El extitular del Indert Mario Vega, imputado por cohecho pasivo en carácter de autor por un pedido de coima de 25 mil dólares y con orden de detención fiscal, recusó al representante del Ministerio Público Luis Said y al juez penal de Garantías Miguel Palacios.
Es importante mencionar que Vega sigue prófugo debido a que no se presentó aún ante el fiscal que lleva su proceso penal y tampoco se puso a disposición del magistrado que tiene su causa.
La defensa alega supuesta falta de objetividad e imparcialidad, pese a que el imputado aún no se ha presentado a disposición de la unidad fiscal. Ahora será la fiscala adjunta de delitos económicos quien deberá estudiar si corresponde confirmar al mencionado fiscal en el referido caso.
Administrador detenido
Por otra parte, el exdirector de Administración y Finanzas Diego de los Ríos se encuentra en calidad de detenido y para el día de mañana se le convocará ante un fiscal de Delitos Económicos para que preste declaración indagatoria y luego acuda el Poder Judicial para la audiencia de imposición de medidas cautelares. Es decir, mañana se conocerá si el imputado va a prisión.
Vega no quiere pisar la cárcel
Mañana martes 27 de octubre debía llevarse a cabo la audiencia de imposición para Mario Vega, pero la misma podría correré el riesgo de ser suspendida porque el ex titular del Indert recusó al juez del caso Miguel Palacios. Pero la defensa del imputado se olvidó de que cuando se trata de medida cautelar a pesar de la recusación el magistrado está habilitado a realizar la audiencia y resolver si otorga medidas o decreta la prisión. Asimismo, si Vega no acude mañana a la audiencia, el juez podría declarar su rebeldía y ordenar su captura por no presentarse ante la Justicia.
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Indert: resaltan impacto de la entrega de títulos de propiedad favorece a reducir la pobreza rural
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, se refirió al tema de la reducción de pobreza, que fue anunciado este viernes por el Gobierno nacional, destacando que el principal motor para la reducción de la pobreza en el ámbito rural ha sido, sin dudas, la entrega de títulos de propiedad a los campesinos.
En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que desde el momento en que un campesino recibe su título de propiedad, se vuelve millonario, al contar con sus tierras propias, y a partir de ahí, el campesino ha podido generar sus propios ingresos, así como acceder a créditos financieros para el desarrollo rural de sus tierras.
“Le estamos sacando de la pobreza a un campesino, cuando le estamos entregando el título de propiedad de sus tierras; nosotros le convertimos en millonario a los campesinos", remarcó Ruíz Díaz.
Pero para comprender el contexto, puso como ejemplo el caso del dirigente campesino Justino Vera, quien pagó cerca de 5 millones de guaraníes por su tierra que tenía más de 30 años de ocupación.
“Se había comprado hace 30 años a unos precios irrisorios y por Reforma Agraria se mantienen los precios por 11 hectáreas de tierra. Él pagó 5 millones, pero nosotros le hicimos una tasación de su inmueble y en realidad él estaba llevando 1.600 millones de guaraníes, hoy al precio de mercado”, explicó.
Al respecto, resaltó que, al contar con título de propiedad, esa tierra vale, y dejó de empobrecer a una familia. Al mismo tiempo, señaló que las familias tienen acceso al crédito, pueden realizar inversiones productivas, pueden mejorar su rendimiento. Pero también el Gobierno les garantiza la compra de su producción agrícola a través de la Ley Hambre Cero.
Recordó, además, que los estudios internacionales dicen que cuando se titula una tierra de manera automática, el campesino puede acceder al crédito, tiene 40 % más de productividad y sus ingresos mejoran en un 30 %. Resaltó que todo esto ha tenido un impacto en miles de familias campesinas en el país.
Proyecto de Ley para eliminar barreras
El titular del Indert destacó que, por este motivo, el presidente de la República, Santiago Peña, se comprometió a profundizar en este trabajo sobre la titulación masiva de tierras rurales y señaló que en poco tiempo más el Poder Ejecutivo estará remitiendo al Congreso, un proyecto de ley que permitirá eliminar una traba importante que tenía el campesino.
“La ley vigente actualmente exige el pago de la primera cuota de su tierra, antes de acceder a su título. Pero la propuesta normativa que se busca modificar plantea que esa primera cuota, que equivale más o menos entre 7 y 8 millones de guaraníes, la realice recién a los 12 meses de haber recibido el título”, precisó.
Destacó que ya durante este gobierno se bajó la tasa de interés al 0 % para las mujeres, por lo cual redujo en un 50 % el valor de las tierras en beneficio de las mujeres jefas de hogar, para cumplir con el mandato constitucional y del Estatuto Agrario que habla de priorizar a la mujer en el campo.
“El presidente de la República pidió ampliar los plazos; en ese proyecto de ley que se va a remitir en breve al Congreso, va a ampliar el plazo para que las mujeres, en lugar de tener que pagar por su lote 15 años de plazo, lo paguen en 30 años de plazo. Ese proyecto de ley ya tiene la última revisión y se está definiendo el momento más oportuno para su presentación”, comentó.
Por lo expuesto, el presidente Ruíz Díaz resaltó que no existe mejor política para sacar al campesino de la pobreza que otorgarle su título de propiedad y que el título tienda también a favorecer a las mujeres.
“Esto es muy importante, porque nosotros estamos pasando del 30 % de los títulos que se entregaban para las mujeres, como se hacía antes de que asumiera el gobierno del presidente Peña el 15 de agosto del 2023. En la actualidad, gracias a esa política de incentivos de favorecer la titulación en nombre de la mujer, se está llegando a un 60 %. Es decir, que 6 de cada 10 títulos que se entregan en esta administración son para mujeres; y las mujeres son el mejor, el mejor vehículo para atacar la pobreza en los hogares rurales”, concluyó.
