El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender en el ejercicio de la profesión de abogado a Mario Vega, expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con matrícula N° 14.032; y a Aldo León, exasesor jurídico de la referida institución, con matrícula N° 5.258, imputados por pedido de coima, cobro indebido y otros delitos.
La referida resolución fue notificada conforme a derecho a los citados auxiliares de justicia. Cabe recordar que León está con arresto domiciliario, mientras que Vega está privado de su libertad en la cárcel de Emboscada.
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El extitular del Indert tenía una orden de detención por la causa relacionada al cobro indebido de honorarios, mientras que, en otra de las causas, se lo vincula a un pedido de coima de US$ 25.000 a la Fundación Cerro Lambaré (Fucela). El mismo fue detenido días atrás en un departamento ubicado en Sajonia. Fue trasladado a la Fiscalía y luego al penal de Emboscada por resolución de una jueza penal de garantías.
Asimismo, en este caso están imputados seis personas, entre ellas, el exdirector de Gabinete, José Luis Clerch, quien sería una pieza fundamental en todos los mecanismos de supuesto cobro de coima en el Indert. Esto revelaría otros casos de coima en la citada institución. Igualmente está procesado el exdirector de Administración y Finanzas, Diego de los Ríos.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
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La Corte dispuso que Kattya González no vuelve al Senado
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
Luego de la incidentada sesión, González anunció que iba a recurrir a instancias internacionales para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstitucionalidad ante la Corte.
Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expulsión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía inviable su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de esperarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instancia donde recurrir y definitivamente se queda sin banca en el Senado.
LIBELO ACUSATORIO
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.
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Corte auditará expediente sobre remate de estancia ligada a “Cabeza Branca”
El pleno de la Corte decidió realizar una auditoría de gestión con relación al expediente judicial del remate realizado por el juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, de la estancia Nelly que está siendo administrada por la Senabico y que fue incautada del supuesto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
El ministro y superintendente de la Circunscripción Judicial de Amabay César Diesel solicitó la auditoría al expediente judicial ”Grupo Paraná SA c/ Biocombustible Brasilero SA y/o señor Gilberto Suarez s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”, a los efectos de determinar lo ocurrido con las medidas cautelares.
Por su parte, el director jurídico de la Senabico, Gonzalo García señaló que “es otra estancia la que se remató y la firma Paraná llevó adelante el remate y el juzgado civil de Capitán Bado ordenó la subasta. Nosotros tuvimos conocimiento del hecho una vez que se hizo el remate y a raíz de ello presentamos un incidente, por tal motivo el juez civil tuvo que suspender los trámites de la transferencia hasta tanto se resuelva lo que planteamos”.
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“En el presente caso existen medidas cautelares y a pesar de ello, de igual manera se llevó a cabo remate”, explicó el director jurídico de la Senabico. Remarcó que no se pudo realizar la transferencia del inmueble por la presentación hecha. “La estancia Nelly tiene un valor aproximado de 8 millones de dólares y se adjudicó el acreedor, es decir, la empresa que reclama el crédito en el juicio civil”, dijo.
El resultado de la auditoría deberá ser presentada a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y en caso de encontrarse irregularidad, el juez podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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Diez fechas claves de la operación “garrote” orquestada desde Seprelad contra Cartes
El operativo de montaje y filtración de información confidencial desde la Seprelad arrancó en el mes de diciembre de 2021 con una reunión clave entre funcionarios de la Seprelad y una oscura personaje del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la asesora venezolana del presidente. El operativo fue “craneado” desde la propia Seprelad con funcionarios ajenos a la institución, quienes dejaron rastros que permitieron a la Fiscalía descubrir la trama y fundamentar su imputación con base en 42 elementos. De acuerdo al acta de imputación fiscal existen 10 fechas claves que revelan cómo se ejecutó la operación.
- Por Cinthia Mora
La causa abierta contra Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Espínola se sustenta en elementos de sospechas irrefutables que sostienen la tesis del Ministerio Público. Todos los elementos fueron colectados con aval y control judicial.
De acuerdo al relato de hechos, datos y fechas consignados en el acta de imputación de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, el operativo de “garrote político” de la Seprelad tuvo fecha de inicio y una sucesión de hechos conectados con el objetivo de montar y filtrar un informe de inteligencia para perjudicar a los enemigos políticos de turno.
Todo arrancó con una reunión entre autoridades de la Seprelad y la asesora “fantasma” del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la venezolana sobre quien no aparecen datos oficiales.
LA CRONOLOGÍA - PARTE 1
Esta reunión aparece registrada en fecha 16 de diciembre de 2021 a las 9:40 en la sede de la Seprelad. Del encuentro participaron Carlos Arregui, Carmen Pereira, Arnaldo Giuzzio y Daniel Farías, este último en calidad de asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior y la asesora fantasma de Abdo, Verioska Velazco, quien se habría presentado como “asesora externa” de la Presidencia de la República, sin que exista acto administrativo que la designe como tal.
Otra reunión que aparece es la del 29 de diciembre de 2021 entre Carlos Arregui, Carmen Pereira y René Fernández, ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Las reuniones en las oficinas de la Seprelad eran constantes y el que participaba con frecuencia, sin ser funcionario de esta institución, era Daniel Farías, quien en ese momento se encontraba comisionado y prestaba servicios en el Ministerio del Interior bajo órdenes de Arnaldo Giuzzio.
La cronología continúa con la fecha 26 de enero de 2022, cuando el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presenta una denuncia en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Seprelad, esta institución no estaba facultada a recibir denuncias sobre comisión de hechos punibles.
