El juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio Benítez, procesado por presunto cohecho pasivo agravado, ingresó en una fase decisiva con la incorporación de pruebas documentales. Durante las últimas jornadas, las partes examinaron expedientes centrados en la logística institucional y en supuestas vinculaciones con el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

Entre los elementos exhibidos destaca la denominada “Evidencia n.º 8”, un compendio documental que detalla solicitudes de mantenimiento, garantías de blindaje y memorandos oficiales del Ministerio del Interior. Los documentos revelan gestiones para exceptuar del ploteado institucional a vehículos utilizados en “zonas rojas o sensibles”, así como el uso de rodados para escoltar a delegaciones diplomáticas internacionales.

Asimismo, el tribunal incorporó la “Evidencia n.º 7”, que reúne notas manuscritas y recortes referentes a candidaturas políticas, viajes y empresarios. Esta vertiente busca determinar si existió una red de favores o beneficios irregulares otorgados a favor de firmas vinculadas al crimen organizado durante la gestión del exfuncionario.

En audiencias previas, la declaración del vendedor comercial Adolfo D’Ecclesiis aportó datos sobre la operatividad de la empresa Ombú SA. El testigo detalló cómo se coordinó una prueba balística en la sede de la FOPE en diciembre de 2021, oportunidad en la que Espíndola Marqués de Padua presentó insumos de blindaje ante las autoridades estatales.

D’Ecclesiis ratificó ante los jueces que las tratativas técnicas y comerciales con el Ministerio del Interior eran lideradas directamente por Marcus Vinicius. Según la acusación del Ministerio Público, Giuzzio habría aceptado alquileres y reparaciones de vehículos a cambio de favorecer a las empresas del presunto narco en futuras licitaciones de seguridad. Por su parte, la estrategia del acusado busca demostrar que no existió una contraprestación ni un pacto ilegal.

Concluida la lectura del bloque documental, el tribunal de sentencia dispuso un receso e informó que notificará a las partes sobre la nómina de los próximos comparecientes. La reanudación fue fijada para el martes 22 a las 8:00 de la mañana, jornada en la que se prevé una sesión extendida. Para la siguiente etapa, la secretaría del tribunal confirmará la disponibilidad de las personas citadas a fin de agilizar el desarrollo de la causa. Se espera que la comparecencia de nuevos testigos clave comience a definir el tramo final de este proceso judicial.

Culminó la etapa de producción de pruebas documentales y la declaración de testigos en el juicio oral que enfrenta el exsenador Hernán David Rivas, juzgado por tener título dudoso de abogado. Con la declaración de Éver Ortiz, exalumno de la Universidad Sudamericana, y la producción de los últimos documentos, se dio por terminada dicha fase. El próximo lunes 21 de septiembre se iniciará la etapa de alegatos finales por parte del Ministerio Público.

Durante la última audiencia, Ortiz afirmó haber visto a Rivas durante su etapa de estudiante en la filial de Ciudad del Este. Señaló que logró identificarlo porque, años después de terminar la carrera —entre 2015 y 2020—, coincidió con él en una reunión política donde conversaron y recordaron haber estudiado en la misma institución.

Asimismo, en el juicio se leyó una nota que aclara que la fiscal del caso no recibió amenazas directas del procesado, sino la amenaza provino de una tercera persona que no ha sido identificada. También se hizo constar que Hernán Rivas renunció a su banca en el Senado el 8 de mayo de 2026.

Te puede interesar: Caen dos presuntos microtraficantes con casi 500 gramos de cocaína en San Lorenzo

A lo largo del proceso judicial declararon múltiples testigos, entre ellos funcionarios y exalumnos de la Universidad Sudamericana. En su momento, Aurelio Marecos, excoordinador de la universidad entre 2009 y 2014, manifestó ante el Tribunal de Sentencia que conocía a Rivas de su época universitaria en Ciudad del Este. Marecos relató que viajaba constantemente a dicha filial para tomar exámenes y explicó que pudo identificarlo porque guardaba su número telefónico; detalló que, en 2016, Rivas y otros estudiantes lo llamaron preocupados por el cierre de la facultad.

El testigo recordó además a profesores como Mario Reyes y Mario Antúnez (este último a cargo de materias como Derecho Constitucional, Penal y Procesal Penal), y a compañeros de Rivas como Heber Samaniego, con quien el exlegislador habría rendido exámenes, además de Victorina Elizeche, Luis Gil, el propio Éver Ortiz y una persona de apellido Morínigo.

Finalmente, Marecos ratificó que Rivas estuvo presente en la mayoría de sus evaluaciones escritas y orales en Ciudad del Este, específicamente en las materias de Constitucional, Penal, Tributario y Administrativo.

Podes leer: Decretan prisión en Viñas Cué para agentes de la Senad por filtrar datos a “Lalo” Gomes

La fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al Tribunal de Apelación de San Lorenzo —integrado por Ana Orrego, Dionicio Nicolás Frutos y Gustavo Bóbeda— que ratifique íntegramente la resolución que elevó a juicio oral y público el proceso penal por abuso sexual en niños, cuyo presunto autor es el hermano de una representante del Ministerio Público.

