La Dirección del Registro de Automotores (DRA) de la máxima instancia judicial lleva matriculado desde su creación hasta el 30 de noviembre del año en curso, 2.527.877 vehículos, de los cuales 1.553.154 corresponden a automotores; 3.528 a autos antiguos; 912.468 a motocicletas; 432 a motos antiguas y 58.295 a tractor/maquinarias. Estos datos fueron proveídos por el departamento informático de la repartición judicial.
Los registrados por departamento son: en capital 454.741, en Central hay 739.647 matriculados, en Alto Paraná 420.306, en Itapúa 217.452, en Caaguazú 138.449, en Boquerón 49.101, en Cordillera 65.762, en Guairá 61.394, en Amambay 62.444, en Canindeyú 51.578.
Además en San Pedro hay 62.821 matriculados, en Paraguarí 51.256, en Concepción 42.020, en Ñeembucú 24.344, en Misiones 31.556, en Presidente Hayes 23.559, en Caazapá 28.620, en Alto Paraguay 1.098 y en el Chaco 1.729 matriculados.
Registran vehículo incautado a nombre del Estado
Meses atrás, la Dirección del Registro de Automotores dio entrada a un pedido de la Senabico para registrar a nombre del Estado paraguayo un vehículo decomisado en el marco de una causa penal.
La propia ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Teresa Rojas, mencionó que es un hecho histórico para el Estado, ya que la inscripción de este vehículo servirá como mecanismo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Por su parte, la directora del Registro de Automotores, Julia Cardozo, afirmó que la inscripción de este vehículo es el inicio de varias titulaciones a favor del Estado sobre los decomisos incautados por la institución.
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Fiscalía investiga desvío de combustible en la Dirección de Viabilidad de la comuna de Asunción
La agente fiscal Silvia González Vester se constituyó en la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, en el marco de una investigación penal por presunta lesión de confianza. La diligencia judicial tuvo como propósito la verificación del estado físico de la flota vehicular municipal y constatar las condiciones operativas de los sistemas de provisión, control y carga de combustible asignados a dicha dependencia.
Durante la inspección técnica en el predio municipal, los fiscales detectaron dos tanques de almacenamiento de combustible con capacidad de 1.000 litros cada uno. Tras la verificación, se constató que solo uno de los tanques cuenta con un caudalímetro (marcador digital) para registrar los litros despachados, dejando al segundo tanque sin ningún tipo de control volumétrico. Asimismo, se hallaron elementos de carga manual como baldes y embudos, los cuales habrían sido utilizados para el traspaso informal de los combustibles, evadiendo los registros mecánicos obligatorios y los protocolos básicos de seguridad de la administración pública.
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La hipótesis del Ministerio Público gira en torno a la utilización, disposición y desvío irregular de combustible propiedad del municipio de Asunción, operaciones sospechosas que se concentran de forma directa en el área de Vialidad. La agente fiscal obtuvo documentación relacionada con las órdenes de trabajo de los camiones y registros diarios de consumo.
La investigación continuará con el cruce de datos para identificar la trazabilidad del combustible y determinar el perjuicio patrimonial exacto sufrido por la comuna capitalina, a fin de individualizar y procesar a los responsables de estos hechos.
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Policía de Automotores avanza con las investigaciones tras robo a periodista en Recoleta
Tras el robo del automóvil del periodista Cristian Pérez en el barrio Recoleta de la ciudad de Asunción, el Departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional intensifica los trabajos de campo en la zona. Además, informaron que están avanzando con la recolección de imágenes de cámaras de seguridad periféricas con el objetivo de reconstruir la ruta de escape e identificar a los delincuentes involucrados.
Este jueves, los agentes de automotores recorrieron la zona donde se habría producido el robo del automóvil de la marca Toyota modelo New IST de color blanco perla con chapa JAA 346, perteneciente al comunicador. El hecho ocurrió el pasado lunes, 7 de setiembre, al costado del cementerio La Recoleta.
El mismo día del robo, los efectivos llegaron hasta la zona para tomar la denuncia a Cristian Pérez y realizaron un recorrido para identificar los puntos donde habían cámaras de circuito cerrado. Luego, remitieron el pedido al Juzgado para solicitar las grabaciones de comercios y viviendas vecinas.
Desde la institución confirmaron que hasta el momento se ha avanzado con las investigaciones y que se espera que en las próximas horas se pueda trazar de forma precisa la ruta de escape que utilizaron los malvivientes. En el punto exacto donde estaba estacionado el rodado no contaban con cobertura de monitoreo y activó un protocolo periférico.
Las pesquisas están bien orientadas y el relevamiento de datos resulta clave para identificar los rostros o vehículos de apoyo de la banda criminal que opera en la zona. Instaron a la ciudadanía a aportar información que colabore con la localización del automóvil o ayude a identificar a los sospechosos, comunicándose directamente a emergency services o a la sede de Control de Automotores.
Antecedentes
Según relatos de la víctima, el robo ocurrió el pasado lunes entre las 11:00 y las 16:00, cuando dejó estacionado su automóvil Toyota New IST 2008 sobre la avenida Choferes del Chaco, al costado del Cementerio de la Recoleta. Los delincuentes rompieron el ventilete del automóvil para vulnerar el sistema de encendido y llevarse el vehículo sin levantar sospechas.
