El agente fiscal Jalil Rachid, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, formuló imputación contra José Antonio Alarcón Morel por la supuesta comisión del hecho punible de producción de riesgos comunes y solicitó medidas alternativas a la prisión.
Según el relato fáctico, el 2 de octubre del 2020 el jefe de la Comisaría 8va de Asunción comunicó al Ministerio Público que un incendio fue provocado dentro del predio de la empresa Empo, ubicado en 38 Proyectadas y Cantalupi, dedicada al relleno sanitario de desechos.
Conforme a lo expresado en el acta de denuncia, los guardias de seguridad de la citada empresa habrían observado a una persona identificada como José Antonio Alarcón Morel como el supuesto responsable del incendio, quien luego de perpetrarlo se habría dado a la fuga. El siniestro ocurrió en el lado norte, módulo 4, lugar donde fue visto el ahora imputado.
Ahora el Juzgado de Garantías deberá admitir la imputación contra Alarcón Morel y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si el imputado será beneficiado con medidas alternativas a la prisión o será derivado al penal de Tacumbú.
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Chicanas de Prieto impiden el avance de sus causas judiciales, afirma fiscal Corbeta
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.
“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
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Kits de alimentos
De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.
“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.
Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.
El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.
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Hallan cadáver de un hombre en un inquilinato en Fernando de la Mora
El cuerpo sin vida de un hombre de 69 años identificado como Manuel Britos fue encontrado en el interior de una habitación dentro de un inquilinato en el barrio Santa Teresa, de la ciudad de Fernando de la Mora.
Aparentemente, no presenta rastros de violencia, pero los intervinientes investigan las circunstancias del hecho. El cadáver fue hallado por un vecino del lugar, quien indicó que el hombre llevaba muchos años viviendo en la zona.
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Un oficial de la Policía comentó que recibieron una llamada al Sistema 911 comunicando que una persona se encontraba en su alquiler en esa situación.
De inmediato procedieron a verificar el inquilinato y encontraron al adulto mayor, que ya llevaba dos días de fallecido, según los datos preliminares.
El dueño de la casa, refirió a la Policía que el hombre era alcohólico. Dijo que su ausencia durante dos días llamó la atención, por lo que acudió a revisar la pieza encontrándose con el macabro hecho.
Según los intervinientes, el cuerpo visiblemente “no muestra ningún rastro de violencia”.
Se pudo confirmar que la persona era beneficiaria del programa de Adultos Mayores, ya que en el lugar se encontró su tarjeta de cobro de la ayuda estatal.
“Hasta el momento no llegamos a recabar ningún dato de sus familiares. Se encontraba solo en esa situación”, dijo un policía a C9N.
Se descarta que haya sido víctima de un asalto y según sus vecinos no recibía visitas y siempre estaba solo ingiriendo bebida alcohólica en su pieza alquilada.
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Accidente fatal: tractocamión aplastó a un hombre en San Lorenzo
Un hombre perdió la vida este martes luego de que fuera aplastado por un camión de gran porte en la ciudad de San Lorenzo. Datos preliminares hacen presumir que el conductor del camión estacionó, pero que no activó su freno de mano y por el gran peso siguió en movimiento.
Según el reporte policial, el hecho se registró esta siesta en el barrio Calle’i de la ciudad universitaria, luego de que el conductor del tractocamión se estacionara en una calle empedrada y descendió del mismo, para realizar algunas gestiones o almorzar en la zona.
Sin embargo, el vehículo no habría activado el freno auxiliar de mano, lo que hizo que el camión siga en movimiento minutos después de dejarlo estacionado. Este fue a parar contra una muralla y aplastó a un hombre, que sería vecino de la zona, de profesión zapatero.
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En el lugar intervinieron agentes de la comisaría local e identificaron a la víctima como Justo Javier Samudio Sánchez, quien por varias horas permaneció atrapado entre la muralla y el camión. Luego fue rescatado por los bomberos, pero posteriormente constaron su fallecimiento.
Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrió el hecho, pero en el lugar no se encontraba el conductor del camión. Desde el Ministerio Público ordenaron que se recojan imágenes de cámaras de seguridad de la zona y la localización del chofer del vehículo involucrado.
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Condenan a 22 años de cárcel a un hombre por abusar de su hijastra
Un tribunal de Sentencia condenó a 22 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable por los hechos punibles de abuso sexual en niños, maltrato de niños y adolescentes bajo tutela y violencia familiar, cuya fue víctima su hijastra. El abuso se registró desde los 9 hasta los 14 años, cuando fueron denunciados los sucesos.
El representante del Ministerio Público, Aldo Cantero, demostró la responsabilidad del acusado mediante los elementos probatorios expuestos ante el órgano juzgador, que resolvió sentenciar a la referida pena.
El hecho fue denunciado por el sistema 147 “FONO AYUDA” del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y puesto a conocimiento del Ministerio Público. En la ocasión se reportaron maltratos físicos y psicológicos en contra de la víctima, cuyos episodios se registraron en la vivienda familiar en la que residían.
Los apremios físicos eran realizados sistemáticamente y de forma violenta; incluso en ocasiones terminó con la fractura de uno de los dedos de la mano, tras recibir golpes de palo. Asimismo, resultó vulnerada en reiteradas ocasiones a través de manoseos por varios años.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de Alzada el que tendrá que estudiar si corresponde ratificar la condena o disponer que se haga un nuevo juicio oral.
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