Un hombre fue encontrado culpable de abusar sexualmente durante 3 años de su hijastra menor de edad y fue condenado a 12 años de pena privativa de libertad luego de culminar el juicio oral y público. El fallo fue dictado de conformidad a la legislación anterior, considerando que el hecho ocurrió en el 2017.
La agente fiscal Carolina Rosa Gadea sustentó la acusación y demostró la responsabilidad penal del hombre, mediante la producción de pruebas documentales y testimoniales. Luego, los jueces de Sentencia Lourdes Morínigo, Evangelina Villalba y Óscar Gabriel Genez dictaron el fallo, basándose en los elementos probatorios del Ministerio Público.
La denuncia sobre el caso fue presentada el 19 enero del 2017 por responsables de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Según los antecedentes, las agresiones sexuales ocurrieron en un inmueble de la zona de Minga Guazú.
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La víctima, de 13 años, declaró que en los primeros tiempos su padrastro solamente la manoseaba, hasta llegar a someterla sexualmente. La médica forense de la Fiscalía, doctora Ramona García, confirmó los abusos.
Mayores detalles del hecho se omiten para preservar la identidad de la víctima, de conformidad con lo establecido por el Código de la Niñez y Adolescencia.
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CIDH declara cumplidas las medidas de reparación de Paraguay en el caso Yakye Axa
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el cumplimiento total por parte del Estado paraguayo de las medidas de reparación relacionadas con la publicación y difusión de la sentencia en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. El informe se dio a conocer a través de la Cancillería Nacional al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic).
Mediante la nota VMRE-UGDH Nº 941-2026, se informó que la Unidad General de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional remitió al Mitic la resolución de fecha 9 de octubre de 2026, notificada mediante la nota CDH-12.313/640 del 21 de octubre de 2026, por la cual la CIDH declara el cumplimiento total de las medidas de reparación ordenadas en el punto resolutivo décimo segundo de la sentencia correspondiente al caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay.
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La decisión constituye un nuevo reconocimiento al compromiso del Estado paraguayo con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos, transparencia y acceso a la información, ejecutadas a través de la Comisión de Seguimiento de las Sentencias Internacionales, CICSI, liderada por el propio vicepresidente de la República Pedro Alliana.
El punto resolutivo décimo segundo de la sentencia dispuso la publicación de los hechos probados y de los puntos resolutivos del fallo en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, además de la financiación de transmisiones radiales destinadas a difundir el contenido de la decisión judicial. Tras el proceso de supervisión realizado por la CIDH, estas medidas fueron consideradas plenamente cumplidas por el Estado paraguayo.
Prioridad en política comunicacional
Desde el Mitic señalan que el cumplimiento de estas disposiciones fue una prioridad dentro de la política de fortalecimiento de la comunicación pública y del respeto a los compromisos internacionales del Paraguay. En ese marco, informaron que se impulsaron acciones de difusión, campañas de comunicación, espacios radiales y materiales informativos orientados a garantizar que las medidas ordenadas por la Corte lleguen efectivamente a la ciudadanía y a las comunidades involucradas.
Asimismo, se promovieron espacios de visibilización y participación que permitieron amplificar la voz de los pueblos indígenas, contribuyendo a la difusión de sus derechos, su cultura y las decisiones adoptadas por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
La comunicación remitida por la Cancillería reconoce el cumplimiento de estas medidas de difusión y publicación, que forman parte de las reparaciones ordenadas en favor de la Comunidad Indígena Yakye Axa y que constituyen herramientas fundamentales para garantizar la memoria, la transparencia y el acceso a la información pública.
Ratifica compromiso institucional
Desde la vicepresidencia resaltaron que con esta decisión, la CIDH reconoce el cumplimiento de las acciones de comunicación y difusión desarrolladas por el Estado paraguayo, fortaleciendo los mecanismos de acceso público a las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reafirmando el compromiso institucional del Paraguay con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos.
“La declaración de cumplimiento total constituye, además, una muestra del trabajo coordinado entre las instituciones del Estado para honrar los compromisos internacionales asumidos por el país y garantizar que las medidas de reparación ordenadas por los organismos internacionales sean conocidas por la ciudadanía y lleguen efectivamente a sus beneficiarios”, destaca el informe que brindaron dese la vicepresidencia.
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En el Este, imputan a un hombre por el abuso sexual de su hijastra de 11 años
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En cada denuncia de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes se repite el mismo padrón en los victimarios; se trata de alguien del entorno familiar, tal como indican las estadísticas. Es el caso por el cual la fiscal Vivian Andrea Coronel imputó a un hombre de 25 años por la presunta comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. La víctima sería su hijastra, de 11 años.
La investigación a cargo de la agente de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, tiene que ver con una denuncia presentada por la madre de la niña, en la que se relata que, desde septiembre de 2026 el hombre convivía con la citada mujer y las dos hijas menores de 11 y 8 años.
