El juez del Crimen Organizado Gustavo Amarilla decretó la rebeldía y ordenó la captura de Esteban Marín López, Luciano Argüello y Rubén Darío López, imputados por secuestro, terrorismo, asociación terrorista, extorsión, extorsión agravada y privación de libertad, y quienes son sindicatos autores del secuestro del ex vicepresidente de la República Óscar Denis.
Con la resolución del citado magistrado, los imputados deberán ser detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, así como ante el juez penal de Garantías.
Asimismo, de acuerdo a los investigadores, sostienen que Esteban Marín López sería el líder de la banda criminal que se llevó a Denis el pasado 9 de setiembre de su estancia La Tranquerita, ubicado en el límite de Concepción y Amambay.
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El fiscal Federico Delfino había señalado en la conferencia de prensa que, de acuerdo con las informaciones que manejan, uno de los adolescentes es presumiblemente de nacionalidad argentina. “Sería hijo de los principales líderes de este grupo, pero todavía se desconoce su identidad y de los adolescentes indígenas”, refirió.
“Tenemos 100% de seguridad que estas personas son las que retuvieron el 9 de setiembre a don Óscar Denis, que fueron los que dejaron esa prueba de vida, esas exigencias el día 11 (de setiembre) y que liberaron a Adelio Mendoza”, siguió el fiscal.
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Cinco imputados por el caso IPS ya cuentan con libertad ambulatoria
Cinco de los nueve imputados por lesión de confianza, debido a un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en la compra de quirófanos modulares para el Instituto de Previsión Social (IPS), ya fueron beneficiados con la libertad ambulatoria. Por su parte, el fiscal Julio Ortiz adelantó que no apelará la resolución del juez Rodrigo Estigarribia.
Los imputados beneficiados con la medida son el expresidente del IPS, Jorge Brítez; la exasesora jurídica, Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Raúl Coronel; el exgerente de Abastecimiento y Logística, Hugo Aranda; y el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Juan Manuel Villar López.
En todos los casos, el juez Estigarribia concluyó que no existe peligro de obstrucción a la investigación, al considerar que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los procesados puedan afectar la obtención o conservación de pruebas. El magistrado también destacó que la investigación se inició hace varios años y que el Ministerio Público ya incorporó abundante documentación e informes que respaldan su hipótesis, sin identificar diligencias pendientes cuya realización dependa de la privación de libertad.
En cuanto al peligro de fuga, el juez fijó fianzas de G. 500 millones para cuatro de los imputados, mientras que para Jorge Brítez estableció una caución de G. 1.000 millones.
La causa se originó tras la imputación presentada por la Fiscalía contra los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros siete funcionarios, por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares y obras de paneles solares.
Según la imputación, los procesados habrían suscrito adendas que permitieron extender plazos y emitir actas de recepción para que la firma Neighpart S.A. continuara percibiendo pagos, pese a que la ejecución del contrato no podía concretarse.
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Operación gota a gota: desbaratan supuesta banda de secuestradores colombianos
Agentes Antisecuestros de la Policía Nacional detuvieron este viernes a seis ciudadanos colombianos señalados como integrantes de una presunta organización dedicada a secuestros y extorsiones. Además, rescataron a una víctima, igualmente de nacionalidad colombiana.
“La víctima estaba siendo torturada”, mencionó en la 1020 AM el comisario Juan Pereira, director del Departamento de Antisecuestro, quien junto al comisario Nimio Cardozo, jefe del mismo departamento, brindaron detalles del operativo.
En Asunción fue detenido quien sería el líder de la banda. Además, en Luque fueron detenidas otras cinco personas. La intervención policial, denominada “Operación Gota a Gota”, se realizó tras el rescate de un ciudadano colombiano que habría sido secuestrado y aparentemente torturado en nuestro país.
“Es una operación que desarrollamos en base a una denuncia que se realizó en Medellín. La persona denunció que su hermano fue secuestrado en fecha 4 de agosto en Paraguay, específicamente en Asunción”, informó a la 1080 AM el comisario Nimio Cardozo.