Tras la denuncia presentada por Giuzzio contra Cartes se sucedieron hechos llamativos y vinculados entre sí. Ese mismo día, 26 de enero de 2022, el Poder Ejecutivo nombra como viceministra de la Seprelad a Carmen Pereira, quien hasta entonces ocupaba el cargo de directora general de Análisis Financiero y Estratégico. Pereira es apuntada como la mano derecha de Arregui y “cerebro” del montaje de informes de inteligencia.
El mismo día de la designación de Pereira como viceministra, la denuncia presentada por Giuzzio contra Cartes ante la Seprelad fue derivada a un asesor de análisis financiero de Seprelad, Guillermo Preda Galeano, también imputado en la causa.
El 9 de febrero de 2022, el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Omar Legal solicita a la Seprelad que informe si en los últimos 10 años se han elaborado informes de inteligencia relacionados a Horacio Cartes. Dando curso a esta solicitud fiscal y excediendo en lo solicitado, se recabaron datos e informes relacionados a Cartes y sus empresas y monta un informe de inteligencia.
El 18 de febrero de 2022 el funcionario de la Seprelad, quien respondía a las órdenes de Carmen Pereira, Francisco Pereira Cohene, solicita y recibe información de parte del funcionario Derlis Ruiz sobre datos recabados hasta la fecha sobre Horacio Cartes y la empresa Tabacalera del Este SA.
Para ese entonces, en la Seprelad ya funcionaba una oficina “paralela” desde donde se accedía a toda la información relacionada a Cartes y sus empresas, el encargado de este “trabajo” era un funcionario que no pertenecía a la institución, Daniel Farías, asesor de Arnaldo Giuzzio.
La investigación de los fiscales Cantero y Grisseti pudo determinar dónde y quiénes elaboraron los informes que luego fueron filtrados a los medios. En los archivos de la Seprelad se encontraron los metadatos (huellas digitales) del documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández que luego sirvieron de base para el informe de inteligencia financiera, el número 10/2022
DOCUMENTO SECRETO. CRONOLOGÍA - PARTE 2
Aquí aparece una fecha clave: el 26 de marzo de 2022 a las 17:48. Es el registro del documento en formato word creado por Daniel Farías y luego editado por última vez, ese mismo día, por René Fernández. Dicho archivo era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y a la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich.
Ni Farías ni Fernández eran funcionarios de Seprelad al momento en que elaboraron el proyecto de informe de inteligencia. Tampoco poseían ningún tipo de atribución legal para hacerlo.
Este mismo archivo en formato Word fue remitido, el 28 de marzo de 2022, vía correo institucional, por Carmen Pereira a Francisco Pereira con la instrucción de que sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería remitido al Ministerio Público.
La Fiscalía sospecha que el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia 10/2022. Ni Peña ni Boidanich revestían al carácter de investigados en el marco de dicho informe de inteligencia.
INFORMACIÓN “ESPONTÁNEA” A EE. UU.
El operativo de montaje y filtración incluyó un capítulo especial que también dejó rastros en los archivos de la Seprelad. El 31 de marzo de 2022, a las 8:58, Carmen Pereira remitía vía correo electrónico indicaciones para que el archivo Word (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
Este revelador documento fechado el 1 de abril de 2022 fue enviado a EE. UU. tres meses antes de que la Embajada norteamericana en nuestro país diera a conocer en Paraguay una lista de personas declaradas significativamente corruptas.
En la cronología de hechos relatada en el acta de imputación se incluyen dos fechas más que corresponden a hechos de carácter público y notorio, innegable por parte de los acusados: el discurso político del expresidente Mario Abdo Benítez del 8 de mayo de 2022, cuando afirmó que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio.
Esta información de carácter confidencial habría sido expuesta por Mario Abdo Benítez con el objetivo de desacreditar al expresidente Horacio Cartes, ya que ambos se encontraban en ese momento disputando el cargo de presidente de la ANR.
El 20 de mayo de 2022, a las 8:43, se “afinaban” los últimos detalles de lo que sería el informe de inteligencia remitido a la Fiscalía. El funcionario Guillermo Preda remite por correo al analista Derlis Ruiz los cuadros de salarios de Peña y Boidanich.
La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boidanich y Santiago Peña. Esta información se extrajo del documento en formato Word elaborado por Farías y Fernández el 26 de marzo de 2022. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligencia con la presunta finalidad de que se inicien investigaciones de carácter penal en contra de dichas personas.
EL “GARROTE” Y LOS MEDIOS. CRONOLOGÍA - PARTE 3
En la misma fecha, 20 de mayo de 2022, tan solo 17 minutos después de que el funcionario Guillermo Preda Galeano envíe los cuadros de salarios de Peña y Boidanich para ser incorporados al informe de inteligencia, el secretario privado de la Presidencia, Mauricio Espínola, publicaba los mismos datos en su cuenta de red social X.
El informe de inteligencia 10/2022 elaborado en estas circunstancias y tras las filtraciones registradas recién fue remitido al Ministerio Público a las 15:21 del día 20 de mayo y fue descargado por la entonces fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, en fecha 23 de mayo de 2022.
Todo el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad contó con la estrecha colaboración de los medios afines al abdismo. El diario Abc Color publicó el 28 de mayo de 2022 la noticia “Fulminantes datos sobre red montada por Horacio Cartes”, en la que se encuentran diversos datos e informaciones textuales que únicamente se encontraban en el informe de inteligencia 10/2022.
Todo el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad contó con la estrecha colaboración de los medios afines al abdismo.
De acuerdo a la tesis de la Fiscalía fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligencia con la presunta finalidad de que se inicien investigaciones de carácter penal en contra de dichas personas.