Ríos Dos Santos contestó la apelación presentada por la defensa del acusado, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya fue confirmada por la Cámara de Apelación de Central.

El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace dos meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para intentar favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la justicia actúe conforme a derecho.

La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones planteadas por las partes.

Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo sobre un hecho determinado, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.

Te puede interesar: Concretan la primera aplicación de tobillera electrónica en Saltos del Guairá

Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar concretamente qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar.

Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.

El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral.

La Fiscalía sostiene que “la hipótesis fáctica se sostiene con todos los elementos colectados a lo largo de la investigación, los cuales se encuentran agregados al cuaderno de investigación fiscal”.

Entre estas pruebas se destacan declaraciones testificales, un diagnóstico médico, contención psicológica con relato del hecho, informes psicológicos, la Cámara Gesell, un informe fonoaudiológico, un informe psicopedagógico inicial y un perfil neurocognitivo.

Podes leer: Adopciones internacionales: ministra Llanes entregó informes de 1986-1992 al Museo de la Justicia

El tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos, Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dio continuidad este lunes al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El tribunal definió sobre los incidentes planteados tanto por el Ministerio Público, parte acusadora, como de la defensa de Prieto y los demás acusados en el caso conocido como Tía Chela.

La acusación es por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales con la distribución de kits de alimentos en época de la pandemia, por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando Prieto era intendente.

Uno de los incidentes planteados por la Fiscalía es una nota del 28 de marzo del 2020, que ya se encontraba en la carpeta fiscal, en este caso se presentó el pedido de solicitar informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), sobre el cambio de productos incluidos en el kit de alimentos.

“El tribunal, al haber constatado la existencia de la referida nota, que ya obraba en la carpeta fiscal, no se configura en la circunstancia de hecho nuevo invocado por el Ministerio Público como fundamento de su petición. En consecuencia corresponde rechazar la inclusión de los informes solicitados”, fue la respuesta del tribunal.

Agrega que, “no obstante, si en el transcurso del debate el Tribunal considera necesario de contar con algunos de los dichos informes, pueda disponer la solicitud de los mismos conforme a las facultades que le confiere el artículo 394 del Código Procesal Penal, como medida de mejor proveer”.

Te puede interesar: Gremio médico exige un reajuste salarial generalizado antes de avanzar al escalafón

El tribunal también se expidió sobre el pedido de incluir la declaración testifical del director de la DNCP, Agustín Encina. “Debe señalarse que la prueba testimonial tiene por objeto incorporar al juicio el conocimiento que una persona posee respecto a hechos o circunstancias que ha percibido y que guarda relación con el objeto del proceso. Este tribunal advierte que el Ministerio Público no señaló concretamente hecho u objeto del presente juicio había conocido el señor Agustín Encina, ni que el mismo haya tenido intervención directa en las circunstancias fácticas contenidas de la acusación”, mencionan.

Mientras tanto, el tribunal señala que “al fundamentar su pedido el Ministerio Público sostuvo que su declaración resulta necesaria por tratarse de un testigo calificado y experto que podría responder consultas sobre la pertinencia de la nota del 28 de marzo del 2020 sobre su regularidad o irregularidad y explicar si resulta factible ese tipo de procedimientos en materia de contrataciones públicas. Se rechaza dicha incidencia”.

Sobre la inclusión probatoria de 28 enlaces o links correspondientes a publicaciones realizadas en redes sociales que habían sido ofrecidas durante la audiencia preliminar y que no habían sido admitidas por el juzgado penal de Garantías, correspondientes a publicaciones y registros audiovisuales vinculados, entre otros aspectos con la adquisición, preparación y entrega de los kits de alimentos y publicaciones de medios periodísticos, el tribunal considera que corresponde diferir sobre su resolución.

La defensa dividió la solicitud en dos grupos, el primer grupo cuatro personas, “se sustentó en hechos nuevos señalando que dichas personas fueron localizadas pocos días antes del inicio del juicio, las mismas se encuentran individualizadas entre las 25 personas mencionadas en el informe y sus declaraciones permitirían establecer si se recibieron los kits de alimentos, si las firmas obrantes en las planillas les pertenece, y dónde residía al momento de los hechos, así como confrontar tales circunstancias con el contenido del informe”.

Por lo que el tribunal definió que “sus testimonios pueden resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos y para la elaboración del elemento probatorio, razón por la cual corresponde admitirlos”. De igual manera admitió los 56 testigos, ofrecidos por la defensa en un segundo grupo, que no fueron admitidos por el juzgado penal de Garantías, fueron seleccionados de una nómina de 126 personas, afectadas a la preparación y distribución y entrega de los kits de alimentos en distintos.

“Será durante el debate del juicio cuando podrá determinarse si resulta necesaria la declaración de los testigos admitidos, pudiendo prescindirse de aquellos cuyos testimonios resulten repetitivos o sobreabundante”, definió el tribunal.

Leé también: Juicio de Giuzzio fue suspendido por malestar de su abogada

Por otra parte, el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa, de utilizar las redes sociales del exintendente para la transmisión del juicio, argumentando que los canales institucionales de la Corte y los diferentes medios de comunicación ya están transmitiendo cumpliendo el principio de publicidad.