Una mujer que habría dado de consumir marihuana a su hijo menor de 1 año y 6 meses fue imputada por el Ministerio Público en prosecución de una investigación por el hecho punible de violación del deber del cuidado o educación. La investigación está a cargo de la agente fiscal Estela Mary Ramírez.
La denuncia sobre el caso fue radicada el 28 de octubre último por la doctora Alejandra González, médica de guardia del Hospital Regional de Ciudad del Este. La profesional informó que el pequeño fue llevado por su madre al centro asistencial, en aparente estado de intoxicación. A raíz de esa situación, le tomaron muestras de sangre y orina al niño y le practicaron el examen toxicológico, cuyos resultados arrojaron positivo a la existencia de marihuana en el organismo de la criatura.
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Como acto investigativo, la fiscala Estela Ramírez realizó además una constitución hasta la vivienda de la ahora imputada. En el lugar, la comitiva fiscal pudo constatar un desorden generalizado, falta de higiene y la existencia de botellas de cerveza. En la oportunidad, la indiciada declaró que es adicta a la marihuana.
“Con las diligencias preliminares, se puede concluir que existen suficientes elementos de sospecha sobre la participación de la imputada en la comisión del hecho punible investigado”, refiere una parte del escrito fiscal. La representación pública solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión para la encausada.
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El deber de proteger y el quiebre de la confianza ciudadana
Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional”. Simple y contundente. Esta es una de las obligaciones fundamentales que la República impone a todos sus funcionarios públicos y aquí no hay excepciones ni privilegios de la ley: la cumplen desde el presidente hasta el último servidor del Estado.
Desde luego que no es una formalidad para cumplir durante un acto de juramento ni una frase de adorno para llenar los discursos oficiales. Es un mandato que otorga el pueblo y que compromete a quienes ejercen una función pública y que, como evoca y demanda la propia fórmula constitucional, tiene una advertencia incuestionable: “Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden”.
El colapso de Ueno Bank obliga a revisar sobre ese compromiso, porque lo que se discute y se debate no es solamente el desplome nefasto (por su impacto) de una entidad financiera, las fallas de supervisión o los perjuicios causados que tuvieron que cubrirse mediante los mecanismos de garantía.
Lo que el trabajo del Ministerio Público comienza a mostrar es un escenario más delicado: la utilización de las propias estructuras del Estado para favorecer intereses particulares, en perjuicio de miles de ciudadanos que confiaron sus ahorros al sistema financiero.
Se ha visto que el empleo del Estado para fines contrarios a la ley y al pueblo pueden causar estragos, tal como ocurrió en la gestión de gobierno 2018-2023, cuando las instituciones públicas se usaron como “garrote político”, con el único fin de la persecución, situación que desembocó en pérdidas de empleos y merma de ingresos para el fisco.
Pero todo esto está reglado, incluidos los que se atreven a desviarse de la ética de la gestión. El flamante presidente del Banco Central del Paraguay, Jorge Schreiner, puso en el centro de la discusión una cuestión esencial al destacar que el problema que afecta e impacta el Paraguay en estas semanas y meses nunca estuvo en el diseño de la ley ni en las normas financieras.
Las reglas existían, eran claras y establecían los mecanismos de control y las medidas que debían adoptarse cuando una entidad presentaba indicadores preocupantes. El problema, se deduce, no fue por la ausencia de herramientas o soportes legales, sino la conducta de quienes tenían la obligación de utilizarlas.
Y esta distinción que hace Schreiner es clave, puesto que una legislación puede ser perfectible, pero ninguna norma puede sustituir la ética, la independencia y los escrúpulos de quienes deben aplicarla con criterio y atendiendo siempre el interés colectivo.
El acta de imputación contra la otrora cúpula del BCP y contra el expresidente de la República muestra que ni desde el Poder Ejecutivo ni desde la banca matriz se cuidó el interés general.
Porque la lógica es tan inapelable como concluyente: si las autoridades conocen las alertas, disponen de facultades para actuar y pese a esto dejan que los eventos prosigan su curso normal, no estamos ante una simple deficiencia administrativa o falla en la aplicación de la ley. Nos enfrentamos ante una cuestión de responsabilidad que debe ser investigada hasta sus últimas consecuencias.
La gravedad del caso adquiere otra connotación cuando el Ministerio Público ubica a la anterior cabeza del Poder Ejecutivo en la cúspide de la estructura organizada y jerárquica que describe en el acta de imputación.
Como base de la investigación en curso, la Fiscalía sostiene que desde la Presidencia de la República se habrían articulado decisiones y relaciones para subordinar los organismos de control a los intereses del conglomerado empresarial vinculado al Grupo Vázquez (Ueno Bank y otros). Se trata de acusaciones gravísimas que obviamente deberán probarse en juicio, pero que no pueden ser minimizadas reduciéndolas a una disputa política.
Está claro también que superado el shock financiero que supuso la caída de la entidad bancaria, un hecho aislado dentro del sistema financiero, no hay que soslayar que el golpe del que poco a poco nos estamos recuperando significó un quiebre de la confianza pública hacia sus autoridades.
Esa confianza es parte esencial de cualquier sistema social, político o financiero. Sin ella, no hay estabilidad que se sustente ni discurso económico que alcance para convencer a los ciudadanos de que sus recursos están seguros.
