Dos adultos mayores siguen reclamando justicia tras el desalojo de una propiedad rural de 9 hectáreas, en el departamento de Presidente Hayes, que según consideran, les fue arrebatada mediante un presunto engaño familiar.
La propiedad está ubicada sobre la ruta Transchaco, en Costa Guazú, km. 35, distrito de Benjamín Aceval.
Los denunciantes que fueron desalojados son: Alicia Ramona Amarilla Vda. de García y su primo Fermín Mario Amarilla, quienes acompañados por su representante legal, el abogado Hugo Britos acudieron nuevamente a la sede judicial para dar seguimiento a la causa N° 008/2023, actualmente en estudio ante un Tribunal de Apelación.
El caso es analizado por un Tribunal compuesto por los magistrados: César Eduardo Rojas, Víctor Hugo Rorzewsky, y Víctor Ilich.
El colegiado fue integrado formalmente el 27 de setiembre de 2024, y desde entonces los afectados aguardan una resolución definitiva.
De acuerdo con el abogado Britos, el tribunal debe pronunciarse sobre la legalidad de la medida cautelar que permitió el ingreso a la propiedad y el posterior desalojo.
“Estamos esperando que el Tribunal dicte sentencia. Confiamos en que se resolverá conforme a derecho”, expresó el profesional.
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Según el relato de la señora Alicia, el conflicto se inició hace aproximadamente ocho años, cuando habría firmado documentos que —según afirma— no le fueron debidamente explicados. Alega que creyó estar firmando papeles relacionados con gestiones bancarias, y no una transferencia de dominio.
En el expediente se menciona la presunta participación de su hija, Delia García, a quien los denunciantes atribuyen la operación que derivó en la pérdida del inmueble.
El abogado defensor sostiene que la propiedad habría sido transferida por un monto que considera desproporcionado respecto al valor real del mercado en la zona del Chaco.
Hace aproximadamente seis meses se ejecutó un procedimiento de desalojo que, según los denunciantes, se realizó en circunstancias confusas y con presencia del abogado Hermes López Turlán, señalado como supuesto nuevo propietario.
Familiares de la afectada calificaron el operativo como violento y humillante, afirmando que la mujer fue retirada del inmueble donde residió durante décadas.
Actualmente, la señora Alicia vive en casa de familiares, en condiciones que describen como de extrema precariedad. Los afectados señalan que la situación económica y emocional se agravó tras el desalojo.
Además, denuncian que los animales de producción que formaban parte de la finca quedaron sin manejo adecuado, lo que compromete su sustento.
“Ella no quiere perjudicar a nadie, solo quiere volver a su casa”, reiteró el abogado Britos.
Los familiares solicitan que el Tribunal dicte sentencia con carácter urgente, atendiendo la edad avanzada de la afectada y la situación vulnerable en la que se encuentra.
Mientras el expediente avanza en instancia de revisión, la causa N° 008/2023 se convierte en un caso que pone en debate aspectos sensibles como la protección patrimonial de adultos mayores, la validez de actos jurídicos cuestionados y la celeridad procesal en situaciones de vulnerabilidad.
La resolución del Tribunal será determinante para definir si la señora Alicia podrá retornar a la propiedad que afirma haber habitado durante más de cuatro décadas.
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