El fiscal de Luque Francisco Torres imputó por coacción y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso al abogado Pablo Sanabria Roa y al oficial de justicia José Óscar Núñez, quienes bajo una orden judicial falsa habían desalojado a una anciana de nombre Irma Concepción Rojas de su propiedad en noviembre del 2018, ubicada en Zárate Isla, de la referida ciudad.
La dueña de la propiedad fue sacada del inmueble de manera violenta y la dejaron prácticamente en la calle en aquella oportunidad, ya que los ahora imputados se habían valido del documento falso y junto con varios agentes policiales realizaron el desalojo.
Posteriormente, los vecinos se movilizaron para ayudar a la anciana desalojada y descubrieron que el inmueble tenía una orden judicial de no innovar, firmada por el juez en lo civil y comercial Daniel Ocampos, que data del 2016.
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El desalojo se registró el 28 de noviembre del 2018 con un aparatoso operativo policial, pero con un documento fraguado. Aparentemente, el abogado Sanabria sería representante legal de una firma que pretendía quedarse con la propiedad.
El desalojo era contra Félix de Valois Franco, esposo de Irma Concepción Rojas, pero el hombre ya no vivía en dicha propiedad de tres hectáreas reclamada por el abogado Sanabria, por lo que no correspondía el desalojo. Además, la mujer ya tenía a su favor una orden de no innovar, ya que había promovido un juicio de usucapión. Actualmente, la anciana no puede aún ingresar a la propiedad por este mencionado hecho.
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El embargo a Atlas es un “indicador más ante sospecha de lavado”, señala abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.
“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.
El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.
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Metrobús: “No creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens”, afirma Preda
El abogado Ricardo Preda manifestó que la responsabilidad penal por la destrucción de las obras del Metrobús no debería limitarse únicamente al exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, imputado actualmente por los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas.
Según Preda, es fundamental investigar si existieron instigadores o personas que motivaron la decisión de sepultar la obra vial que apuntaba a garantizar a los ciudadanos de la capital y del área metropolitana un servicio digno y de calidad, teniendo en cuenta que los informes técnicos que le fueron expuestos al exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez desaconsejaban dicha medida.
“Yo no creo que la responsabilidad penal se reduzca solo a Wiens. La cuestión acá está solamente en que estos hechos ocurrieron hace muchos años y habría que revisar si ya están prescriptos con relación a las conductas de otras personas que pudieron haber intervenido o instigado la decisión de que las obras sean destruidas“, indicó Preda en una entrevista con el programa ”Arriba hoy" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado acotó: "Hay que ver si alguien le dio la instrucciones a Wiens, quien está imputado como autor de la destrucción, pero se debe ver si alguien le convenció o motivó para que haga eso, ya que desde el punto de vista técnico, sus profesionales técnicos le decían que no lo haga. Igualmente, esto no le exonerará de una responsabilidad penal, ya que no puede exonerarse diciendo que alguien le dio una orden“.
El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.
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Sobreseimiento definitivo
Las afirmaciones de Preda surgieron tras darse el pasado jueves 28 de mayo, el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, predecesor de Wiens, quien también fue investigado e imputado por lesión de confianza en torno a la fallida obra vial.
“Realmente, el trabajo de la Fiscalía sobre el caso Metrobús fue muy exhaustivo después del sobreseimiento provisional al exministro Ramón Jiménez Gaona y entraron a investigar no solo las constancias de la investigación penal, sino también lo atinente al proceso arbitral donde ambas partes, tanto el Estado paraguayo como la empresa Mota Engil presentaron evidencias para que cada uno refuerce su argumento”, comentó.
Señaló que “esas evidencias sirvieron de base para concluir que no hubo ninguna conducta punible en el periodo de Jiménez Gaona, porque obviamente todo lo que se pagó en su administración tuvo una contraprestación equivalente y que las obras sí podían ser terminadas y que, de hecho, los propios consultores del gobierno posterior (gestión de Arnoldo Wiens) señalaban que esas obras no solo podían, sino que tenían que ser continuadas porque esa era la opción correcta".
