Esta mañana, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, firmó una adenda de convenio marco con el presidente del Poder Judicial, Alberto Martínez Simón. El acto contó con la presencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

El convenio tiene por objetivo coordinar acciones para un mayor fortalecimiento del sistema de justicia en el trámite interinstitucional. Quiñónez anunció la firma de otro convenio sobre la implementación del expediente electrónico entre ambas instituciones.

El acuerdo tiene por objeto establecer las bases que regirán las relaciones de cooperación entre las partes para fortalecer el sistema penal a partir de la definición articulada de la política criminal entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.

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Se prevé ajustar un plan de trabajo mediante reuniones que permitan definir respuestas penales y procesales al conflicto penal, ajustar las herramientas reglamentarias de cada una de las partes para el logro del objetivo general señalado precedentemente, así como generar espacios de debate y capacitación entre magistrados judiciales y fiscales.

Quiñónez señaló que el Ministerio Público constantemente procura implementar mecanismos que faciliten el acceso a la Justicia, que sean más efectivos para los ciudadanos.

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“Hoy firmamos una adenda, de un convenio que también contribuye al fortalecimiento institucional y al sistema de Justicia. Posteriormente, también firmaremos otro convenio, estamos dialogando con el presidente de la Corte, lo que facilitará más el trabajo tanto de los fiscales, jueces y también para la misma ciudadanía, el expediente electrónico que facilitará la transparencia y el acceso a los usuarios a las causas fiscales”, expresó la fiscala general del Estado.

El convenio establece un plan de trabajo que permitirá dar respuestas conjuntas y ágiles en casos de conflictos penales. Así también, busca incrementar la especialización y capacitación en puntos claves en materia de política criminal.

Por último, busca mayor efectividad en la implementación de salidas alternativas, acorde a lo permitido y establecido en las leyes vigentes, para mejorar los tiempos de la justicia penal.

Los ministros Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón y César Manuel Diesel Junghanns refrendaron el convenio en calidad de testigos de honor.

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