Los días 22, 24 y 31 de julio se desarrollará el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial Tania Irún, acusada por el delito de prevaricato tras, presuntamente, violar la seguridad fronteriza nacional al firmar un fallo judicial que otorgó de forma irregular 310.000 hectáreas de tierras protegidas a empresas de maletín en el departamento de Alto Paraguay.

Luego de conformarse el tribunal de sentencia, cuyos integrantes son los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, se fijó la fecha para el desarrollo de la audiencia oral. El presente caso se realizará tras confirmarse en la Cámara de Apelación la resolución judicial que elevó este proceso penal a un juicio oral y público.

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En su momento, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y solicitó el juicio oral y público para la procesada. Machuca fue contundente al señalar que la entonces magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial —e intimó a la parte demandada— a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en Alto Paraguay.

La acusación del Ministerio Público refiere textualmente: “Como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley Especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”.

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Prosiguió el juicio oral y público para el extitular de la Seprelad, Óscar Boidanich, juzgado por supuesta frustración de la ejecución y persecución penal, al presuntamente no alertar sobre las operaciones del empresario Darío Messer. En la audiencia oral desarrollada este martes en el Palacio de Justicia, se produjeron varias pruebas documentales del Ministerio Público que no tienen ninguna relación con el extitular de la Seprelad, lo que afianza la tesis de la defensa sobre la inexistencia del hecho punible acusado.

Por su parte, el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich, señaló: “Ningún elemento producido en el juicio oral hasta el momento vincula a mi representado con algún manejo irregular en el presente caso”. La audiencia oral proseguirá el 9 de julio a las 11:00 con la última parte de la exhibición de las pruebas documentales. Luego se ingresará a la etapa de alegatos finales, tanto del Ministerio Público como de la defensa. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos.

Semanas atrás, altos funcionarios de la Seprelad declararon y deslindaron toda responsabilidad de Boidanich en las supuestas demoras del trámite del informe de inteligencia sobre Messer. Los testimonios evidenciaron que el proceso continuó su curso bajo la gestión de otras autoridades mientras Boidanich se encontraba fuera de sus funciones por cuestiones de salud.

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Crismilda Espinoza, una de las testigos principales, admitió ante el Tribunal que Boidanich no le dio instrucción alguna sobre el caso. Asimismo, reconoció que, al menos desde marzo del 2018, tenía pleno conocimiento de la existencia de un dictamen jurídico sobre el borrador del informe de inteligencia y que, durante su interinazgo como titular de la Seprelad, siguió el trámite de dicho documento. Espinoza confirmó que ejerció la titularidad de la institución entre los meses de enero y febrero de 2018, y luego desde principios de marzo hasta el 15 de abril del mismo año.

La defensa técnica enfatizó que no se le puede reclamar ninguna responsabilidad a Boidanich por los hechos ocurridos en esos lapsos, dado que no se encontraba ejerciendo el cargo.

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En el marco del juicio oral y público contra el exministro abdista, Arnaldo Giuzzio, por cohecho pasivo agravado, el próximo miércoles 2 de julio entre las 8:00 a 10:00 se desarrollará la audiencia ante el Tribunal de Sentencia, la lectura de los chats extraídos de uno de los celulares incautados en Brasil del supuesto narcotraficante Lindomar Reges Furtado.

El juicio que enfrenta el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, es por supuestamente recibir favores del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, socio comercial de Lindomar Reges Furtado. El informe de los chats podría complicar la situación de Giuzzio en cuanto a las conexiones con ambos supuestos narcotraficantes.

Reges Furtado fue condenado por el Tribunal Federal de Río de Janeiro, en el marco del Operativo Turf ejecutado por la Policía Federal del Brasil, a 37 años de cárcel por liderar una red internacional de tráfico de cocaína. Durante su detención en el vecino país, fueron incautados teléfonos celulares pertenecientes a Lindomar, en el marco de la causa contra Giuzzio el Ministerio Público solicitó la colaboración de la Justicia brasileña para tener acceso al extracto de los chats, lo que fue aprobado por el Tribunal de Sentencia del caso.

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La sospecha fiscal es que Giuzzio habría recibido “regalos” por parte de Lindomar y a cambio pudo haber utilizado información privilegiada de inteligencia para filtrar datos y facilitar la huida del capo brasileño del barrio cerrado en el Alto Paraná, para determinar si estos hechos se dieron o no la revelación de los chats será crucial.

El objetivo es confirmar si Giuzzio mantuvo algún vínculo con Lindomar, teniendo en cuenta que de acuerdo con la investigación fiscal, se sospecha que Marcus Vinicius y Lindomar Reges Furtado eran socios comerciales y crearon varias empresas con capital inyectado por el ahora sentenciado. Asimismo, existen sospechas de que la firma Black Eagle Group SA (cuyo nombre comercial es Ombú SA), propiedad de Marques de Padua y dedicada al blindaje de vehículos de alta gama, recibió fondos de Reges Furtado para operar en Paraguay.

