El juicio oral y público donde se le condenó a Rogelio Roberto Henry Paiva a 28 años de cárcel por feminicidio se desarrollo en la sede judicial de Fernando de la Mora. Foto: Gentileza.
Condenan a 28 años de cárcel a un hombre por feminicidio
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El Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora, presidido por la magistrada Rilsy Ortiz e integrado por los miembros titulares, jueces Pedro Nazer y Natalia Muñoz, condenó a 28 años de pena privativa de libertad al acusado Rogelio Roberto Henry Paiva tras hallarlo culpable de haber cometido el hecho punible de feminicidio.
El juicio oral y público se desarrolló bajo estrictas medidas sanitarias en la sede judicial de Fernando de la Mora. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Yrides Ávila.
Los antecedentes del caso juzgado, en el juicio oral, refieren que el 12 de setiembre de 2018, en horas de la tarde, en un domicilio ubicado en la ciudad de Ñemby, el acusado Rogelio Roberto Henry Paiva acabó con la vida de su esposa Ruth Beatriz González Espínola tras una discusión.
Los médicos forenses determinaron que la muerte de la víctima fue por traumatismo de cráneo encefálico severo por heridas con elemento contundente.
Por su parte la defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de alzada quien tendrá que analizar la apelación y resolver si corresponde confirmar el fallo de los jueces de sentencia o en su defecto anular y ordenar que se realice un nuevo juicio oral y público nuevamente.
Tragedia en Capiatá: discusión vecinal termina con un fallecido y un herido
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La Fiscalía y la Policía Nacional investigan el homicidio de un joven de 28 años que se reportó durante la noche de ayer sábado en la ciudad de Capiatá, tras una pelea y balacera entre vecinos. En el percance también resultó herida otra persona, quien se encuentra fuera de peligro. Los principales sospechosos serían un almacenero y su hijo, que están detenidos.
Según el reporte policial, el hecho se registró durante la noche de 19 de setiembre en el asentamiento Divino Niño Jesús del barrio San José de la citada ciudad. Testigos indicaron que se produjo una discusión entre estas personas involucradas y que uno de ellos sacó el arma de fuego y realizó los disparos.
La víctima fatal fue identificada como Ulises Fabián Candia Báez, de 28 años, quien recibió una herida de arma de fuego a la altura del hombro y otra en la cabeza, y falleció en el sitio. Mientras que resultó con heridas Juan Carlos Ferreira Vera, de 35 años, pero ya se encuentra fuera de peligro e internado en un centro asistencial.
Fueron sindicados como presuntos autores: Porfirio Cabrera, de 52 años, almacenero de la zona, y su hijo Adrián Cabrera, de 23 años. El hombre mayor fue trasladado hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi, ya que se encontraba totalmente golpeado y donde permanece internado con custodia policial.
El Ministerio Público tomó intervención en el caso para esclarecer el trasfondo y las circunstancias exactas que desencadenaron la balacera. Agentes de la comisaría local procedieron a la incautación de imágenes de circuito cerrado de la zona, con las que buscarán determinar la participación de cada uno de los involucrados.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento para anunciar una demanda que impugna la nueva norma federal sobre la "carga pública", la cual podría dificultar que los inmigrantes obtengan la residencia permanente (tarjeta verde) si dependen de beneficios públicos. Foto: AFP
Un tribunal de apelaciones de EE. UU. frena las deportaciones a terceros países
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Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó en parte el viernes un fallo de una instancia inferior que restringe una política del gobierno de Donald Trump de deportar a migrantes indocumentados a países que no son los suyos.
El panel de tres jueces señaló que las personas que enfrentan deportaciones a un “tercer país” deben recibir un aviso efectivo con la debida antelación sobre el lugar al que serán enviadas, para que puedan plantear preocupaciones sobre una posible persecución.
El Congreso ha establecido como política de Estados Unidos no deportar a personas a países donde sus vidas correrían peligro o donde podrían ser sometidas a tortura.
“El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel unánime de este tribunal de apelaciones.
La política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “negaría acceso a esa protección a una amplia franja de no ciudadanos que son enviados a terceros países sin aviso de su destino”, señaló el juez.
Las deportaciones forman parte de la controvertida campaña de combate a la inmigración ilegal del presidente Donald Trump. Centenares de migrantes hispanos han sido deportados a países africanos.
Se espera que el gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
Donald Trump hizo campaña para la presidencia prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos y ha tomado una serie de medidas destinadas a acelerar las deportaciones desde su regreso a la Casa Blanca.
El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, ya que los países de origen de algunas de las personas que están sujetas a expulsión a veces se niegan a aceptarlas.
Falleció mujer que acusó un disparo en el rostro y Fiscalía imputa a su pareja por feminicidio
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La mujer que resultó con una herida en el rostro por disparo de escopeta tras una aparente discusión con su pareja finalmente falleció. Se trata de Nancy Castillo Navarro (37), quien se encontraba internada en el Hospital de Trauma. El Ministerio Público imputó a Edgar Ayala Valdez (29) por presunto feminicidio.
La fiscal Carolina Martínez solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del investigado. El hecho se produjo en la tarde del domingo último en una vivienda ubicada en el barrio San Miguel II de la ciudad de Capiatá.
Según el reporte policial, el hombre había indicado que mantuvo una discusión con la víctima, ya que la mujer le habría reclamado que se haya ausentado de la casa y al retornar a la vivienda encontró que su concubina estaba preparando sus cosas para abandonar la casa, momento en el que se produjo un forcejeo y acusó un golpe con un palo.
Ayala Valdez había señalado que posteriormente fue a otra habitación y después de un tiempo escuchó un disparo y ya encontró a la mujer herida. La mujer fue auxiliada al hospital de la zona y posteriormente fue derivada al Hospital de Trauma debido a la gravedad de la herida.
Según datos de la Fiscalía, la mujer era víctima de violencia y al momento de producirse el hecho la misma estaba preparando sus cosas para abandonar la vivienda tras poner fin a la relación.
El Salvador aplica por primera vez la prisión perpetua por un feminicidio
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La justicia de El Salvador dictó el lunes por primera vez una condena a cadena perpetua contra un hombre por feminicidio, tras una reforma legal impulsada por el presidente Nayib Bukele, informó la fiscalía. El Congreso, dominado por el oficialismo, eliminó en abril la prohibición constitucional de la prisión perpetua, por lo que ahora puede ser aplicada a condenados por homicidio, violaciones y terrorismo.
Hasta entonces la condena máxima era de 60 años de cárcel, con mecanismos de reducción de sentencia. Luego, Bukele hizo aprobar una norma que extendió el castigo a los menores de edad que cometieran asesinatos, violaciones o participen en terrorismo. La fiscalía logró “la primera condena de prisión perpetua por feminicidio agravado”, indicó la entidad en un comunicado.
El crimen ocurrió en agosto pasado en Santa Ana, al oeste de la capital salvadoreña. El procesado fue hallado culpable de asesinar con arma blanca “a una vecina a quien acosaba constantemente”. El viernes, la justicia salvadoreña dictó la primera sentencia a cadena perpetua contra un hombre sentenciado por asesinato y el lunes fue la primera por feminicidio.
Bukele gobierna bajo un régimen de excepción que representa la piedra angular de su guerra contra las pandillas, que ha llevado a prisión a unas 92.000 personas y ha reducido la criminalidad a mínimos históricos. Sin embargo, el mandatario derechista es acusado por expertos de Naciones Unidas y oenegés de abusos contra los derechos humanos que podrían constituir crímenes contra la humanidad.