que dice que cada participante en el hecho será castigado de acuerdo con su reprochabilidad, independientemente de la reprochabilidad de los otros.
En agosto de este año, un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Carlos Hermosilla, Héctor Escobar y Wilfrido Peralta habían condenado a los tres presuntos caseros de Rivas. Ahora la Fiscalía tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia buscando confirmar la resolución de primera instancia.
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Evalúan el impacto de aplicación provisional del acuerdo Mercosur-UE
El diputado César Cerini Benítez se reunió con la viceministra de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricia Frutos Ruiz.
Durante el encuentro, la embajadora detalló aspectos de la implementación del “Acuerdo interino de comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte”.
Tras la reunión, el diputado Cerini informó que la Unión Europea liberalizará el 93 % de sus importaciones desde el Mercosur en un plazo máximo de 10 años, mientras que el Mercosur tendrá 15 años para desgravar el 90 % de sus importaciones desde la UE.
Manifestó que aún queda pendiente la ratificación definitiva del componente político (Acuerdo de Asociación), ya que requiere la aprobación del Parlamento Europeo.
“El texto fue enviado a revisión del Tribunal de Justicia de la UE tras objeciones de algunos países como Polonia”, remarcó.
Igualmente, destacó que para nuestro país, este instrumento representa una herramienta concreta para impulsar el crecimiento económico, ampliar las exportaciones, fortalecer el sector productivo y atraer inversiones estratégicas que contribuirán al desarrollo nacional y a la inserción del país a nivel internacional en lo referente al comercio exterior.
El acuerdo fue firmado en Asunción el 17 de enero de 2026, tras más de 25 años de negociaciones entre ambos bloques.
Establece una zona de libre comercio que alcanza a más de 700 millones de personas, con eliminación progresiva de aranceles para productos agrícolas e industriales, nuevas reglas de origen, facilitación aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, y disposiciones sobre servicios, inversiones y compras gubernamentales.
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Diputado propone estrechar relaciones parlamentarias entre Paraguay y Bielorrusia
El diputado colorado Carlos Núñez Salinas presentó un proyecto de resolución “que crea la Comisión Parlamentaria de Amistad entre Paraguay y la República de Bielorrusia”, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambos parlamentos y ampliar la cooperación bilateral.
En la exposición de motivos del proyecto, el legislador destaca que Bielorrusia es un país de Europa Oriental, sin salida al mar, que ocupa una posición estratégica entre los mercados de Europa y Asia. “El país, independiente desde 1991, cuenta con una superficie de 207.600 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 9,2 millones de habitantes, con capital en Minsk”, señala parte de la exposición de motivos.
Resalta que Bielorrusia es una república unitaria de sistema presidencial, cuyo Poder Legislativo recae en la Asamblea Nacional, integrada por dos cámaras: la Cámara de Representantes, con 110 miembros, y el Consejo de la República, con 64 miembros.
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En el plano económico, el diputado señala que Bielorrusia es miembro pleno de la Unión Económica Euroasiática, junto con Rusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán, y que su Producto Interno Bruto supera los 70.000 millones de dólares.
Entre sus principales industrias mencionó la ingeniería mecánica, la refinación de petróleo, la metalurgia y el textil, además de una fuerte producción agrícola centrada en la papa, el lino, los lácteos, la carne vacuna y los fertilizantes potásicos, rubro en el que el país es uno de los mayores exportadores del mundo.
Expectativas de intercambio
Respecto al intercambio comercial con Paraguay, el proyecto indica que el país exporta productos agroindustriales y granos hacia la región euroasiática, mientras que importa desde Bielorrusia fertilizantes minerales y componentes de maquinaria pesada destinados al sector agropecuario nacional.
El texto recuerda además que las relaciones diplomáticas entre ambas naciones datan del 18 de noviembre de 1992, y que actualmente se canalizan mediante embajadas concurrentes: Bielorrusia atiende los asuntos con Paraguay desde su sede en Brasilia (Brasil), mientras que Paraguay lo hace a través de su embajada en Moscú (rusia).