Añadió que en base a eso, se activó el protocolo, informaron al fiscal Lorenzo Lezcano de la situación y empezaron a hacer las primeras diligencias investigativas.
“El día de ayer (jueves) pudimos confirmar que fue secuestrado y torturado. Tenemos videos y audios que se le enviaban a sus familiares en Medellín solicitando la suma de 25 millones de pesos colombianos, aproximadamente 50 millones de guaraníes”, precisó el jefe policial.
Estuvieron buscando el lugar donde se podía localizar al extranjero y, después de la tormenta de anoche, pudieron liberar a la víctima. Este viernes, a primeras horas, mediante autorización judicial, procedieron a realizar dos allanamientos simultáneos, uno en el barrio Tablada de Asunción y el otro en el Tercer Barrio de Luque, donde capturaron a una persona.
“Totalizamos seis personas aprehendidas, todos colombianos”, indicó. Están a cargo del Ministerio Público. El experto refirió que “esta modalidad gota a gota es muy peligrosa y muy común en Colombia”.
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Estafa a menonitas: piden a juez fijar fecha para extracción de datos de teléfono de acusado
La abogada Gessy Ruiz Díaz, quien ejerce la querella adhesiva en representación de los ciudadanos menonitas de Río Verde (San Pedro) —víctimas de una millonaria estafa—, solicitó al juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, que fije la fecha para la extracción de datos del teléfono celular del acusado William Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados.
El pedido obedece a que el Departamento Antisecuestro y Antiextorsión ya comunicó al juzgado la disponibilidad para realizar dicha diligencia judicial, por lo que el magistrado solo debe determinar el día y la hora.
El escrito de la querella menciona que, al no haber impedimentos para proseguir con la extracción —la cual fue suspendida el 26 de noviembre de 2025 debido a la falta de licencia del software—, y al estar superada dicha situación fáctica, se solicita fijar a la brevedad posible la audiencia de extracción de datos y la toma de juramento de los peritos. Esto en cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaron el procedimiento en el año 2025.
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Por otra parte, el próximo 21 de agosto a las 08:45 se llevará a cabo la audiencia preliminar para Bogarín y los demás acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Además del exfuncionario, están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
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Inmueble comisado fue entregado a la Senabico para su administración
El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, a cargo de Carlos Luis Mendoza Peña, se constituyó junto con representantes de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el inmueble que pertenecía a Justo Pastor Cárdenas para oficializar su entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), en el marco de una causa relacionada con hechos de corrupción pública.
El bien comisado quedó bajo administración de dicha institución y pasará a formar parte del patrimonio del Estado paraguayo. La transferencia se realizó conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 5876/17, “De administración de bienes incautados y comisados”, y en la Ley N.° 7424, “Que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional”. El inmueble, consistente en un departamento ubicado en el sexto piso, con cochera, se encuentra en el Edificio Balcones del Parque, sobre las calles Fortín Toledo y Boquerón, del distrito de San Roque, Asunción.
El juez Mendoza Peña explicó que el inmueble comisado ya se encuentra bajo la administración de la Senabico, libre de todo gravamen. Asimismo, destacó el compromiso del Poder Judicial con la protección del Estado social de derecho, la seguridad jurídica y la lucha contra la corrupción pública.
La entrega se realizó en el marco de la causa “Justo Pastor Cárdenas Nunes y otros s/ enriquecimiento ilícito, Ley N.° 2523/2017 y otros”. Participaron del acto los funcionarios William Aguiar, Fernando Pedrozo y Jorge Melgarejo, en representación de la Senabico; la abogada Melissa González, encargada de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la CSJ; y el actuario judicial del juzgado, abogado Cristian Marcelo Martin Ojeda.
La Senabico es el órgano técnico superior y especializado encargado de la guarda, custodia, administración y disposición de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados.
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