El fiscal Carlos Acuña demostró con elementos contundentes la autoría de los dos condenados en el robo que sufrió una mujer en Misiones. Foto: Gentileza.
El agente fiscal Carlos Acuña representó al Ministerio Público en un juicio oral que derivó en la condena de 6 años de cárcel para Ariel Antonio Méndez y Antonio Ramón González, quienes fueron encontrados culpables por el hecho punible de robo agravado.
De acuerdo a lo probado, el suceso se registró el 29 de octubre del 2017, aproximadamente a las 21:10, en el barrio Caacupé de la ciudad de Santa María de Misiones. En dicha ocasión, la víctima, Lidia Rolón Acosta, circulaba a bordo de su motocicleta, en compañía de su hijo de 4 años, hasta que en un momento dado fue interceptada por los ahora condenados, quienes obstaculizaron su paso mediante un biciclo y posteriormente a punta de arma blanca le despojaron de la suma de G. 100.000 que la mujer llevaba a cuestas.
Méndez y González fueron detenidos posteriormente en la zona tras un patrullaje de agentes policiales, que fueron alertados del robo por vecinos.
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Blas Barrios, Gabriela Llano y Cynthia Vega, que consideró suficientes y contundentes las pruebas producidas por el Ministerio Público, condenó a los dos acusados a 6 años de cárcel. Los dos sentenciados seguirán cumpliendo su pena en la penitenciaría regional de Misiones.
Asimismo, la defensa de los condenados tiene la posibilidad de apelar el fallo dictado en primera instancia y, de ser así, será un Tribunal de Apelación el que deberá analizar si confirma la condena para los acusados o dispone que se vuelva a realizar el juicio oral.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento para anunciar una demanda que impugna la nueva norma federal sobre la "carga pública", la cual podría dificultar que los inmigrantes obtengan la residencia permanente (tarjeta verde) si dependen de beneficios públicos. Foto: AFP
Un tribunal de apelaciones de EE. UU. frena las deportaciones a terceros países
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Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó en parte el viernes un fallo de una instancia inferior que restringe una política del gobierno de Donald Trump de deportar a migrantes indocumentados a países que no son los suyos.
El panel de tres jueces señaló que las personas que enfrentan deportaciones a un “tercer país” deben recibir un aviso efectivo con la debida antelación sobre el lugar al que serán enviadas, para que puedan plantear preocupaciones sobre una posible persecución.
El Congreso ha establecido como política de Estados Unidos no deportar a personas a países donde sus vidas correrían peligro o donde podrían ser sometidas a tortura.
“El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel unánime de este tribunal de apelaciones.
La política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “negaría acceso a esa protección a una amplia franja de no ciudadanos que son enviados a terceros países sin aviso de su destino”, señaló el juez.
Las deportaciones forman parte de la controvertida campaña de combate a la inmigración ilegal del presidente Donald Trump. Centenares de migrantes hispanos han sido deportados a países africanos.
Se espera que el gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
Donald Trump hizo campaña para la presidencia prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos y ha tomado una serie de medidas destinadas a acelerar las deportaciones desde su regreso a la Casa Blanca.
El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, ya que los países de origen de algunas de las personas que están sujetas a expulsión a veces se niegan a aceptarlas.
Funcionarios de Copaco fueron sorprendidos robando cables
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Tres funcionarios de Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) fueron detenidos por el presunto robo de cables de la propia institución. El insólito hecho ocurrió en el barrio Central de Mariano Roque Alonso.
De acuerdo con el informe policial, los empleados fueron descubiertos en horas de la noche retirando 300 metros de cable subterráneo aproximadamente, sin contar con una orden de trabajo. Los implicados pretendían trasladar los cables en el móvil de la entidad.
“Recepcionamos una llamada de pedido de auxilio y se llegó al lugar, donde unos 300 metros de cable subterráneo estaban quitando”, informó a los medios el comisario Pedro Espínola.
También fue incautado un vehículo perteneciente a uno de los empleados, que se encontraba dentro del predio. La asesora jurídica de Copaco recibió fotografías y videos que alertaban sobre el hecho y dio aviso a la Policía. Los agentes llegaron al lugar y encontraron a los tres funcionarios con los cables, que fueron recuperados en su totalidad.