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Policías de Automotores se movilizan recién a tres días después del robo a periodista en Recoleta
El periodista deportivo Cristian Pérez, quien fue víctima del robo de su automóvil, lamentó que a tres días de la sustracción ocurrida en el barrio Recoleta de Asunción, aún no se reportaron novedades. La denuncia fue radicada en la Comisaría Sexta y luego, las pesquisas quedaron en manos del Departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional.
El robo se produjo el lunes 7 de setiembre sobre la calle Mariano Molas casi Quesada, al costado del Cementerio de la Recoleta, donde el trabajador de prensa dejó estacionado su Toyota New IST 2008 (color blanco perla, chapa JAA 346) para cumplir con sus labores periodísticas.
La víctima inició una investigación por cuenta propia y apela a la solidaridad de la ciudadanía para recabar datos sobre el vehículo. “Yo pedí imágenes a edificios y empresas cercanas, pero no quieren dar si no vienen los policías”, refirió al Diario La Nación/Nación Media.
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El comunicador solicita el apoyo de las autoridades policiales a fin de recuperar su medio de transporte. Por otro lado, manifestó que no tiene ninguna sospecha de los presuntos autores ni del paradero de su rodado. “Absolutamente nada. Ni siquiera sé si me estaban pescando porque siempre dejo en el estacionamiento, y esa vez estaba lleno”, apuntó.
La desaparición del vehículo se dio entre las 11:00 y las 16:00 del lunes pasado, cuando los delincuentes forzaron el ventilete para vulnerar el sistema de encendido. “Yo dejé cerca de las 10:15. y cuando salí para ir a trabajar a la cancha de Cerro y ya no estaba”, relató la víctima.
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“Estamos en la búsqueda”
Por su parte, el subcomisario Rubén Cáceres, subjefe de Automotores, afirmó este jueves que están buscando cámaras de circuitos de los alrededores para poder ver hacia donde se dirigieron los presuntos robacoches y ayudar a la ubicación del vehículo.
“Justamente, esta mañana, los personales abocados a la investigación están por la zona buscando más cámaras porque en el lugar no había cámaras, y realizando el seguimiento correspondiente”, informó el jefe policial en comunicación con LN.
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Directora de Garantías Constitucionales cumple con los requisitos para el cargo
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia hizo mención a cuáles son los requisitos para acceder a un cargo titular cualquier dirección general en el Poder Judicial. En ese sentido, recordó que las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.
Esta aclaración se dio en vista de las publicaciones periodísticas en las que se cuestiona que la titular de la Dirección General del Poder Judicial no cuenta con título universitario.
El dictamen hace mención a los requisitos establecidos para ocupar el cargo de director/a general, en cualquier Dirección General del Poder Judicial, cargo que actualmente ocupa la señora Verónica Lina Sienra Bertón quien ejerce funciones en esa dependencia hace aproximadamente tres décadas.
Primeramente, el artículo 47, numeral 3, de la Constitución de la República, garantiza el acceso igualitario a las funciones públicas no electivas sin más requisito que la idoneidad.
El dictamen explica que esta idoneidad no se identifica necesariamente con un título universitario, en tanto que dicha exigencia comprende la formación, la experiencia, los conocimientos y la trayectoria necesarios para el adecuado desempeño del cargo. Un título académico sólo es exigible cuando una norma o el perfil específico del puesto lo establece expresamente, y ninguna disposición aplicable a la Dirección General de Garantías Constitucionales lo hace.
Seguidamente, no puede dejarse de mencionar la trayectoria de la funcionaria. La señora María Verónica Lina Sienra Bertón ingresó al Poder Judicial el 11 de septiembre de 1998, contratada como jefa de la dependencia de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales, cuando el actual ministro Luis María Benítez Riera todavía no integraba la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, desempeñó de manera continua funciones de jefatura en la misma dependencia: fue nombrada en el año 2000, confirmada como jefa supervisora en 2002 y designada como jefa de sección en 2008.
Su nombramiento como directora general, el 31 de enero de 2012, no significó el ingreso de una persona ajena a la institución ni el acceso repentino a un cargo gerencial, sino la culminación de más de trece años de carrera desarrollada en el área cuyos procedimientos conocía desde todos los niveles de responsabilidad.
En cuanto al marco normativo, señala el dictamen que no existe reglamentación alguna al tiempo del nombramiento en el 2012, que exigiera un título universitario para acceder al cargo de Directora General y, conforme al principio de irretroactividad del artículo 14 de la Constitución de la República y la regla tempus regit actum, la validez de una designación debe juzgarse según las normas vigentes al momento de dictarse.
Las Acordadas posteriores (N° 1.309/2019, N° 1.479/2020 y N° 1.679/2022) tampoco incorporaron esa exigencia: declararon a las Direcciones Generales como cargos de confianza, contemplaron expresamente la permanencia de quienes ya los ocupaban y, al referirse al “nivel académico necesario”, emplearon una fórmula funcional que no impone una titulación específica.
A su vez, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad administrativa de asistencia jurisdiccional que no ejerce jurisdicción, así como tampoco exige una profesión reglamentada.
En conclusión, las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.
Asimismo, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad de estructura administrativa de asistencia jurisdiccional y no exige para su titularidad una profesión reglamentada ni un título universitario de grado determinado. Dicha dependencia no resuelve casos judiciales, ni ejerce función jurisdiccional algunos reservados a los jueces.
En consecuencia, concluye el dictamen, no corresponde inferir la irregularidad en la designación o la permanencia de la funcionaria en el cargo, a partir de la ausencia de una titulación universitaria que ninguna disposición aplicable exige.
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