El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Raúl Marecos, Vidal Santacruz y Roberto Estigarribia, se encuentra deliberando el fallo de primera instancia para el adolescente acusado del feminicidio de María Fernanda Benítez, hecho ocurrido en Coronel Oviedo. El nombre del procesado se omite debido a que era menor de edad al momento del crimen. Por este motivo, es juzgado bajo la legislación penal adolescente y se expone a una pena máxima de 8 años de privación de libertad.

Semanas atrás, otro Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo condenó a los cinco adultos implicados en el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez. La lectura de la sentencia comenzó poco antes de las 23:00 del martes 25, dada la gravedad del caso. El colegiado, integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme, emitió su veredicto final tras concluir el debate oral, escuchar a todas las partes y otorgar a los procesados el derecho a declarar.

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La joven Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, acusada de instigación al feminicidio, asociación criminal y omisión de aviso, fue hallada culpable y condenada a 10 años de cárcel. Posteriormente, a las 00:23 del miércoles, Ricardo Villamayor recibió una pena de 3 años de prisión por ocultamiento de indicios y omisión de denuncia. A las 01:05, Franco Antonio Acosta fue condenado a 5 años de privación de libertad por complicidad en tentativa de aborto y frustración de la persecución penal.

Finalmente, a las 01:22, el colegiado sentenció a 4 años y 6 meses de cárcel a Armando Silva y Karent Villar, padres del adolescente sindicado como principal responsable. Ambos fueron encontrados culpables de exposición al peligro, simulación de un hecho punible y frustración de la persecución penal.

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Este jueves, un hombre de 66 años murió calcinado en un incendio que consumió por completo su precaria vivienda en el departamento de Caazapá. El cuerpo fue hallado por los bomberos tras sofocar las llamas, hasta el momento se presume que el siniestro se habría originado por una colilla de cigarrillo.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la madrugada de hoy en una vivienda hecha de madera y techo de chapa ubicada en el barrio San Pedro Mi, del distrito de Caazapá. El incendio fue reportado por una persona que pasaba por la zona y de inmediato se movilizó a los bomberos y la Policía Nacional.

En la residencia vivía una sola persona identificada como Jorge Báez Cabañas, de 66 años. Este fue encontrado por los bomberos luego de que sofocaron las llamas y estaban realizando el enfriamiento del sitio. Al realizar la inspección se percataron que el cuerpo estaba en una de las habitaciones.

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De inmediato se comunicó sobre el caso al fiscal Carlos Germán Ramírez, de la Unidad Penal n.° 2 de Caazapá, quien ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado hasta la Morgue Judicial de Asunción para determinar científicamente la causa de la muerte y luego será entregado a sus familiares.

Así también, se convocó a agentes del departamento de Criminalística de la Policía Nacional, quienes entre las principales hipótesis del incendio apuntan como desencadenante del fuego una colilla de cigarrillo y que se habría originado por un accidente.

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En la localidad de Saltos del Guairá se implementó por primera vez el uso de tobillera electrónica en una persona que tiene un proceso legal por violencia familiar. Sin embargo, los primeros casos dentro del departamento de Canindeyú se usaron en personas que cuentan con prisión domiciliaria en la localidad de Katueté y Puente Kyjhá.

Esta persona fue beneficiada por la Jurisdicción Judicial de Canindeyú mediante el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simec). Se trata de un hombre que fijó como residencia en una vivienda ubicada en el kilómetro 6, que será monitoreado por la Policía Nacional.

“Es la primera vez que estamos recibiendo una persona con tobillera electrónica que guardará arresto domiciliario en nuestra jurisdicción. Estará siendo monitoreada mediante el sistema Simec, cuya oficina está en Alto Paraná”, expresó el comisario Miguel Troche, subjefe del puesto policial, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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La medida fue autorizada por la jueza Erika Chudecki Duarte, del Juzgado Penal de Garantías n.° 5, quien designó que el puesto policial ubicado en el kilómetro 7 se encargue de monitorear a esta persona. “El sistema nos va a avisar en caso de que haya una actividad fuera de lugar del GPS de la persona”, detalló.

Resaltó que en caso de que esta persona tenga algún problema de salud que requiera salir de su casa, su abogado deberá avisar al Juzgado, y desde la institución deberán avisar si está o no autorizado para realizar esa salida. La misma medida se aplica en caso de que fallezca un familiar del procesado.

El primer caso histórico fue en Katueté, en noviembre 2025 para un hombre procesado por violencia familiar, quien al demostrar su insolvencia económica se les exoneró el pago mensual del equipo. El segundo caso fue en Puente Kyjhá en Junio 2026 que involucró a un joven de 23 años, quien mientras portaba el dispositivo fue detenido tras irrumpir en un establecimiento rural.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá estudiar si corresponde iniciar un enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones contra los jueces de Sentencia de Central, Dina Marchuk, Julio Granada y Letizia de Gásperi. La acusación fue presentada por Graciela Beatriz Pintos Orué y Óscar López, padres de Axel Fabián López Orué, un joven que había sido condenado a 12 años de cárcel en un caso de supuesta coacción sexual y otros delitos, cuya sentencia fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación.

La acusación, que ya fue admitida por el órgano juzgador de magistrados, refiere que los citados magistrados desconocieron la ley y demostraron una clara ignorancia en la aplicación de la Constitución Nacional. Según los denunciantes, esto quedó en evidencia durante el juicio oral, en el que se dictó la condena de 12 años sin contar con elementos de prueba suficientes, incurriendo en una abierta violación de las garantías constitucionales y procesales que tutelan el debido proceso.

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Del mismo modo, la acusación señala que los jueces admitieron de forma irregular pruebas que ya habían sido rechazadas previamente, vulnerando el desarrollo legal del juicio. Ahora, los integrantes del JEM deberán evaluar si corresponde iniciar el enjuiciamiento formal contra los tres magistrados. De ser así, también tendrán que definir si el proceso se realizará con la suspensión de sus funciones o si, por el contrario, se rechaza la acusación presentada.

Igualmente otro hecho irregular que habría cometido el Tribunal de Sentencia es que el joven Axel López estuvo con arresto domiciliario 8 años 4 meses y fue privado de libertad 4 meses 11 días a hasta que se anuló la condena y volvió a recuperar su libertad.

Por pedido de la abogada Noelia Núñez, querellante en el presente proceso penal, se pospuso el nuevo juicio oral y público que debe enfrentar el joven Axel López. La citada profesional del derecho presentó un certificado médico justificando su pedido de posponer la audiencia oral.

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