De aprobarse, la resolución dispone la creación de la Comisión Parlamentaria de Amistad, que será integrada por diputados nacionales designados por sus respectivas bancadas, conforme al artículo 186 de la Constitución Nacional.
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“El JEM sigue siendo necesario en la democracia”, afirma el diputado Aguilera tras reelección
- Por Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
En una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, el diputado colorado Alejandro Aguilera sostuvo que asumirá nuevamente la representación de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) con la promesa de continuar manteniendo una línea de trabajo basada en la objetividad y el respeto al debido proceso.
El legislador también se posicionó en contra de las propuestas de eliminar la institución mediante una reforma constitucional, defendió la permanencia de los políticos en su estructura y rechazó las afirmaciones provenientes del sector opositor referente a un copamiento del oficialismo en el órgano extrapoder encargado de evaluar el desempeño de jueces, agentes fiscales y defensores públicos.
- ¿Cuál será su línea de acción al ser designado nuevamente como representante ante el JEM?
- Mi reelección como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la asumo con un enorme sentido de responsabilidad. Mi línea de trabajo será exactamente la misma que he sostenido desde el primer día en que asumí como miembro, actuar con objetividad, respetando el debido proceso, la Constitución y las leyes, sin perseguir a nadie, pero tampoco tolerando la impunidad.
- ¿Qué opina de la actuación de los actuales operadores de Justicia, es decir de los fiscales, jueces, entre otros?
- El Jurado no está para presionar ni para proteger a magistrados o fiscales; está para controlar su desempeño cuando existen denuncias fundadas. Mi compromiso es analizar cada caso por sus méritos, con absoluta independencia de cualquier interés particular.
- ¿Qué siente cuando un fiscal o juez cae en actos de corrupción?
- Tenemos excelentes jueces y fiscales que honran su función y merecen el reconocimiento de la ciudadanía. Pero también es una realidad que existen casos de mal desempeño y corrupción que dañan profundamente la credibilidad del sistema de justicia. Cuando un operador de justicia traiciona la confianza pública, no solo afecta un expediente, sino que debilita el Estado de Derecho. En esos casos, el Jurado debe actuar con firmeza, siempre dentro del marco legal y respetando las garantías.
- ¿Qué opina sobre el planteamiento de eliminar el JEM mediante una reforma de la Constitución Nacional?
- Considero que toda institución es perfectible y siempre se pueden debatir mejoras. Sin embargo, un órgano encargado del control y la responsabilidad disciplinaria de magistrados sigue siendo necesario en cualquier democracia. Lo importante es fortalecer su funcionamiento, no eliminar los mecanismos de control.
- ¿Considera importante o vital que el Jurado siga siendo integrado por políticos como senadores y diputados?
- Esta es una decisión adoptada por el constituyente para garantizar una integración plural entre los distintos poderes e instituciones del Estado. Mientras ese sea el modelo constitucional vigente corresponde ejercer esa representación con responsabilidad, transparencia y apego absoluto a la ley.
- ¿Qué opina sobre las afirmaciones de los opositores quienes alegan que nuevamente se produjo un copamiento cartista en el JEM?
- Creo que forman parte del debate político. Los integrantes del Jurado fueron designados conforme a los procedimientos previstos en la Constitución y las leyes. La mejor respuesta a cualquier cuestionamiento será nuestro trabajo, decisiones fundadas, transparencia y un compromiso permanente con una justicia más independiente, eficiente y confiable para todos los paraguayos.
También hay que decir que la Cámara de Diputados es un cuerpo colegiado donde se toman las decisiones construyendo consensos o mayorías, en este caso no se pudo llegar a una acuerdo con la oposición presentando ellos candidatos puramente liberales y, en nuestro caso, dos integrantes de la bancada de Honor Colorado, que fue apoyada por las tres bancadas del Partido Colorado, o sea se dio una unidad total de la ANR (Asociación Nacional Republicana) para la elección de estas representaciones.
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Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
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La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.