Este martes se suspendió la audiencia preliminar del caso del agente policial Gustavo Florentín, acusado por la Fiscalía de la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana, hecho ocurrido dentro de la sede del Partido Liberal en la madrugada del 1 de abril del 2017. La diligencia judicial quedó pospuesta a raíz de una recusación presentada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos en contra de la jueza Hilda Benítez Vallejo.

“Lo notorio de esto es que a todas luces se trata de una artimaña dentro del proceso al efecto de que no se celebre esa audiencia preliminar y no permitir que se sepa la verdad de lo ocurrido ese día”, aseveró Ricardo Estigarribia, abogado del uniformado recluido hace más de 3 años en la sede de la Agrupación Especializada.

En entrevista con La Nación, el experto en materia legal mencionó que en dicha audiencia también iban a solicitar el cambio de carátula de la causa de homicidio doloso a culposo. En ese sentido, aclaró que esta solicitud es solo para que su cliente recupere su libertad. “No significa de ninguna manera la aceptación del hecho acusado a mi defendido. Es más una estrategia procesal”, indicó.

Estigarribia recordó que Gustavo Florentín se encuentra privado de su libertad hace más de 3 años y 7 meses, lo que le deviene injusto para su defendido litigar desde el encierro. “Se solicitará el cambio de carátula a homicidio culposo. Con esa calificación provisoria, la expectativa de pena baja a 5 años, por lo que ya tiene compurgada 3/4 partes de una eventual condena”, dijo.

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Antecedentes

Los abogados de la defensa, Víctor Raúl Estigarribia, Ricardo Estigarribia y Sandra Barrios, pedirán la anulación de todas las pruebas levantadas en la escena del crimen, ya que a su entender fueron grosera­mente objeto de manipula­ción y de contaminación de todas las evidencias, por lo que también solicitarán que se traiga a la vista la impu­tación presentada por la fis­cala Esmilda Álvarez contra cinco dirigentes juveniles del PLRA, Efraín Alegre Irún, Stiben Patrón, Olga Paredes, Mabel Cantero y Fernando Cáceres, quienes están involucrados en plan­tar y esconder pruebas.

Para la defensa existen suficientes elementos que indican que las evidencias recolectadas en el lugar del crimen fueron manipula­das, cambiadas de manera provocada y eso se observó en las cámaras de circuito cerrado de la sede del PLRA.

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