La Fiscalía de Hernandarias procesó penalmente a 10 supuestos invasores que habrían ingresado a inmuebles rurales de una colonia. Se solicitó la prisión preventiva de los sospechosos, quienes de hecho se encuentran detenidos.
La fiscala Natalia Elizabeth Montanía imputó a 10 presuntos invasores de inmuebles rurales ubicados en la colonia Torybete, propiedad de la firma Desarrollo Madereros SA. La representante del Ministerio Público pidió la prisión preventiva de los sospechosos, quienes permanecen recluidos en una dependencia policial.
Los imputados están identificados como Benjamín Ramón Cuenca Morel (47), Gerónimo Fabián Gutiérrez Argüello (18), Marcial Acosta Garayo (35), Carmelo Montiel Ruiz Díaz (43), Wilson Daniel Cubas Peñalber (20), Wilson Acosta Garayo (34), Arcadio Flores López (67), Jefet Derlis Colmán Dávalos (33), Teófilo Fariña Ferreira (41) y Joel Galeano Colmán (28), quienes soportan proceso por invasión de inmueble y coacción.
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Antecedentes
Según la investigación, los indiciados habrían encabezado la invasión de manera violenta, clandestinamente y sin contar con la autorización del propietario de los inmuebles, que están individualizados como finca 13.047, según el padrón 16.449 de la Dirección General de los Registros Públicos. La denuncia sobre el atropello fue radicada el 3 de octubre del 2019 por el ciudadano Miguel Ángel Ríos Velázquez, en su carácter de jefe de operaciones de la empresa Desarrollo Madereros.
Tras numerosos actos investigativos, finalmente la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron una intervención en el lugar este 7 de octubre del 2020. Constataron la presencia de aproximadamente cien personas, entre hombres, mujeres y niños, quienes estaban armados con garrotes y machetes. Los ocupantes irregulares demostraron una actitud belicosa y conducta renuente a desocupar los inmuebles, pese a la existencia de una orden judicial de por medio.
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Tras ser informado sobre los alcances del procedimiento y ante la flagrante comisión de los hechos punibles, la fiscala interviniente ordenó el desarme y detención de los hoy imputados, quienes fueron informados de sus derechos procesales y constitucionales. Estos estaban acompañados de los abogados Ramón Acosta y Julio César Martínez.
A raíz de la gravedad de los hechos presumiblemente cometidos, la fiscala Natalia Montanía requirió al Juzgado Penal de Garantías que convierta en prisión la detención preventiva de los 10 sospechosos. Igualmente, estimó suficiente 4 meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.