El agente fiscal Andrés Eduardo Arriola, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Filadelfia (Chaco), formuló imputación en contra de Isidro Ojeda por la presunta comisión del hecho punible contra la Ley de Delitos Ambientales 716/96 tras ser descubierto explotando la cantera de cerro Galván ubicado en el distrito de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay.
Ahora será el Juzgado Penal de Garantías de la zona el que tendrá que admitir la imputación en contra Ojeda para que luego se pueda fijar la audiencia de imposición de medidas cautelares. En la diligencia judicial se conocerá si el imputado va a pisar la cárcel de Tacumbú o, en su defecto, es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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El representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el imputado. Esto se definirá una vez que se lleve a cabo la audiencia de imposición de medidas.
El caso salió tras el allanamiento realizado por el fiscal Andrés Arriola, donde constató que se estaban extrayendo piedras de forma ilegal y se estaba realizando quemazón en la ladera del cerro. Fue el propio procesado quien refirió que no contaba con licencia para realizar tal actividad.
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Deuda por Da Costa es de 2 millones de dólares
En medio de la irregular participación en el torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, Cerro Porteño debe ponerse en campaña para saldar la deuda que todavía reclama el Bolívar de Bolivia por el jugador brasileño Francisco da Costa (29 años), quien también debe percibir su parte por la operación entre ambos clubes. Bolívar pide 1.500.000 dólares por la transferencia en cuotas, según se acordó a mitad de 2024, mientras el delantero tiene pendiente efectivizar 500.000 de la moneda americana.
Marcelo Claure, presidente del Bolívar, avisó durante el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores en Luque, que venía a Paraguay para el partido de su equipo y aprovechar para cobrarle a Cerro Porteño, que ganó el partido 4-2 en la Nueva Olla y no pagó nada.
Entretanto, Da Costa perdió la titularidad, ha soportado una lesión que lo dejó fuera más de un mes, además fue suspendido en el torneo local por una expulsión frente a General Caballero en Juan León Mallorquín. En cuanto al partido de este lunes 28 de abril frente al Deportivo Recoleta (20:15), recién hoy el entrenador argentino Diego Martínez confirmará el equipo. El plantel principal activa esta tarde en la Nueva Olla.
ASAMBLEA INCONCLUSA
La oposición a la actual directiva de Cerro Porteño, que comanda el presidente Juan José Zapag, exige la reanudación de la asamblea ordinaria, que no concluyó el pasado sábado 29 de marzo. Queda pendiente la aprobación del balance correspondiente al ejercicio 2024. Tampoco se realizó la proclamación de los nuevos miembros del Tribunal Electoral Independiente (TEI), por lo que no se descarta que el caso termine en la justicia ordinaria.
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Cerro vs. Sporting Cristal: Policía demora a 41 personas
En el marco del operativo Py´aguapy que fue desplegado durante el encuentro deportivo entre Cerro Porteño y Sporting Cristal por la Copa Libertadores en el estadio Defensores del Chaco, al menos 41 personas quedaron demoradas, entre ellas varios cuidacoches reportados por cobros indebidos.
De las 41 personas demoradas, 20 serían cuidacoches que se encontraban en distintos puntos adyacentes al estadio y fueron reportados por cobros indebidos a los asistentes del evento que buscaban estacionar. Por otro lado, 21 aficionados fueron demorados por encontrarse en estado etílico.
“Todos los detenidos fueron trasladados hasta esta dependencia y puestos a disposición del Ministerio Público para que sean sometidos al proceso correspondiente. Durante el procedimiento policial no se reportó ningún contratiempo ni resistencia”, dijo el comisario Alberto Morínigo de la Comisaría 4ta en conversación con canal Trece.
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En este caso, el trabajo en particular de la Policía consistió en control para el ingreso al estadio, organizando varios puestos de verificación que funcionaban como filtros, a la par de desplegar equipos de patrulleras que recorrían las calles adyacentes al estadio para evitar que se genere cualquier tipo de inconveniente en el trayecto que realizaban los hinchas.
El objetivo principal de este operativo es poder reducir el índice de inseguridad y violencia que se suele dar en las zonas aledañas a los encuentros deportivos y también a la entrada o salida de los aficionados de los diferentes estadios.
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Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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