Los invasores de la propiedad de la ganadera Pindó S.A. admitieron en un documento firmado ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ser ocupantes ilegales de las 4.499 hectáreas ubicadas en Curuguaty, en el departamento de Canindeyú. El escrito se firmó el 10 de setiembre del 2012, a las 10:00 de la mañana.

Asimismo, en el mismo documento, los campesinos agrupados en la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) reconocieron la legalidad de los títulos dominiales a favor de la ganadera Pindó S.A. Igualmente, en una parte del escrito señalan los ocupantes textualmente “reconocemos como legítimos propietarios a la empresa ganadera Pindó S.A. y Perfecta S.A.”.

También en la reunión con autoridades del Indert en el 2012, los ocupantes solicitaron 60 días para poder salir totalmente del sitio ocupado, pero hasta la fecha, a pesar de existir 5 órdenes de desalojo, aún no han abandonado el citado predio privado. Es más, los supuestos sin tierra han ocasionado perjuicios multimillonarios a la ganadera Pindó con quemas de cascos del establecimiento, destrucción de cultivos y otros daños más.

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Cinco órdenes de desalojo

Ante el hecho de invasión que sufrió Pindó, el Indert conformó un equipo técnico que fue a verificar la tierra invadida. El informe de los especialistas fue contundente al señalar que dentro del inmueble de la ganadera Pindó se tiene un área agrícola, ganadera y una reserva forestal protegida. Igualmente menciona la conclusión del informe que al existir una reserva forestal no se puede comprar la propiedad debido a que no hace que el inmueble sea acto para la reforma agraria ni un asentamiento humano. Cabe recordar que el informe es del 2012, pero debido a que en la actualidad dicha reserva habría sido deforestada por los ocupantes de Pindó.

Desde el 2012 hasta el mes de febrero de este este año, el Ministerio Público ha ordenado en cinco oportunidades a la Policía Nacional hacer cumplir la orden de desalojo contra los ocupantes ilegales de la estancia Pindó, ubicada en Curuguaty, pero hasta la fecha las autoridades policiales no han podido ejecutar la orden de la Fiscalía.

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