El Tribunal de Apelación integrado por los jueces, Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos, confirmó al Tribunal de Sentencia conformado por Elsa García, Olga Ruiz y Digno Arnaldo Fleitas, quienes deberán juzgar a los acusados por la producción de bombas molotov, que fueron utilizadas en el 31M. Este hecho derivó en la quema del Congreso. Debido a la recusación planteada por la defensa de los acusados, se había suspendido semanas atrás el inicio del juicio oral y público.

Los acusados que deberán estar sentados en el banquillo son: Luis Osvaldo Sánchez González, chofer de Efraín Alegre, presidente del PLRA; Brian Esteban Martínez Jara, Rubén Moisés Galeano Cáceres y Stiben Patrón, quien también está imputado por alterar el sistema informá­tico en el PLRA, tras el crimen de Quintana.

Los mismos fueron acusados por la fabricación de bombas molotov en la propia sede partidaria, descubiertas en los sucesos del 31M, que derivó posteriormente a la quema del Congreso de la Nación y culminó con la muerte del joven dirigente, Rodrigo Quintana.

Los cuatro acusados fueron identificados por agentes del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, a través de videos de circuito cerrado y de canales de televisión, cuando tenían en su poder botellas con kerosene en su interior, además de la mecha correspondiente, lo que corresponde a una bomba de fabricación casera o bombas molotov.

Stiben Patrón estuvo detenido en Emboscada en el marco de la causa, mientras que Brian Martínez, Daniel Aquino, Rubén Moisés Galeano y Osvaldo Sánchez obtuvieron asilo político en Uruguay.

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La acusación había sido presentada por los fiscales Eugenio Ocampos, Rodrigo Estigarribia y Hernán Galeano, por los hechos punibles estipulados en el artículo 97, de fabricación ilícita y artículo 99, de hechos punibles conexos en la Ley de Armas, por haber elaborado y participado con elementos explosivos improvisados, conocidos como “cócteles molotov” en sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Según los datos de la Fiscalía, los jóvenes inculpados habrían elaborado y portado las bombas incendiarias, según reveló la pericia técnica. La investiga­ción se inició en abril del 2017, tras el análisis técnico de las cámaras del circuito cerrado de la sede de PLRA. Estas bombas molotov fabricadas presumiblemente en dicha sede partidaria se habrían utilizado el 31 de marzo del 2017, para incendiar el Congreso Nacional.

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