El juez Rolando Duarte concedió este jueves medidas alternativas a la prisión a Rodolfo Friedmann y su esposa Marly Figueredo, imputados por el negociado de la merienda escolar en el Guairá. Ambos recibieron el beneficio tras chicanear el caso desde el pasado mes de agosto.
A Friedmann se le impuso una fianza de US$ 200 mil y tiene prohibido salir del país, cambiar de domicilio y número de teléfono para no perder la comunicación. La señora Figueredo tiene prohibido abandonar el país y su fianza es de US$ 100 mil.
“Las medidas alternativas a la prisión ya recomendadas por el Ministerio Público, en ese sentido se ha concretado el embargo de una propiedad por valor de US$ 200 mil en relación con Rodolfo Friedmann y la señora Marly Figueredo por US$ 100 mil”, señaló el juez Rolando Duarte.
Sostuvo que la orden de no cambiar de número de celular para ambos es a causa de que la comparecencia en los tribunales están suspendidas y no se debe perder comunicación con los procesados. La diligencia fue solicitada por la defensa, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, y el juzgado hizo lugar al pedido.
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Desde la imputación del Ministerio Público, Rodolfo Friedmann, Marly Figueredo y los demás procesados en la misma causa chicanearon el proceso, buscando evitar ser sometidos a la justicia por las denuncias contra el político colorado.
La Fiscalía imputó al exgobernador del Guairá por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo. Marly Figueredo está procesada por presunto lavado de dinero.
Friedmann es acusado de montar un esquema con la empresa Eventos y Servicios (ESSA) a fin de adueñarse con la merienda escolar, mediante licitaciones direccionadas en su época de gobernador y terminaba beneficiando a la firma de su propiedad.
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Controversia en EE. UU.: juez prohíbe exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas
Un juez federal de Estados Unidos falló en contra de una ley en Texas que ordenaba a los colegios públicos exhibir los Diez Mandamientos en todas las salas de clase.
El juez Fred Biery ordenó una restricción preliminar de la implementación de la ley, que entraría en vigencia a partir del 1 de septiembre y que fue cuestionada ante la justicia por familias de diversos credos con hijos en escuelas públicas.
La ley del estado de Texas, conocida como el Proyecto de Ley 10 del Senado, es inconstitucional y “toma posición, de manera inadmisible, en asuntos teológicos y favorece oficialmente a creencias cristianas por encima de otras”, escribió Biery en el fallo de 55 páginas.
“Es probable que la exposición envíe un mensaje de exclusión y de carga espiritual a los hijos de los demandantes que no suscriban la versión aprobada de los Diez Mandamientos, que los considerarían que ‘no pertenecen a su comunidad escolar’”, afirmó.
El rabí Mara Nathan, uno de los demandantes, sostuvo la decisión.
“Las creencias religiosas de niños y niñas deben ser promovidas por sus padres y por sus comunidades, no por políticos y colegios públicos”, declaró Nathan.
Rachel Laser, presidenta de la asociación Americanos Unidos para la Separación Iglesia-Estado, también aplaudió la decisión de enviar un “fuerte mensaje que resonará en todo el país sobre la libertad de credo de cada estudiante en nuestras escuelas públicas”.
Otro juez federal bloqueó en noviembre de 2024 una ley en Luisiana que requería la exposición de los Diez Mandamientos en todas las aulas de escuelas públicas de ese estado conservador del sur de Estados Unidos.
El juez John deGravelles aseguró que la norma es inconstitucional porque violar la Primera Enmienda.
La separación de iglesia y Estado es un principio fundacional de Estados Unidos y la Constitución prohíbe que se establezca una religión nacional o se dé preferencia a una creencia por encima de otras.
En un caso similar, en 1980, la Corte Suprema decidió que la exposición de los Diez Mandamientos en los colegios de Kentucky era inconstitucional.
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En Oklahoma, la máxima autoridad educativa de ese estado conservador ordenó recientemente que se enseñe la Biblia en escuelas públicas, una decisión que también enfrenta desafíos legales.
Fuente: AFP
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Juez presentó su obra jurídica sobre garantías constitucionales en el proceso paraguayo
En el Salón Auditorio “Doctora Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción se realizó la presentación de la obra jurídica “Garantías Constitucionales en el Proceso Paraguayo”, del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de Lambaré, Guillermo Manuel Delmás, que aborda el debido proceso desde un enfoque garantista y comparativo.
La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como de referentes del ámbito jurídico nacional César Diesel Junghanns, y de los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Joaquín Martínez Simón y Gustavo Santander Dans.
La obra constituye un aporte al análisis de las garantías constitucionales aplicadas al proceso judicial civil, con énfasis en el derecho a la defensa, la igualdad procesal y la imparcialidad del juzgador. Durante la actividad, el ministro Alberto Martínez Simón valoró el contenido de la obra como una exposición estructurada de pensamiento jurídico que enriquece el debate académico e institucional.