Por eso, la explicación de que las normas eran claras, que no había ausencia de reglas de juego, no puede convertirse en un punto final, sino en el comienzo de una exigencia mucho más profunda: determinar quiénes conocían las irregularidades, quiénes debían intervenir y no lo hicieron y quiénes se beneficiaron de esa inacción.
El trabajo que deben hacer los órganos de justicia en adelante deberá establecer los hechos y determinar la responsabilidad individual de cada investigado. Si bien no corresponde adelantar condenas o sanciones, tampoco relativizar la gravedad de lo que el Ministerio Público está investigando.
Cumplir la Constitución no es solamente evitar violarla de manera directa. También significa honrar el mandato de proteger el interés general, actuar con honestidad y no utilizar el poder para beneficiar a unos pocos. Lastimosamente los servidores públicos que hoy están procesados directamente lo ignoraron.
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¡Avril Lavigne se convierte en mamá a los 42 años!
La cantante Avril Lavigne llenó de ternura a sus seguidores con la más hermosa noticia: el nacimiento de su primera niña. El anuncio sorprendió a sus seguidores y a la prensa internacional, ya que la artista nunca había hecho público su embarazo.
Más que “complicated”, Avril Lavigne está más feliz que nunca. “Nuestra Mini F–king Princesa ha llegado”, publicó en su cuenta de Instagram en un carrusel con tres imágenes en blanco y negro, donde se la ve disfrutando de su primera hija.
Misterio absoluto
Ahora los fans de la cantante entienden porqué la artista llevaba más de un año sin al menos una publicación en Instagram. El público tampoco conoce a su pareja, lo cual demuestra el resguardo de la cantante hacia su vida privada. De acuerdo con la publicación de la revista Billboard, su último romance conocido fue con el rapero Tyga, con quien terminó en 2023.
En su momento, la artista también estuvo casada con el líder de la banda Sum 41, Deryck Whibley, hasta su divorcio en 2010. Luego se casó con el vocalista de Nickelback, Chad Kroeger, de quien finalmente se separó en 2015.
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Sus deseos de ser mamá
Ya en el 2013, Avril Lavigne había hablado de sus intenciones de ser mamá ante periodistas durante la presentación de su quinto álbum. “Quiero uno o dos hijos, pero no ahora. En el futuro. Eventualmente”, dijo aquella vez, según se hizo eco E! News.
La vocalista mencionó que priorizaba su carrera en ese momento: “Tengo un disco, una gira. No estoy lista ahora. Quiero concentrarme en mi música, pero más adelante, eventualmente, tendré hijos”, aseguró a la prensa, según lo publicado por E! News.
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Cae brasileño con más de dos kilos de marihuana en la Aduana de Ciudad del Este
Un control de rutina en la zona primaria de la Aduana de Ciudad del Este terminó con la detención de un ciudadano brasileño que llevaba 2,2 kilogramos de marihuana en una mochila. El procedimiento se realizó el lunes 10 de noviembre, cerca de las 19:50, y estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), informó este miércoles el Ministerio Público.
Durante la inspección, los intervinientes encontraron cuatro paquetes con una sustancia sospechosa, además de tres teléfonos celulares que estaban en poder del joven, de 26 años.
La intervención de especialistas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) permitió confirmar, mediante una prueba de campo o narcotest, que el contenido de los cuatro paquetes era marihuana. El pesaje determinó que la cantidad incautada alcanzaba los 2,2 kilos. Las evidencias fueron trasladadas y quedaron depositadas en la sede de la institución antidrogas.
Tras el procedimiento, el fiscal Luis Fernando Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico n.º 1 de Alto Paraná, imputó al extranjero por tenencia de sustancias estupefacientes y pidió que permanezca en prisión preventiva.
La Fiscalía solicitó además cuatro meses para profundizar la investigación, durante los cuales prevé realizar los análisis laboratoriales correspondientes, gestionar la destrucción de la droga y recoger declaraciones de testigos. El brasileño continúa bajo custodia en la sede de la Senad, a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
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Golpe al narcotráfico: primera semana de Nueva Alianza 59 deja pérdidas por USD 17 millones
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) dio detalles de los resultados de la primera semana de la operación Nueva Alianza 59 que está en marcha en los departamentos de Canindeyú y Amambay. Se trata de una iniciativa de cooperación entre Paraguay y Brasil impulsada para combatir el narcotráfico.
Las incursiones realizadas en la primera semana permitieron sacar de circulación alrededor de 113 toneladas de marihuana, arrojando una pérdida estimada en más de USD 17 millones para las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, según el reporte de la institución.
Durante las incursiones fueron destruidas 36 hectáreas de marihuana y desmantelados 11 campamentos. También incautaron 5 toneladas de la droga que estaban en etapa de procesamiento.
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La operación se realiza con miembros de las fuerzas especiales y agentes Antidrogas que llevan a cabo las tareas con apoyo de la Policía Federal de Brasil, personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y el Ministerio Público.
La misma se lleva adelante con incursiones aéreas, así como terrestres sobre los centros de producción de marihuana que operan en Canindeyú y Amambay. “La operación continúa. La ofensiva no se detiene. Menos producción, menos ganancias para el crimen organizado”, destaca la Senad en su posteo realizado en Instagram.