El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), junto con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) coordinan acciones para que la nueva ruralidad incluya la transformación industrial en las colonias. Uno de los primeros abordajes para la transformación industrial en las colonias del ente rural se está dando para potenciar caleras de San Lázaro, en el departamento de Concepción.

La población que lleva 102 años esperando la titulación y regularización de las tierras de San Lázaro y Vallemi, ahora avanza hacia la seguridad jurídica de los inmuebles, informó el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

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“Acordamos un trabajo interinstitucional entre el MIC, parlamentarios y autoridades concepcioneras para concretar la seguridad jurídica de las 22 industrias caleras que se encuentran en tierras del Indert”, señaló Ruiz Díaz, tras la visita que realizaron a la zona el ministro Marco Riquelme, junto al diputado Arturo Urbieta y la gobernadora Liz Meza.

Ruiz Díaz mantuvo una reunión virtual con las citadas autoridades, en la que mencionó que una sola calera de San Lázaro lleva invertidos más de 2 millones de dólares en infraestructura y personal. Con la titulación de las tierras, su inversión se duplicará.

“El objetivo del Gobierno es impulsar la nueva ruralidad no solo en San Lázaro, sino en cada una de las más de mil colonias, propiciando el arraigo de los jóvenes en sus propias comunidades. En el caso de la formalización de las caleras norteñas se fortalecerá ostensiblemente la producción de cal agrícola que abastece a gran parte de los grandes productores del país”, remarcó.

Asimismo, señaló que la cadena logística se verá grandemente fortalecida con el aumento de la demanda. Ruiz Díaz realizó una visita de trabajo en setiembre del año pasado a las caleras, ocasión en que presentó a los industriales el plan de regularización de las tierras del ente para potenciar la economía.

El plan de la Nueva Ruralidad promovido por el Gobierno a través del Indert fue lanzado por el presidente de la República, Santiago Peña, el martes último en Mburuvicha Róga con el Sistema MAG y productores de la agricultura familiar campesina.

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El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), elimina las trabas burocráticas históricas que impedían el acceso a la propiedad formal a los ancianos, docentes y personal de salud de comunidades rurales. Reivindicando de esta forma, los derechos de campesinos marginados de la titulación de tierras.

El primer centenar de beneficiados en el marco de la “Nueva Ruralidad” prioriza a la tercera edad, informó el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz. Mencionó que los expedientes se encontraban paralizados, en muchos casos desde el año 2015, debido a interpretaciones administrativas restrictivas.

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Señaló que la medida corrige una situación injusta por la cual se bloqueaba la titulación a pobladores rurales bajo el concepto de “perfil positivo” (por cobrar la pensión de tercera edad, tener cobertura médica familiar o desempeñarse como docentes o enfermeros rurales). “De esta forma, se restituyen los derechos constitucionales de acceso a la tierra a los mencionados beneficiarios”, indicó.

Ruiz Díaz mencionó que en el caso de personas de tercera edad, se levantaron las trabas a personas de 70 y 80 años que figuraban en el sistema cobrando la pensión de adultos mayores, pero que siguen viviendo y cultivando en sus comunidades.

Asimismo, se eliminó la restricción a los que prestan servicios esenciales. Explicó que se garantiza la titulación a docentes y enfermeros que residen en las colonias rurales, asegurando que los servicios públicos (escuelas y Unidades de Salud Familiar) permanezcan en el campo.

“​La iniciativa responde a una instrucción expresa de la Presidencia de la República para eliminar los obstáculos administrativos que vulneren la garantía constitucional del acceso a la tierra", remarcó.

El titular del ente agrario señaló que los ​siguientes pasos administrativos consistirán en la reglamentación específica para formalizar que los profesionales rurales (docentes, enfermeros) puedan mantener la titularidad de lotes agrícolas siempre que ejerzan la posesión efectiva y la producción en esos inmuebles.

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El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esto refuerza la teoría del Ministerio Público, efectivamente estas personas prefieren reconocer (su culpabilidad) antes que someterse a un juicio oral y público porque ahí supone una pena mucho mayor”, refirió Corbeta, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. La Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas, que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de una empresa sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.

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El representante del Ministerio Público refirió que “el reconocimiento de los propios actores que estuvieron en el proceso también fortalece y robustece nuestro requerimiento conclusivo y nuestra investigación porque finalmente estas personas optan por una salida procesal antes de someterse a un juicio, esto significa que los hechos han ocurrido”.

Corbeta mencionó que, “en un eventual juicio oral, estas personas se exponían a una pena mínima de tres años y medio para arriba. Son cómplices, tienen una reprochabilidad o culpabilidad reducida con relación al principal acusado que es el exintendente”.

Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del Partido Yo Creo y candidato a la presidencia de la República para el 2028 enfrentará también el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en el marco de la causa denominada Tía Chela, por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia.

“En el caso de la causa Tía Chela, ninguno de los acusados optó por la salida alternativa, todos pretendieron acompañar al exintendente a juicio oral. Las mismas personas que ayer admitieron su culpabilidad en el caso Tajy también están acusados en la causa de Tía Chela y la realización del juicio se torna un poco compleja porque, al haber tantas personas, lógicamente puede ocasionar suspensiones reiteradas”, comentó el fiscal.

Corbeta estimó que el juicio oral y público contra Prieto en la causa Tajy podría desarrollarse a finales del presente año o principios del 2027. “En este caso hay varios tipos penales, Prieto podría exponerse a una pena de 10 años si se prueba la administración en provecho propio e incluso superior si se prueba los demás tipos penales que son lesión de confianza y asociación criminal”, sentenció.

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Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) destacan las buenas relaciones con dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU), lo que facilita el trabajo de titulación masiva de inmuebles para beneficiar a las familias.

Precisamente la CTCU es otra organización campesina que vuelve a confiar en el Indert e instala mesa de trabajo coordinado con la institución para ordenar y regularizar las tierras donde se encuentran asentados sus agremiados, distribuidos en nueve departamentos.

Ester Leiva y Flavio Aguirre, dirigentes de la CTCU, valoraron la buena atención y predisposición demostrada por el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz para acompañar las demandas presentadas por el gremio.

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Ambos expresaron su confianza en que avanzarán hacia soluciones definitivas para el sector, tras largos años de espera. Así lo manifestaron al término de la reunión que mantuvieron para instalar la mesa de trabajo conjunto.

Los dirigentes también afirmaron que es fundamental brindar soluciones con la titulación masiva de tierras para que los labriegos puedan producir con tranquilidad y logren el desarrollo de sus comunidades.

La mesa instalada se reunirá cada mes para acompañar los trabajos técnicos a ser realizados a nivel nacional.

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