“Se llegó al lugar y según manifestaciones de la asesora jurídica, ellos estaban quitando cables subterráneo. Ella llamó al jefe de operaciones y él le dijo que no había ninguna orden de trabajo”, relató el uniformado.
Junto al jefe regional de la Copaco verificaron la ubicación del móvil a través de GPS y constataron que el vehículo se encontraba en el mismo lugar donde fue reportado por la asesora jurídica. “Le llamaron al conductor que venga y estaban los tres sujetos con los 300 metros de cable. Ellos quedaron detenidos”, expresó el interviniente.
Se trata de Alcides Martínez Colmán (53), Vicente Omar Benega Jiménez (38) y Diego Rafael Núñez Bogarín (43), ninguno con antecedentes penales, según registro de la Policía Nacional. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.
El joven también pasó al Centro Educativo Parroquial San José, que funciona dentro del mismo predio, pero afortunadamente no se llevó nada. Foto: Gentileza
Adolescente supuestamente robó dinero de ofrendas, cámaras de seguridad y celulares de parroquia
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Este lunes, en su afán por capturar a los responsables del robo a la escuela y secretaría parroquial San Isidro Labrado de Curuguaty, la Policía Nacional analizó las imágenes del circuito cerrado del lugar y descubrió que el principal sospechoso es un adolescente. El delincuente supuestamente se alzó con dinero de la ofrenda del domingo, celulares y hasta con las cámaras de seguridad.
Según el reporte policial, el hecho se reportó entre la noche de ayer domingo y la madrugada de hoy, cuando fueron saqueados el Centro Educativo Parroquial San José y la Parroquia San Isidro Labrador, ubicados en pleno centro urbano de la ciudad en el departamento de Canindeyú. Todo quedó registrado por imágenes de cámaras de seguridad del sitio.
Las autoridades de las instituciones afectadas dieron aviso a la comisaría local y confirmaron que los maleantes se alzaron con: las cámaras de seguridad de predio, dos aparatos celulares de la marca Samsung y la suma de 1.282.000 guaraníes, que fue producto de las ofrendas de la misa del domingo.
Tras analizar las imágenes grabadas por el DVR, se pudo constatar que la persona que se alzó con todos los objetos era un adolescente y que actuó solo. Primero ingresó a la secretaría de la parroquia, donde rompió el vidrio de una ventana y sustrajo el dinero, dos celulares y una cámara de vigilancia.
Esta misma persona luego pasó al Centro Educativo Parroquial San José, que funciona dentro del mismo predio, donde dañó la entrada de la cantina escolar, pero afortunadamente no se llevó nada. Sin embargo, destrozó una puerta que debe ser repuesta y tendrá su costo.
El adolescente se tomó el tiempo de sacar las cámaras que estaban instaladas en la secretaría de la parroquia pensando que no dejaría rastro o evidencias, pero olvidó llevarse el dispositivo DVR que ya se encuentra en manos de la autoridades que buscan dar con su paradero.
Todo quedó registrado por imágenes de cámaras de seguridad del sitio. Foto: Gentileza
Condenan a 18 años de cárcel a profesor de taekwondo por abuso sexual
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Un Tribunal de Sentencia condenó a un hombre a 18 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, registrado en la ciudad de Altos. La agente fiscal Mayra Palacios, de la Unidad Zonal de Emboscada, fue quien representó al Ministerio Público en el juicio oral y público.
La representante del Ministerio Público logró probar la responsabilidad penal del acusado a través de diversos elementos probatorios expuestos ante el Tribunal de Sentencia que, de forma unánime, resolvió dictar la condena.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, los abusos se registraron el 3 de mayo de 2025, a las 20:00, aproximadamente. La víctima, de 13 años, fue llevada desde su domicilio por su profesor de taekwondo con la excusa de comprar hamburguesas; sin embargo, fue trasladada hasta una zona boscosa en inmediaciones de un camino vecinal, donde el hoy condenado cometió el hecho en el interior de su vehículo para luego llevarla nuevamente a su vivienda.
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la magistrada Liliana Ruiz Díaz Guerrero e integrado por las juezas Ángela Carolina Jara Vallejos y Cristel Sandrina Müller de Peralta. El colegiado sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado por el grave hecho sucedido, por lo que la pena que corresponde es la de 18 años de cárcel.