El suboficial Ramiro Rafael Rodas Benítez fue imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de feminicidio y violencia familiar. La agente fiscal Liliana Galeano, quien lleva adelante la investigación para esclarecer la muerte de Alicia Fernández Alviso (36), fue la encargada de formular imputación.
El hombre fue detenido en la ciudad de Pilar, ya que es el principal sospechoso por la muerte de su pareja. La mujer fue encontrada en el interior de su vivienda, ubicada en la localidad de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa. El uniformado presta servicio en la División de Investigaciones de la Policía Nacional de Itapúa.
La agente fiscal solicitó al Juzgado medidas de prisión preventiva para el imputado. Según manifestó la interviniente, el vehículo en el que se desplazaban la víctima y el presunto victimario fue incautado, además de todos los elementos de prueba, a los efectos de realizar las pericias correspondientes.
Conforme a los protocolos sanitarios, el cuerpo se mantendrá en congelamiento por 24 horas, para luego ser inspeccionado. La mujer fue hallada sin vida a primeras horas de este miércoles, tendida en el piso, con sangre en la boca y fue su hijo de apenas cinco años quien vio aviso sobre la situación, enviando un audio en el grupo de WhatsApp del colegio.
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Menores de 13 y 16 años huyeron juntos y el adolescente es imputado por abuso sexual
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una niña de 13 años que había sido reportada como desaparecida en Salto del Guairá, Canindeyú, fue encontrada en un asentamiento viviendo con otro menor de edad, un adolescente de 16 años, quien también tenía orden de búsqueda, según el reporte de la Policía de Alto Paraná. La intervención fue ayer en el asentamiento Santa Clara, del Km 11 de Presidente Franco.
El adolescente no se encontraba en el sitio, sino en una obra en construcción en el Shopping del Ciudad del Este, donde estaba trabajando. Fue aprehendido y hoy fue imputado por violación de la patria potestad, en la causa a cargo del fiscal de Salto del Guairá, Ramón Ferreira.
La desaparición de la niña fue denunciada el pasado 30 de junio, pero en el caso del adolescente de 16 años, permanecía desaparecido desde que fue imputado por abuso sexual de la misma niña, en una ocasión anterior de abandono de la casa de ambos menores, que son de Salto del Guairá.
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El antecedente indica que, ya existió una desaparición de ambos menores de edad y en esa oportunidad, la niña de 13 años fue localizada y reintegrada bajo cuidado de su madre, pero el adolescente con quien huyó de su casa, no fue encontrado.
La fiscal Sonia Benítez, de la capital de Canindeyú, es quien tiene la investigación de ese hecho y había imputado al adolescente por abuso sexual en niños, después de que en la Cámara Gesell la niña contara que mantuvo relación sexual con él. Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media por la agente fiscal de Salto del Guairá.
Al registrarse la segunda desaparición de la niña y al ser encontrada ayer en Pdte. Franco, los agentes de Búsqueda y Localización de la Policía, también pudieron localizar al adolescente, ya imputado después de la primera huida. Fue derivado al Centro Educativo de Menores de Ciudad del Este, teniendo en cuenta la edad del adolescente.
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Detenido por agredir a su pareja embarazada quedó libre
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes de la subcomisaría 54 del barrio Acaray aprehendieron a un hombre en flagrancia de agresión física a una mujer en plena vía pública. Se trata de Richard Daniel Vera Ledezma (40), concubino de la víctima. En el momento del hecho, la mujer, de 40 años, se encontraba con su hija pequeña de 6 años y está embarazada de cinco meses.
Ocurrió a las 20:00 aproximadamente del lunes 15 de julio, pero el hombre ya quedó nuevamente en libertad, según disposición del Juzgado de Paz del segundo turno de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
En la noche del hecho, el personal policial acudió al lugar ante el aviso realizado por los vecinos sobre la existencia de una mujer que estaba siendo maltratada físicamente, con golpes de puño en el rostro por parte de un hombre en la calle. Al llegar al lugar los uniformados a cargo del suboficial superior Juan Godoy, constataron el hecho, según reportaron.
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Los agentes incautaron del poder del supuesto autor un destornillador, con el cual habría intentado agredir a su pareja, y fue trasladado a la dependencia policial como aprehendido para ser llevado luego a la base de la Patrulla Caminera para la prueba de alcotest, cuyo resultado dio positivo, de acuerdo a lo indicado por la subcomisaría.
El caso fue comunicado a la fiscal Susan Vega, quien inició proceso y puso a disposición del juzgado, pero el hombre fue liberado, con algunas medidas de restricción, como la obligación de dejar la casa y no acercarse a la víctima. Para el 28 de julio fue fijada la audiencia de comparecencia del hombre.
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Preocupa creciente aumento de hechos de violencia contra la mujer
La ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, exteriorizó su preocupación por el aumento de casos de violencia contra la mujer en los últimos días y pidió no permanecer en silencio ante estos hechos.
“Estoy bastante preocupada por los hechos de violencia que estamos visualizando en estas últimas dos semanas, con bastante saña y crueldad. Y más por todo lo que venimos realizando el trabajo de prevención y concienciación”, dijo a la 1000 AM.
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La ministra consideró alarmante y preocupante los feminicidios reportados en las últimas semanas en diferentes localidades del país.
“Nosotros entendemos que la violencia es multidimensional porque eso no discrimina a clases sociales, religiones, partidos políticos, si estás en la zona rural o urbana, si tenés más nivel académico, si sos pobre, si sos rico”, expresó.
Así también afirmó que “la violencia es un fenómeno impredecible” porque muchas veces es un fenómeno reactivo. “Entonces, nosotros nos abocamos a adecuarnos en qué zona o hacia donde nos estamos dirigiendo. Por eso tenemos nuestras campañas de prevención, de concienciación y de capacitaciones que están enfocadas a ese tipo de población”, significó.
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Procesan a productores por retención ilegal de 2,4 millones de kilos de granos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).
Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.
No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.
En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.
Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.
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Inicio de juicio contra empresa
A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.
El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.
La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.
Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.
A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.
Compra de tierras
Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.
En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.
No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.
De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.
Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
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