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Fiscalía allanó una vivienda en Luque en el caso de joven de 23 años desaparecido
El agente fiscal Jorge Escobar encabezó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Loma Merlo de la ciudad de Luque, en el marco de la investigación por la desaparición de Bruno Rafael Ojeda Alfonsi, de 23 años de edad.
El procedimiento fue realizado anoche viernes con acompañamiento de agentes de la Comisaría 3.ª Central, personal del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas y efectivos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.
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Durante la intervención, los investigadores buscaban prendas de vestir que habría utilizado la persona desaparecida al momento de ser vista por última vez. Sin embargo, no fueron halladas las vestimentas pertenecientes al joven. En el lugar sí fueron incautadas cuatro prendas de vestir pertenecientes a un sospechoso, entre ellas pantalones tipo jeans y un pulóver azul, que presentaban manchas de origen a determinar.
Las evidencias fueron remitidas para análisis laboratoriales especializados a fin de establecer la naturaleza de las manchas y determinar si corresponden a sangre humana u otro elemento de interés para la investigación.
De acuerdo con los antecedentes, Bruno Rafael Ojeda Alfonsi fue visto por última vez en la madrugada del 24 de mayo de 2026, luego de salir de su vivienda ubicada sobre las calles Alto Paraguay casi Gumarelos, en el barrio Loma Merlo de Luque. La investigación continúa con la realización de diligencias que permitan determinar el paradero del joven y esclarecer las circunstancias de su desaparición.
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Testigos desarman tesis fiscal al sostener que informe sobre Messer siguió el proceso legal
El abogado Claudio Lovera, quien ejerce la defensa legal del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, indicó que el juicio oral y público contra su cliente será retomado el próximo lunes 1 de junio a las 8:30.
Detalló que el proceso judicial seguirá con la declaración de otros 5 testigos que presenta su cliente procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
Este viernes se concretó la declaración testifical de cuatro personas para luego ir a un cuarto intermedio. “Luego de la etapa testifical se producirán las pruebas documentales e iremos avanzando. Existe un volumen importante de documentos que ofreció la Fiscalía y bueno se deberán producir para ir formando la convicción por parte del tribunal”, comentó en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Fiscalía sustenta su acusación basándose principalmente en la hipótesis de que el exfuncionario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera deliberada información clave sobre los movimientos financieros sospechosos de Messer.
Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia de la fecha se puede resaltar que la Seprelad actuó de manera proactiva, respondiendo a estrictos criterios de inteligencia financiera. “Básicamente se expuso lo que fue la tramitación en sí de lo que fue primero el borrador de informe y posteriormente el informe que fue remitido al Ministerio Público y en lo que respecta a Boidanich, él no tuvo ninguna intervención irregular de esa área (encargada de la elaboración del reporte de inteligencia financiera de Messer)”, comentó.
El abogado agregó que “citaron por ejemplo el volumen de trabajo que contaban, los tiempos que eso implicaba para la elaboración de los informes de inteligencia financiera. Se detalló que incluso uno de los funcionarios llegó a colaborar con la labor del Ministerio Público en el marco de la investigación generada a Messer”.
Lovera ratificó que no “existen méritos o elementos” que motiven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez se empezaron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa que fue una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.
El documento expone que el reporte de inteligencia financiera elaborado por la Seprelad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvieron explicando cómo se lleva adelante y como se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en esa época, dentro de las etapas habituales del trabajo“, mencionó.
Finalmente, el abogado argumentó que un punto fundamental en la causa que también contribuye a desmontar la acusación fiscal, es que en el lapso del trabajo de inteligencia financiera por parte de Seprelad “no se filtró ningún dato, no alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público haya tomado las decisiones oportuna y pertinente".