El Tribunal de Apelación, conformado por los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez, confirmó al juez penal de Garantías Mirko Valinotti para que siga siendo el magistrado del caso de feminicidio de Sabryna Breuer, donde está acusado Gerardo Stadecker. Con la citada resolución judicial se habilita nuevamente para que el referido juez pueda fijar una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.

Valinotti había sido recusado por el abogado Federico Campos López Moreira y así había trabado la realización de la audiencia preliminar el pasado 20 de octubre.

Días atrás, la Corte Suprema de Justicia, en consideración a una denuncia formulada por presuntas irregularidades en la causa penal caratulada “Gerardo Stadecker s/ feminicidio” y al resultado de la auditoría realizada en el referido expediente judicial, decidió instruir sumarios administrativos a la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo y a los abogados Javier Contreras Saguier, Madeleine Ruiz Zárate y Federico Campos López Moreira.

Esta situación se da por la presentación de varias chicanas en el presente caso, que hicieron que se dilate el proceso penal. Dicho sumario se inicia con base en las facultades disciplinarias conferidas por la Ley 609/95 y la acordada Nº 709/11.

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Asimismo, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso que los sumarios sean tramitados de forma independiente y separada para cada sujeto dentro del proceso disciplinario, a los efectos de una mejor investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Las personas sumariadas están siendo notificadas en el marco del debido proceso, para que las mismas ejerzan su descargo dentro de esta investigación. El juez sumariante es el actual interventor del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial, Mario Elizeche, quien deberá elevar un informe a los ministros de la Corte, quienes analizarán si suspenden temporalmente o de forma definitiva las matrículas de los citados profesionales del derecho.

En cuanto a la magistrada Pedrozo, se analizaría suspenderla en sus funciones y remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para que este órgano analice si actuó correctamente o si existieron irregularidades.

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