En la primera quincena de octubre, el hoy procesado habría aprovechado los momentos en que la mujer salía a trabajar para quedarse a solas con las niñas. En una ocasión, la mayor no asistió a la escuela y, según la investigación, en esas circunstancias se habrían iniciado los abusos. La pareja vivía en Ciudad del Este.
Las agresiones se habrían repetido en diferentes ocasiones, tanto en una habitación de la vivienda como en el baño. De acuerdo con el escrito fiscal, el hombre habría recurrido a la fuerza y a las amenazas para cometer los hechos e impedir que la niña confesara sobre los abusos.
Sin embargo, la víctima decidió contar a su madre lo que venía sufriendo y la mamá presentó la denuncia ante las instituciones pertinentes y dio inicio a la investigación.
Como parte de las diligencias, la niña fue examinada por en medicina forense y recibió asistencia psicológica del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía. La hermana menor también fue atendida por una psicóloga y, según el informe de asistencia, habría relatado que presenció los manoseos y escuchó a su hermana pedir que el hombre la dejara tranquila.
Entre los elementos de sospecha, la Fiscalía menciona la denuncia policial, la entrevista a la madre, el informe de inspección forense y los informes de asistencia psicológica de ambas niñas. La fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado, quien se encuentra privado de libertad.
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Tía Chela: tribunal advierte a Miguel Prieto que será juzgado también por estafa y otros
El Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos —integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel— advirtió al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a otros diez acusados que deben preparar sus defensas ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso “Tía Chela” sean calificados también como estafa y producción de documentos no auténticos.
La acusación actual corresponde a los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. La advertencia fue realizada por el colegiado durante el juicio oral por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Con relación a Prieto, el Tribunal de Sentencia indicó que debe preparar su defensa ante una eventual calificación de estafa en calidad de coautor y producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso. Para los demás procesados, la advertencia contempla los mismos hechos punibles, pero con distintos grados de participación.
En la fecha, la audiencia oral prosiguió con la lectura de las pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público. Por el momento, no está prevista la declaración de testigos. La Fiscalía sostiene que probará que Prieto habría causado el millonario perjuicio al encabezar un supuesto esquema de desvío de recursos municipales en el que habrían participado funcionarios de su administración.
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Condenan a 25 años de cárcel a la “Viuda Negra” de Curuguaty y a sus cómplices por sicariato
Un tribunal de sentencia condenó a 25 años de cárcel a María Liliana Velázquez Villasanti, considerada la “Viuda Negra”, tras ser encontrada culpable del homicidio de su cónyuge en calidad de autora intelectual.
En la fecha finalizó el juicio oral por el hecho de sicariato ocurrido en octubre de 2023 en Curuguaty, donde un hombre fue ultimado a tiros mientras realizaba una caminata junto a su esposa y su madre.
La investigación fiscal demostró que la propia esposa planificó y financió la muerte de su marido con la ayuda de su amante. Ante esto, el Tribunal determinó condenar a 25 años de cárcel a los tres procesados en el caso.
El suceso conmocionó a todo el departamento de Canindeyú, ya que la víctima, Alfredo Jara, era un conocido taxista y comerciante, además de hermano del presidente de la Junta Municipal de Curuguaty. El crimen se habría originado por la ambición de la mujer de quedarse con todos los bienes para luego unirse a su amante.
Asimismo, los jueces de sentencia condenaron a Rubén Darío Benítez Gómez a 25 años de pena privativa de libertad en calidad de autor material del hecho punible de sicariato; a María Liliana Velázquez Villasanti a 25 años en calidad de instigadora; y a Rubén Rodas Portillo también a 25 años por su participación como intermediario en la planificación y ejecución del delito.
Durante el juicio, el Ministerio Público acreditó que, una semana antes del crimen, Rubén Rodas Portillo contactó desde la penitenciaría a Rubén Darío Benítez Gómez para proponerle el asesinato por encargo. El 13 de octubre de 2023 se reunieron en Curuguaty y, posteriormente, mantuvieron un encuentro con María Liliana Velázquez Villasanti, quien encargó la muerte de su pareja por la suma de G. 25.000.000.
Al día siguiente, Velázquez Villasanti entregó a Benítez Gómez un adelanto de G. 10.000.000 y un chip telefónico que sería utilizado para coordinar el momento y el lugar del ataque. El 17 de octubre de 2023, alrededor de las 06:40, Benítez Gómez se trasladó hasta el lugar acordado y efectuó varios disparos contra la víctima, provocándole la muerte. Posteriormente, huyó del sitio y entregó el arma utilizada junto a otras evidencias a Rodas Portillo.
Tras la valoración de las pruebas producidas durante el juicio oral, el Tribunal de Sentencia declaró la responsabilidad penal de los tres acusados e impuso las penas de 25 años de privación de libertad.