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La obra presenta una revisión crítica de las facultades ordenatorias e instructorias del juez, a la luz del artículo 18 del Código Procesal Civil, desde una visión garantista y con referencias a sistemas jurídicos comparados.
La publicación está estructurada en cuatro capítulos, además de anexos que incluyen jurisprudencia y acuerdos relevantes. En el primer capítulo, se expone el objeto de investigación y el método adoptado. El segundo capítulo, el más extenso, desarrolla el marco teórico, analiza antecedentes nacionales y extranjeros, y reflexiona sobre principios procesales y medidas como las de mejor proveer.
El tercero aborda un análisis doctrinal y comparativo con experiencias de otras jurisdicciones. En tanto que el cuarto capítulo presenta conclusiones y recomendaciones, orientadas a fortalecer la formación jurídica con enfoque de garantías. El libro fue prologado por el jurista argentino Adolfo Alvarado Velloso, referente internacional del derecho procesal.
Igualmente, el evento contó con la participación de:
- la vicepresidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Beatriz Pucheta Vda. de Correa,
- la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Peña
- el profesor doctor Oscar Alejandro Amaya (Universidad de Bolonia, Italia)
- el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, doctor Delio Vera Navarro
- autoridades de tribunales
- universidades
- gremios jurídicos
- operadores del sistema de justicia
La presentación fue transmitida a través de la plataforma Google Meet, y concluyó con una entrega simbólica de reconocimiento al autor por parte de sus colegas, destacando el valor académico de su contribución a la doctrina jurídica nacional.
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Prieto “debe estar sentenciado por la Justicia”, dice la Contraloría Ciudadana
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este urge a la Fiscalía expedirse sobre las denuncias de corrupción que pesan sobre el destituido intendente Miguel Prieto. De las 50 causas penales que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Estamos un poco triste porque acá la Justicia debe hacer su papel, existen denuncias muy contundentes que realizamos y que en el informe de la intervención prácticamente no se mencionaron. Prieto malutilizó su puesto y debe estar sentenciado por la Justicia”, comentó Magdalena Montiel, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este manifestó que Prieto va perdiendo el apoyo ciudadano tras la corroboración de las graves irregularidades mediante el proceso de intervención que encabezó el economista Ramón Ramírez, que también fueron detectadas en una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
“La ciudadanía ya se muestra apática. El equipo político de Miguel Prieto hizo ayer (martes) una convocatoria para apoyarle y aparecieron solo tres. La gente está muy desconfiada de toda la clase política de Ciudad del Este", refirió Montiel.
Asimismo, aguarda la presentación de candidatos potables para la intendencia por parte de los demás sectores políticos en Ciudad del Este para sustituir a Prieto y zanjar la crisis que enfrenta la comuna y la localidad en general. “Acá se debe tener en cuenta que salió la cabeza de la gavilla, pero quedó el resto de la gavilla administrando la municipalidad durante estos 3 meses. Quedó toda la estructura montada en la municipalidad, ellos no le tienen miedo a la justicia”, comentó.
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), informaron que las elecciones internas se encuentran programadas para el primer domingo de octubre, mientras que los comicios generales municipales están previstos para el 9 de noviembre.
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Con amplio margen, destituyen a Miguel Prieto por corrupción
- HOY.COM.PY
Por 47 votos a favor, 30 en contra y 3 ausencias, la Cámara Baja aprobó en sesión extraordinaria la destitución de Miguel Prieto como intendente de Ciudad del Este. De esta forma, el opositor –acosado por decenas de denuncias, dos imputaciones, una auditoría de Contraloría y una intervención– queda fuera del municipio. Tras el trámite legislativo, ahora la Justicia Electoral deberá convocar a elecciones en los próximos 90 días para las internas y para los comicios que definirán al intendente que completará el mandato de Prieto, que se cumple a finales del próximo año 2026.
ASÍ VOTARON LOS DIPUTADOS:
A FAVOR:
Raúl Latorre, Hugo Meza, Daniel Centurión, José Rodríguez, Yamil Esgaib, Virina Villanueva De peña, Arturo Urbieta, Leonardo Saiz Arce, Carmen Jiménez de Ovando, Jorge Barressi , César Cerini, Roberto González, Édgar Chávez, Alejandro Aguilera, Miguel del Puerto, David Jara Espinoza, Édgar Olmedo, Carlos Godoy, Avelino Dávalos, Sebastián Remesowsky, Christin Brunaga, Germán Solinger, Néstro Castellano, Carlos Arrechea , Esteban Samaniego, Héctor Figueredo, Bettina Aguilera, Luis González, Liz Acosta, Rocío Abed, Juan Manuel Añazco, Jazmín Narváez, Carlos Núñez Salinas, Jatar Fernández, Johana Vega, Saúl González, Néstor Castellano, Pedro Ortiz , Fabiana Soto, Santiago Benítez, Cristina Villalba, Benjamín Cantero, Rubén Rousillón, Ida Catebbekke, José Adorno, Francisco Petterrsen.
