Miembros de la Asociación de Rematadores Públicos del Paraguay se concentrarán este miércoles a las 9:00 frente al Poder Judicial para pedir el levantamiento de la suspensión que pesa sobre su presidente, Atilio Estigarribia Salina, quien actualmente no puede ejercer su profesión a raíz de que fue suspendido por una presunta irregularidad detectada en un remate en Encarnación en el 2017.
En dicho año, la fiscala Zulma Britos abrió una carpeta fiscal contra algunas personas, todas rematadores de profesión, pero no así contra Estigarribia; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, a través del Consejo de Superintendencia, lo suspendió.
Estigarribia manifestó que por un caso grave, la suspensión va hasta un año; sin embargo, él ya está soportando el tercer año de no poder ejercer su trabajo.
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Dijo que ya se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para que le levanten la suspensión, porque varios de los que estuvieron procesados por la irregularidad detectada en Encarnación ya están trabajando nuevamente.
Pidió al superintendente interino, Mario Elizeche, que lo dejen trabajar. Desde el gremio ya emitieron varios comunicados a la máxima instancia judicial para estudiar el caso de Estigarribia.
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Ordenan sumario para agentes de la FTC en Canindeyú, tras tomar cerveza en pleno servicio
Este jueves, en redes sociales se hizo viral una fotografía en la que aparecen dos agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tomando cerveza en un surtidor mientras estaban de servicio en el departamento de Canindeyú. Estos estaban acompañados de otras dos personas vestidas de civiles.
El hecho se reportó en una estación de servicio de la citada localidad, donde estos agentes fueron con sus uniformes y portando sus armas reglamentarias. Tras comer algún aperitivo junto a sus amigos, pidieron unas chopp para cerrar el encuentro y esto fue captado por un ciudadano.
La situación fue reportada ante el ministro de Defensa, Óscar González, quien dispuso la suspensión del comisionamiento de los involucrados. Además, solicitó la presentación de ambos militares ante el Comando de las Fuerzas Militares para la apertura de un sumario administrativo.
“Cuando se cometen faltas fuera de la unidad se duplica en cuanto a su gravedad, porque manchan la imagen de la fuerza armada. El reglamento militar indica una expectativa de pena de hasta 90 días de arresto disciplinario”, dijo en ministro, en “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Desde el Ministerio de Defensa comunicaron que estos efectivos ya fueron identificados como el Cap. Com. Juan Rejala y la Tte. C. Karen Giménez. González indicó que se impondrán sanciones severas al personal que incurra en este tipo de faltas contra la disciplina militar.
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MDS suspende provisión de almuerzo escolar por huelga de docentes
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) comunicó este domingo que debido al paro de docentes, anunciado para el lunes 18 y martes 19 de agosto, se suspende la provisión de alimentación escolar en las instituciones educativas a su cargo. Los maestros decidieron mantener la medida de fuerza tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
“Debido a la huelga anunciada por gremios docentes, se determinó suspender la provisión de almuerzo escolar en Central, Presidente Hayes y Asunción los días 18 y 19 de agosto”, señala el comunicado publicado por el MDS en sus redes sociales.
El comunicado se dirige a las instituciones educativas y proveedores adjudicados en el marco del llamado a contratación de alimentación escolar correspondiente a los departamentos de Central, Presidente Hayes y capital (Asunción) – Programa Hambre Cero que, en atención a la circular n° 12/2025 del Conae.
“Debido al paro nacional de docentes, a los efectos de proteger los recursos públicos destinados al programa y evitar desperdicios, se suspenden las provisiones de los servicios de alimentación escolar los días 18 y 19 de agosto del 2025”, menciona el texto.
Los educadores exigen un aumento salarial del 8,6 %, entre otros pedidos, mientras que el reajuste ofrecido por el Ejecutivo es del 3,6 %, sin embargo, no se dieron avances en las negociaciones entre el MEC y los gremios irán al paro.
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“Asumimos los errores que se detectaron”, expresa directivo de minimercado
Luego de la suspensión por parte de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) a la conocida cadena de minimercados, Giuliano Caligaris, directivo de la firma, admitió que se detectaron errores en el proceso de etiquetado de algunos productos.
“Asumimos los errores involuntarios que se detectaron, pero el cierre de toda la cadena es una medida totalmente desproporcional”, afirmó Giuliano Caligaris a la 800 AM, y explicó que la empresa trabaja fraccionando embutidos, quesos y ciertas carnes que reciben en grandes piezas de los proveedores, para luego envasarlos y venderlos porcionados.
En este proceso, cada producto lleva una etiqueta con su peso y precio. Según el directivo, el problema no está en el fraccionado en sí, sino en lo que ocurre en las tiendas cuando hay variaciones de precios fijadas por los frigoríficos u otros proveedores.
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“Lo que puede pasar es que un colaborador, al recibir el nuevo precio, pese de nuevo el producto, imprima la nueva etiqueta y la coloque encima de la anterior. Eso es un error humano, un error indeseado, que evitamos a toda costa, pero sí se dieron casos detectados”, admitió Caligaris.
Subrayó además que la compañía no impulsa ni aprueba esa forma de trabajo, y que se trata de fallas operativas aisladas. El directivo insistió en que la empresa está reforzando sus protocolos internos para prevenir que estos hechos se repitan, al tiempo que colabora con las autoridades para subsanar cualquier irregularidad.
“No es política de la empresa alterar etiquetas, asumimos la responsabilidad de los casos detectados y tomaremos las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir”, remarcó.
¿Qué pasó?
La Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) suspendió toda la cadena de la empresa por “riesgo sanitario”, luego de la inspección de 5 sucursales, donde se constataron las irregularidades en productos vencidos y reetiquetados.
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Presidenta de Perú rechaza orden de Corte IDH de suspender ley de amnistía a militares
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.
La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.
La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.
“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.
“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.
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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.
La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
- Fuente: AFP
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