En el marco de esta causa, Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, la semana pasada declaró ente el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, en carácter de testigo del caso.

El mismo confirmó que recibió la llamada del propio Arnaldo Giuzzio cuando se encontraba de vacaciones con su familia en Brasil, esto entre diciembre del 2021 a enero del 2022. En esa llamada, Giuzzio le comentó a Marcus Vinicius que se encontraba en territorio brasileño y el vehículo en el cual se movilizaba sufrió un desperfecto mecánico.

“Recibí una llamada del ministro que se está dislocando con la familia por el lado brasileño, cuando se percató de una falla mecánica y me solicitó si tenía un vehículo disponible para su locación. Cuando tengo contacto con el señor Roberto Enciso es para averiguar qué vehículo teníamos disponible en el momento. El señor Roberto Enciso también estaba de viaje, pero estaba en los alrededores y me informó de que en ese momento no teníamos ningún vehículo disponible, que estaban todos arrendados”, relató durante su declaración.

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En el marco del juicio por cohecho pasivo agravado, que enfrenta el exministro abdista de la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas) y del Interior, Arnaldo Giuzzio, fue convocado a declarar el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua. El proceso judicial que se lleva adelante es precisamente por haber recibido favores de una persona ligada al narcotráfico, en este caso, Marcus Vinicius, quien ahora se convierte en una pieza clave contra Giuzzio.

Marcus Vinicius declaró por más de dos horas ante el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, en carácter de testigo del caso. La parte acusadora, el Ministerio Público, se encargó de realizar todas las preguntas que involucran y tienen que ver con la relación que mantuvieron el testigo y el acusado, desde cómo se inició el contacto entre ambos, hasta el punto en cuestión, el uso de un vehículo en Brasil.

Marcus Vinicius, en su carácter de testigo, confirmó que recibió la llamada del propio Arnaldo Giuzzio cuando se encontraba de vacaciones con su familia en Brasil, esto entre diciembre del 2021 a enero del 2022. En esa llamada, Giuzzio le comentó a Marcus Vinicius que se encontraba en territorio brasileño y el vehículo en el cual se movilizaba sufrió un desperfecto mecánico.

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“Recibí una llamada del ministro que se está dislocando con la familia por el lado brasileño, cuando se percató de una falla mecánica y me solicitó si tenía un vehículo disponible para su locación. Cuando tengo contacto con el señor Roberto Enciso es para averiguar qué vehículo teníamos disponible en el momento. El señor Roberto Enciso también estaba de viaje, pero estaba en los alrededores y me informó de que en ese momento no teníamos ningún vehículo disponible, que estaban todos arrendados”, relató Espíndola.

Prosiguió detallando que: “Esa llamada fue hecha por altavoz, en ese momento Jussara Cabral (su pareja en ese momento) ofreció su vehículo de uso personal que hacía parte de la empresa (Ombu S. A.), ella ofreció que podía prestar su vehículo, que el vehículo estaba disponible. Ese vehículo no era de locación (alquiler), era el vehículo de uso particular de ella”.

Este vehículo de uso particular, que pertenecía a la empresa Ombu S. A., fue registrado como un vehículo alquilado, pero sin percibir por ello, para que Giuzzio y su familia puedan movilizarse en territorio brasileño. “Ese vehículo específico, por ser un vehículo de uso particular, fue en carácter de préstamo, no quisimos recibir nada, mi señora no quiso recibir (pago) por el alquiler de ese vehículo, pero por ser un vehículo brasileño, necesitaba de un informe de dónde se alquiló, necesitaba de una nota de alquiler, (una nota de comprobante)”, confirmó.

Marcus Vinicius confirmó las características del vehículo, que se manejaba desde un principio. “Era un vehículo Kia Carnival, no recuerdo la chapa y el año de ese vehículo, pero creo que era del año 2019 o 2020 (modelo 2018 chapa WCGC 805). Con ese vehículo se hizo una nota de alquiler, porque ese vehículo para circular en territorio nacional (Brasil) necesita de una autorización por escribanía o una nota de alquiler”, explicó el testigo.

El detalle más importante de esta causa es que Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua era sindicado por la ministra de la Senad, de ese entonces, Zully Rolón, como un presunto narcotraficante detenido en Brasil y quien habría sido el principal objetivo del Operativo Turf, realizado en febrero del 2022 en el Paraná Country Club de Hernandarias. Giuzzio fue ministro de la Senad y en ese entonces ministro del Interior, cuando se realizó este operativo.

Marqués de Padua también aparece en varias fotografías con Giuzzio, ya que el mismo pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El vínculo entre Giuzzio y el presunto narco es el punto principal por el cual se lleva adelante este juicio.

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