El Tribunal de Apelación, integrado por los magistrados Juan Carlos Bordón Barton, Elsa Escobar viuda de Keudell y Vicente Alberto Elizaur Brítez, deberá resolver si ratifica la prisión preventiva de Abraham Almada, Ismael Almada Fernández y Daniel Benítez, miembros de la Coordinadora de Mineros procesados penalmente por supuestos delitos ambientales tras ingresar a una propiedad en Paso Yobái, departamento de Guairá, liderado por el intendente Ronald Vázquez.
El propietario del inmueble es un ciudadano alemán de nombre Jochen Langer, quien hizo la denuncia correspondiente.
A raíz de ello, se formuló la imputación contra los citados y se pidió la prisión preventiva, que fue analizada por la jueza de Garantías, Jéssica Mosqueira, quien decretó la prisión de los integrantes de la Coordinadora de Mineros, porque el hecho es considerado crimen y nuestra normativa legal no permite conceder medidas sustitutivas a la prisión.
Te puede interesar: Tribunal de Apelación rechaza nueva chicana de Natalia Zuccolillo
El fiscal Erico Ávalos está al frente de la presente investigación y al contestar la apelación pidió a los camaristas que ratifiquen la prisión de los imputados. A raíz del grave hecho punible, fueron imputados los mencionados más arriba y el tribunal de alzada deberá confirmar la prisión de los procesados penalmente.
Conforme con los antecedentes, Langer había recurrido en agosto pasado a la embajada de su país ante la falta de respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades nacionales a la denuncia que realizó.
Podés leer: Barrio San Francisco: imputan a 17 personas por invasión de inmueble
Dejanos tu comentario
IPTA distribuyó 355.500 kilos de semillas de caña de azúcar por G. 124 millones
El fortalecimiento de la producción de caña de azúcar y el acompañamiento a la agricultura familiar forman parte de las acciones impulsadas por el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), que en lo que va del 2026 distribuyó 355.500 kilos de semillas termotratadas en distintos departamentos del país, con una inversión estimada de G. 124,4 millones.
La entrega se realizó a través del Campo Experimental Natalicio Talavera (CECA), ubicado en el departamento de Guairá, y alcanzó a productores de Guairá, Caazapá y Cordillera. En total, se concretaron 59 entregas destinadas tanto a agricultores individuales como a organizaciones e instituciones vinculadas al sector cañero.
El volumen distribuido equivale a 355,5 toneladas de semillas y permite cubrir aproximadamente 35,5 hectáreas de cultivo. Entre las organizaciones beneficiadas figuran la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, la Asociación de Productores Interdepartamentales Censados de Petropar, la Asociación de Cañicultores y Productores de Apereaty y la Asociación de Productores Agrícolas del Guairá (APAG).
Uno de los aspectos destacados de esta iniciativa es la calidad de los materiales entregados, cuyas variedades presentan un potencial de rendimiento estimado de entre 80 y 120 toneladas por hectárea. Estas características apuntan a mejorar los volúmenes de cosecha y contribuir a una mayor rentabilidad para los productores.
Asimismo, la totalidad de las semillas pasó por un proceso de tratamiento térmico, una medida orientada a garantizar la sanidad vegetal y favorecer el desarrollo de los cultivos.
Con esta distribución, el IPTA busca facilitar el acceso de los productores a materiales de propagación de calidad y acompañar el desarrollo de un rubro que tiene participación en la economía rural, especialmente a través de la agricultura familiar.
Leé más: Dinámica de transacciones comerciales volvió a la normalidad, reporta el MIC
Dejanos tu comentario
Caso Ueno Bank: juez ordenó la prisión preventiva para el director jurídico del BCP
El juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva por 15 días en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Aldo Javier Rodríguez González, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), por presunta lesión de confianza, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, y asociación criminal. La resolución del citado magistrado se dio luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Asimismo, el magistrado hizo lugar a la inhibición general de gravar y vender contra el director jurídico del BCP, a fin de que no pueda disponer de sus bienes mientras se tramita el proceso penal en su contra. Además, dictó el embargo de todo el dinero que posea en bancos, entidades financieras y cooperativas, así como de aquellos fondos que pudieran estar en poder de terceros.
Te puede interesar: Caso Ueno Bank: Fiscalía allanó empresa de seguridad vinculada al Grupo Vázquez
Según la Fiscalía, Rodríguez habría intervenido en la modificación de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos que fue remitido al Senado en octubre de 2026, en respuesta a un pedido de informes sobre operaciones vinculadas a Ueno Bank. El documento original contenía observaciones sobre una presunta financiación indirecta de USD 74,4 millones mediante la compra de cartera por parte de Vinanzas S. A., además de advertencias sobre la situación financiera de la entidad. Sin embargo, los investigadores sostienen que en la versión enviada al Congreso se eliminaron aspectos técnicos relevantes y se incorporaron afirmaciones que no figuraban en el informe inicial.
La imputación señala que Rodríguez habría coordinado las modificaciones con el entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding; el miembro del Directorio Marco Aurelio González Maldonado y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán.
Entre los elementos mencionados figuran correos electrónicos de los días 5 y 6 de octubre, reuniones internas y su participación en la presentación del documento ante el Senado el 9 de octubre. La Fiscalía considera que estas actuaciones habrían contribuido a ocultar información sobre la situación de Ueno Bank, que ingresó en un procedimiento de resolución el 2 de noviembre de 2026.
Podes leer: Caso Ueno Bank: juez inhibe y embarga bienes de director jurídico del BCP
Dejanos tu comentario
Condenan a 22 años de cárcel a un hombre por abuso sexual contra su sobrina
Un Tribunal de Sentencia condenó a un hombre a 22 años de pena privativa de libertad tras hallarlo culpable de la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños, en una causa en la que resultó víctima su propia sobrina, de tan solo 9 años de edad.
La acusación fue sostenida en juicio por la agente fiscal Norma Salinas, titular de la Unidad Penal n.° 1 de la ciudad de Eusebio Ayala. Durante el desarrollo del juicio oral y público, la representante del Ministerio Público logró acreditar plenamente la existencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado. Para ello, presentó un cúmulo de elementos probatorios, periciales y testimoniales que fueron producidos y valorados de manera integral por el Tribunal Colegiado de Sentencia de Cordillera.
Te puede interesar: Imputan a director jurídico del BCP y solicitan su prisión preventiva
Con base en la gravedad del delito, el vínculo familiar existente y el daño ocasionado a la menor, los magistrados resolvieron dictar la mencionada sanción penal en primera instancia.
No obstante, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal, la defensa técnica del sentenciado aún cuenta con el plazo legal para interponer un recurso de apelación especial contra el fallo. En caso de que se presente dicha impugnación, el expediente será elevado a un Tribunal de Apelación, instancia que tendrá a su cargo revisar las actuaciones y definir si confirma, modifica o revoca la condena dictada.
Podes leer: Disparan contra playa de vehículos, propiedad de concejala municipal de Pdte. Franco
Dejanos tu comentario
Amplían imputación contra Peña y más directores de BCP van a prisión
El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.
La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la ampliación de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del BCP, por el hecho punible de asociación criminal. También fueron imputados por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser consultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modifica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.
CONTINUIDAD DE OPERACIONES
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria. El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer viernes. La medida afecta a Marcos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes deberán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.
En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde permanecerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judicial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarrollan las diligencias vinculadas a la causa.
“Hechos determinan la calificación”
El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.
“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.
Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.
NUEVA ADMISIÓN DE JUEZ
El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.