AUSENTES:
Jorge Ávalos Mariño, Mauricio Espínola, Ramón Maciel.
EN CONTRA:
Johanna Ortega, Emilio Pavón, Ariel Villagra, Pastor Vera Bejarano, Carlos María López, Constancia Benítez, Alejo Ríos, Salyn Buzarquis, Carlos Pereira, Del Pilar Vázquez, Arnaldo Valdez, Guillermo Rodríguez, Roya Torres, Miguel Martínez , Walter García, Marcelo Salinas, Dalia Estigarribia, Rodrigo Blanco, Rubén Rubin, Federico Franco, Laidy Galeano, Pedro Gómez , Billy Vaesquen, Alejandro Zenna,Raúl Benítez, Diosnel Aguilera, Manuel Acevedo, Cleto Giménez, Rocío Vallejo, Graciela Aguilera.
CAUSALES
La intervención concluyó que las 12 causales señaladas por la Contraloría General de la República fueron constatadas y son las siguientes:
1. Estados Financieros presentados con graves inconsistencias como saldos irregulares, clasificaciones erróneas y variaciones injustificadas.
2. Incumplimiento de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.
3. Inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias.
4. Incumplimiento de los procesos de contratación empleando transferencias para la ejecución de obras.
5. Incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a organizaciones no gubernamentales.
6. Irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales.
7. Irregularidades en la gestión del patrimonio de los bienes municipales.
8. Irregularidades en las transferencias a organizaciones sin fines de lucro.
9. Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o parque fueron ejecutados en cantidades diferentes, con recursos de Fonacide, royalties y compensaciones.
10. Pagos a los proveedores sin que estos hayan presentado la documentación exigida para el efecto.
11. Pagos realizados a proveedores sin que estén cumplidas las exigencias legales.
12. Inconsistencias en las informaciones obtenidas del personal de las empresas proveedoras de la municipalidad en cuanto a la cantidad de empleados.
“Irregularidades fueron contundentes”
“El informe final del interventor, Ramón Ramírez, fue muy contundente sobre las irregularidades detectadas en la administración municipal, por eso una mayoría votó por la destitución. Hay funcionarios que cobraban cheques destinados a las organizaciones sin fines de lucro, las llamadas comisiones vecinales y subcomisiones vecinales, específicamente en cheques de 600 millones de guaraníes, cobrado por un funcionario de la Secretaría de Administración de Finanzas”.
Rodeado de corruptos, pretende dar cátedra de moralidad y democracia
El colmo de la hipocresía política se vivió tras la destitución de Miguel Prieto.
En conferencia de prensa, el exintendente de Ciudad del Este intentó erigirse como víctima y dar lecciones de democracia, pero la escena hablaba por sí sola: estaba rodeado de sus cómplices de siempre.
A su lado apareció nada menos que Fran Arrúa, su hombre de confianza, hoy presidente del partido Yo Creo. Para quienes no recuerdan, este es el mismo Fran Arrúa que, cuando se desempeñaba como director de Finanzas de la Municipalidad, instruyó a su secretaria a “efectivizar” 600 millones de guaraníes en cheques destinados a comisiones.
LOS ANTECEDENTES QUE LO DELATAN
El Ministerio Público acusó a Prieto y a otros 10 funcionarios por un esquema de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en el marco de millonarias transferencias a comisiones vecinales y organizaciones fantasmas. Entre los nombres señalados aparece el de Arrúa, cuya mano estuvo detrás de la firma y cobro de cheques que, en teoría, estaban destinados a comisiones, pero que terminaron alimentando la caja paralela del clan Prieto.
El informe final de la intervención también lo nombra: se constató que cheques librados a nombre de comisiones fueron efectivizados directamente por Arrúa, un modus operandi que refuerza la existencia de un esquema de desvío sistemático de fondos municipales.
DE IMPUTADO A “PRESIDENTE MORAL”
Hoy, con Prieto destituido y hundido en denuncias de corrupción, resulta casi cómico verlo flanqueado por un personaje como Arrúa, intentando vender la idea de que encarnan la “nueva política”. En la práctica, ambos representan lo contrario: el reciclaje de los mismos vicios que hundieron a Ciudad del Este.
La paradoja es brutal: Prieto, destituido por corrupción, y Arrúa, acusado de cobrar cheques de comisiones, presumiendo de demócratas y paladines de la transparencia.