Los fiscales Daisy Sánchez, de la Unidad Zonal de Itá, y Joel Cazal, de la Unidad Antisecuestro, encabezaron diversos rastrillajes ejecutados en el marco de la causa investigativa vinculada a la desaparición de Dahiana Espinoza (21), quien está con paradero desconocido desde el viernes 18 de setiembre.
Las pesquisas fueron llevadas a cabo en las inmediaciones de la vivienda de la joven, en un área de 10 km a la redonda y consistieron en la revisión pormenorizada de baldíos, pequeños montes y pozos de la zona. La comitiva fiscal estuvo acompañada de efectivos de la Policía Nacional, así como familiares y amigos de la víctima.
La joven vivía con su pareja Joel Guzmán Amarilla, quien hasta el momento es sospechoso por la desaparición. También se allanó la casa de la madre de este hombre y se incautaron varias pertenencias del sujeto y que están siendo analizadas. Familiares señalan que hay referencias de violencia familiar en la pareja.
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Los bomberos que ingresaron a buscar una vez más a la joven madre comentaron que el pozo fue rellenado, ya que la última vez que ingresaron tenía aproximadamente 40 metros. En esta oportunidad sacaron escombros y basura que fueron cargados en las últimas semanas.
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Aumentaron las denuncias de hechos punibles en comunidades indígenas
Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.
El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.
En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).
Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.
Drama sin fin
El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.
Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.
Trámite para denuncias
1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.
2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.
3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.
Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.
4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.
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Investigan ola de amenazas de tiroteos en los colegios
El Ministerio de Educación investiga si la ola de amenazas de tiroteos en los colegios están vinculados a un reto viral en redes sociales. “Nosotros hablamos con autoridades de colegios. Hablamos con la Fiscalía, la Policía y la Dirección de Protección a la Niñez del Ministerio se hizo presente”, manifestó el ministro de Educación, Luis Ramírez, ante diferentes medios de comunicación.
El titular del MEC añadió que realizó un trabajo de asesoría en las instituciones. “Y creemos que están cubiertos todos los detalles que se necesitan para asegurar y garantizar la tranquilidad de esas instituciones educativas. Es un proceso muy particular y se están tomando las medidas”, manifestó.
Los mensajes amenazantes aparecieron en instituciones de Asunción, Limpio, Areguá, Villa Elisa, Pedro Juan Caballero, donde fueron activados los protocolos de seguridad con suspensiones de clases y presencia policial.
CASO MÁS RECIENTE
El caso más reciente se dio el viernes en el colegio Agustín Barrios de Villa Elisa. Al igual que en los anteriores casos, la inscripción amenazante apareció en la pared del sanitario de la institución. Pero esta vez, alertaba que el supuesto tiroteo se daría el próximo lunes 20 de abril.
Una mujer se percató del mensaje y alertó a una profesora. Posteriormente, la docente informó a la dirección, luego se realizó la denuncia en la comisaría y se activó el protocolo. También se tomó la determinación de suspender las clases para el lunes que viene y convocar a una reunión general con los padres para el martes a fin de analizar las medidas a ser adoptadas.
Ante esta situación, las autoridades de Educación instan a las familias a hablar con los niños y adolescentes sobre el uso responsable de las redes sociales, los riesgos y el impacto real en este tipo de amenazas. Coinciden en que no siempre se da en época de exámenes, sino que algunos casos pueden estar vinculados a conductas virales.
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Fiscalía inicia investigación contra joven por violencia familiar y crueldad animal
Desde el Ministerio Público informaron este viernes que inició dos investigaciones paralelas contra un joven de 27 años por presunta violencia familiar y crueldad animal, y en ambos casos dictó órdenes de detención contra el presunto responsable.
Según indicaron, los hechos denunciados formalmente este jueves 16 de abril de 2026, exponen un ciclo de agresiones físicas y psicológicas contra su expareja, de 33 años.
Agregaron que, según antecedentes, el sindicado habría utilizado violencia extrema hacia un animal doméstico como mecanismo de coacción y control emocional para infligir mayor sufrimiento a la víctima.
La causa por violencia familiar es impulsada por el fiscal Edgar Delgado, titular de la Unidad Penal n.° 1 de Presidente Franco, y se centra en las agresiones sufridas por la mujer.
También expresaron que como parte de las diligencias, la víctima prestó declaración testifical, además de ser inspeccionada por un médico forense del Ministerio Público. Asimismo, recibió contención psicológica integral por parte de profesionales especializados del Centro de Atención a Víctimas, a fin de evaluar el impacto de los maltratos psicológicos.
Crueldad animal
El mismo joven de 27 años se encarga de la investigación por parte de la fiscal Viviana Sánchez en el caso por crueldad animal, a partir de la reciente viralización de un video del hecho, ocurrido en diciembre de 2025.
La Fiscalía refirió que el documento fiscal detalla que, tras una discusión y bajo los efectos de estupefacientes, el sospechoso habría ahorcado a un gato para luego arrojarlo violentamente al suelo.
“Esta acción, que habría provocado la muerte inmediata del felino, está tipificada como hecho punible con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión”, informaron.
Finalmente acotaron que ante la gravedad de los hechos y el peligro latente para la denunciante, ambos agentes fiscales emitieron órdenes de detención preventiva contra el joven.
La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal también intervino formalmente en el proceso, solicitando el cumplimiento estricto de la Ley 7513/25.
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Inbiotec apunta a elevar la innovación agrícola en Paraguay
Se está forjando un nuevo polo científico en Encarnación, con una inversión de USD 4,5 millones y proyección de impacto directo en la competitividad del agro.
El desarrollo del Parque Tecnológico INBIOTEC comienza a posicionarse como una de las apuestas más relevantes para el futuro del agro paraguayo, con foco en investigación, desarrollo y generación de tecnología propia.
Impulsado por el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), actualmente se encuentra en construcción en Encarnación, y contempla laboratorios de alto nivel, campos experimentales y espacios destinados a la innovación aplicada al sector productivo.
En ese marco, el representante encargado del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Paraguay, Rodrigo Astete, realizó un recorrido por las obras junto a técnicos del Inbio. Destacó que las instalaciones proyectadas apuntan a ser de primer nivel y podrían convertirse en un soporte estratégico para el desarrollo tecnológico del agro.
Con una inversión estimada en USD 4,5 millones, el parque emerge sobre unas 30 hectáreas y prevé albergar más de 4.000 m² de infraestructura científica, incluyendo laboratorios de biología molecular, fitopatología y análisis de semillas, además de áreas para ensayos y validación de nuevas variedades.
La iniciativa busca cubrir un vacío clave en el ecosistema productivo local, que es la generación de conocimiento y tecnología dentro del país. Esto, teniendo en cuenta que gran parte de la innovación agrícola aún proviene del exterior.
Además de la investigación, Inbiotec está concebido como un espacio de articulación entre ciencia y producción, con servicios tecnológicos para empresas, validación de desarrollos y formación de capital humano especializado.
La finalización del proyecto está prevista para mediados de este 2026, con el objetivo de consolidarse como un hub de referencia regional en biotecnología agrícola.
Más allá de la infraestructura, lo que se aspira es posicionar a Paraguay no solo como productor agrícola, sino como generador de innovación, y capaz de desarrollar soluciones adaptadas a sus propios desafíos productivos.