El agente fiscal Edgar Rafael Delgado imputó a un joven de 29 años por robo agravado con resultado de muerte y lesión grave, además de solicitar su prisión preventiva. El sospechoso está sindicado como uno de los presuntos autores del asesinato de un guardia de seguridad de una estación de servicios, a quien posteriormente le habrían robado su escopeta.

De acuerdo con la investigación, el hecho se registró el 29 de julio de 2026, alrededor de las 01:30, en el predio de la estación de servicios Petropar, ubicada sobre la avenida Monday, a la altura del kilómetro 2, en el barrio San Sebastián.

En esa ocasión, el hoy imputado habría llegado al lugar acompañado de otro sujeto a bordo de una motocicleta. Seguidamente, este último descendió del biciclo con un arma en mano y forcejeó con la víctima. En esas circunstancias, el presunto tirador efectuó tres disparos contra el trabajador, quien falleció casi instantáneamente a consecuencia de un “shock hipovolémico por herida de arma de fuego”, según el diagnóstico médico.

Posteriormente, el supuesto homicida y su cómplice se dieron a la fuga, y se llevaron la escopeta perteneciente al encargado de seguridad. Todo el desplazamiento de los involucrados fue captado por las cámaras del circuito cerrado del local. A partir de las imágenes, agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional realizaron el seguimiento y determinaron que ambos tomaron un camino con dirección norte-sur.

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En un tramo de las filmaciones se observa que el acompañante, quien llevaba un casco de color blanco, continuó la marcha en forma solitaria, mientras que el conductor de la motocicleta descendió en un punto ciego. Bajo esas circunstancias, el presunto autor de los disparos escapó tras dejar al ahora imputado frente a su vivienda. De esta manera, los investigadores lograron identificar al hombre de 29 años y la Fiscalía emitió una orden de detención en su contra.

En prosecución de la causa, una comitiva encabezada por el fiscal Delgado, acompañado por el funcionario fiscal Carlos Céspedes y agentes de Investigaciones, detuvo al sospechoso durante un allanamiento realizado en el barrio Fray Luis de Bolaños de Presidente Franco. Asimismo, los intervinientes incautaron un teléfono celular iPhone X, que será sometido a peritaje.

El representante del Ministerio Público resolvió imputar al detenido por robo con resultado de muerte y lesión grave. El procesado se encuentra recluido de manera provisoria en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición del Juzgado de Garantías.

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La Policía Nacional reportó que lograron detener a dos personas que fueron captadas cometiendo los presuntos robos domiciliarios en la ciudad de Asunción, pero lastimosamente fueron liberados horas después por orden fiscal. Los vecinos denuncian que están cansados de estos sujetos y piden que sean encerrados.

Según el reporte policial, este fin de semana se logró capturar a dos sujetos sindicados como presuntos ladrones domiciliados por los vecinos del barrio Herrera, de la ciudad de Asunción. Los pobladores presentaron vídeos de cámaras de seguridad en donde se ve cómo estas dos personas ingresan a las viviendas y se apoderan de objetos.

Los mismos fueron identificados como Atilio René Saggia, de 47 años y Jorge Luis Ramos Mareco, de 45 años, que cuentan con antecedentes penales por hurto y exposición al peligro en el tránsito terrestre. Además, en el poder de uno se halló un arma blanca tipo machete.

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“Esta persona intentó entrar a una vivienda en varias oportunidades y fue denunciada por una mujer, quien lo describió. Con estas características mencionadas pudimos aprehender a estas personas, uno es Atilio René, quien ya ingresó a otros domicilios y el otro era campana”, detalló en comisario Livio Brizuela, en entrevista con canal Trece.

Afirmó que posterior a la detención, hasta la comisaría se acercó otra víctima porque reconoció a uno de ellos mediante fotos de grupos vecinales y lo acusó como el supuesto autor del robo de una notebook y un celular de su vivienda. Los pobladores piden que la Fiscalía tome acción en el caso.

“Justamente yo le reclamé al fiscal de turno, porque le liberó teniendo tantas pruebas contra esta persona y no supo responder a mi pregunta. Estas personas crean zozobra en el barrio”, puntualizó.

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El exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens Durksen, acusado por lesión de confianza, sigue recurriendo a chicanas para paralizar su proceso penal. En esta ocasión, recusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El escrito fue presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá que destrabar el caso. La defensa sostiene que Rolón habría vulnerado los principios de objetividad y legalidad al intervenir administrativamente en el trámite de la causa.

El cuestionamiento se centra principalmente en la Resolución F.G.E. N.º 2900, dictada el 11 de agosto de 2026, mediante la cual el fiscal general dispuso que los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle continuaran interviniendo en el proceso, contestaran una excepción de falta de acción y prescripción, y presentaran el requerimiento conclusivo.

Días atrás, el Ministerio Público presentó una acusación por lesión de confianza y daños a obras construidas o medios técnicos contra el exministro, en el marco del caso Metrobús, solicitando que el proceso penal se eleve a juicio oral y público.

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De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patrimonial atribuido a Wiens asciende a G. 14.955.317.035. Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 utilizados en trabajos vinculados al Acta de Entendimiento y G. 6.924.624.006 correspondientes a la construcción de seis estaciones que posteriormente fueron destruidas.

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti mencionan que Wiens recibió un proyecto con obras ejecutadas, financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos. La acusación señala que el perjuicio no consistió únicamente en que el sistema BTR (Bus Rapid Transit) no haya entrado en funcionamiento, sino en que las obras y bienes pagados con recursos públicos fueron inutilizados, dejando de cumplir la función para la cual fueron planificados y construidos.

La Fiscalía también sostiene que se utilizaron recursos del propio MOPC para destruir infraestructura estatal, incluyendo personal, maquinaria y unos 50.000 litros de combustible. Además, el Estado habría destinado G. 8.030 millones para inutilizar obras, cuya construcción ya había sido pagada. Para los fiscales, estas decisiones ocasionaron que un proyecto susceptible de continuidad o reconducción terminara convertido en infraestructura inutilizada, generando un perjuicio directo al patrimonio público. Con base en estos hechos, el Ministerio Público solicita que Wiens sea sometido a juicio oral y público.

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“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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