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Fiscal es amedrentado desde red narco que salpica a senador liberal
La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
El fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, emitió un comunicado denunciando que es víctima de amedrentamiento y presión en el marco de las investigaciones que derivó el operativo Scanner en el que resultaron imputados funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el que es salpicado el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla. En el documento, Arriola inicia su descargo con una descripción pormenorizada y cronológica sobre el caso que derivó en la incautación de 10 kilogramos de cocaína y que tiene como acusados a Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coronel (exoperadora de escáner), y Luis Servián (exguardia de seguridad) a los que se suma el abogado Carlos Duarte y Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con la droga, pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).
EN ETAPA DE JUICIO ORAL
Luego señala que el proceso se encuentra en etapa de juicio oral ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por el juez Alberto Dávalos.
“En esta etapa, el Ministerio Público se encuentra produciendo los elementos probatorios que sustentan su teoría del caso, los cuales han sido obtenidos conforme a las disposiciones legales vigentes, sin vicios procesales y debidamente individualizados”, refiere.
El agente agrega que en el curso de la investigación “surgieron menciones relativas a un legislador (haciendo referencia a Líder Amarilla) las cuales deben ser comprendidas en su contexto”. Señala que “dichas referencias provienen exclusivamente de elementos probatorios vinculados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en reiteradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal”. Añade en el comunicado que “estas circunstancias forman parte del análisis integral de la teoría del caso del Ministerio Público y serán valoradas dentro del contradictorio propio del juicio oral”.
MÁS INVOLUCRADOS
La denuncia del agente fiscal surge luego de que Amarilla haya afirmado que lo denunciará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) e impulsará una querella en su contra por falsas acusaciones. Registros del libro de visitas del Senado, obtenidos durante la investigación fiscal, revelaron que Servián llegó a visitar en 50 ocasiones a Amarilla en la sede del Congreso.
En varias oportunidades Servián estuvo acompañado por Duarte y también por dos agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Ayala y Francisco Fabián Godoy Montiel, que también están involucrados en esta causa por tráfico de drogas.
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Fiscal es amedrentado desde red narco que salpica a senador liberal
El fiscal Andrés Arriola, de la unidad especializada en Crimen Organizado, emitió un comunicado denunciando que es víctima de amedrentamiento y presión en el marco de las investigaciones que derivó el operativo Scanner en el que resultaron imputados funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el que es salpicado el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.
En el documento, Arriola inicia su descargo con una descripción pormenorizada y cronológica sobre el caso que derivó en la incautación de 10 kilogramos de cocaína y que tiene como acusados a Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coronel (exoperadora de escáner), y Luis Servián (exguardia de seguridad) a los que se suma el abogado Carlos Duarte y Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con la droga, pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).
Luego señala que el proceso se encuentra en etapa de juicio oral ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por el juez Alberto Dávalos.
“En esta etapa, el Ministerio Público se encuentra produciendo los elementos probatorios que sustentan su teoría del caso, los cuales han sido obtenidos conforme a las disposiciones legales vigentes, sin vicios procesales y debidamente individualizados”, refiere.
El agente agrega que en el curso de la investigación “surgieron menciones relativas a un legislador (haciendo referencia a Líder Amarilla) las cuales deben ser comprendidas en su contexto“. Señala que ”dichas referencias provienen exclusivamente de elementos probatorios vinculados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en reiteradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal".
Añade en el comunicado que “estas circunstancias forman parte del análisis integral de la teoría del caso del Ministerio Público y serán valoradas dentro del contradictorio propio del juicio oral”.
La denuncia del agente fiscal surge luego de que Amarilla haya afirmado que lo denunciará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) e impulsará una querella en su contra por falsas acusaciones.
Registros del libro de visitas del Senado, obtenidos durante la investigación fiscal, revelaron que Servián llegó a visitar en 50 ocasiones a Amarilla en la sede del Congreso. En varias oportunidades Servián estuvo acompañado por Duarte y también por dos agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Ayala y Francisco Fabián Godoy Montiel, que también están involucrados en esta causa por tráfico de drogas.
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Fiscal imputó a funcionarios de la Senad por quebrantamiento de depósito
El fiscal Irán Suárez Galeano presentó imputación contra cuatro funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por los hechos punibles de quebrantamiento de depósito, afectación de cosas gravadas y hurto agravado. Asimismo, solicitó la prisión preventiva de los imputados.
La investigación se inició a raíz de una denuncia recibida en octubre de 2025 por la Dirección Jurídica de dicha institución, relacionada con el supuesto hurto de evidencias (motores de vehículos, baterías, faros y demás accesorios) que se encontraban depositadas en la sede de la Senad, ubicada en la localidad de Nueva Asunción.
Conforme a la denuncia y a las pesquisas realizadas, los funcionarios habrían participado y facilitado la sustracción de dichas evidencias, pese a su deber de custodia. Entre los faltantes, se habría contabilizado, por ejemplo, el hurto de más de 20 motores de vehículos, además de otros accesorios pertenecientes a los rodados que se encuentran bajo guarda en el lugar.
El fiscal Suárez se constituyó en diciembre de 2025 en el sitio, donde constató la existencia de los hechos denunciados, acompañado por funcionarios del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.
Ahora se deberá realizar una audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si los imputados estarán en libertad o serán remitidos a una penitenciaria.